Columnistas
Peligran los derechos adquiridos
Por: Guillermo Mejía Mejía
De los 380 artículos que tiene la Constitución Política de Colombia los dos más largos son el 361 que trata sobre el sistema general de regalías y el 48 que consagra el régimen de seguridad social. Este último lo integran 14 incisos y 8 parágrafos y aunque al principio habla de la seguridad social en general, el régimen pensional ocupa el resto de la norma.
En ese artículo 48 se hace mención, 4 veces, a los derechos adquiridos y da a entender claramente que estos no se pueden desconocer cuando han sido obtenidos legalmente. En el contexto de las discusiones que se llevaron a cabo en el Congreso en ese año de 2.005 (acto legislativo 01) sobre el tema pensional, quedaba claro que en adelante no podían existir regímenes especiales o exceptuados que no estuvieran dentro del Sistema General de Pensiones (SGP); que solo se podría liquidar su cuantía teniendo en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere cotizado; que ninguna sería inferior al mínimo; que a partir de la vigencia del acto legislativo solo se tendría derecho a recibir 13 mesadas pensionales; que a partir del 31 de julio de 2.010, no se causarían pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública y, en general, los regímenes especiales para la fuerza pública y el Presidente de la República expirarían el 31 de julio de 2.010.
No fue fácil la discusión del acto legislativo 01 de 2.005 y por eso los congresistas de la época le introdujeron al artículo 48, cuatro menciones al respeto por los derechos adquiridos. No obstante, lo anterior, en una kilométrica sentencia, C-258 de 2.013, fallada con mayoría de conjueces, algunos contratistas del gobierno de turno y un ponente condenado por corrupción, la Corte Constitucional, con el argumento de una inexequibilidad “sobreviniente”, rebajó las mesadas de excongresistas y exmagistrados que eran superiores a los 25 salarios mínimos y ese sigue siendo el tope máximo en Colombia.
Aunque algunos de los intervinientes en la audiencia pública citada por la Corte, dentro del proceso de la demanda, alegaron que las llamadas mega pensiones obtenidas antes del 31 de julio de 2010, constituían derechos adquiridos, la Corte definió en la sentencia mencionada que se trataba de adecuar las reconocidas de conformidad con el régimen especial del Fondo de Pensiones del Congreso y de las altas cortes a la nueva normativa constitucional en la cual se dice que las que tienen origen en recursos públicos no podrán superar los 25 salarios mínimos legales vigentes, a partir del 1° de julio de 2.013.
Esa decisión de la Corte Constitucional fue aceptada como necesaria e indispensable, desde el punto de vista económico, pero muy cuestionada y endeble frente al respeto por tales derechos.
Ahora la amenaza de una segunda vulneración de derechos adquiridos ya no es solo contra las llamadas megapensiones sino contra las que suman más de 7 millones mensuales, las que serán gravadas dentro de la reforma tributaria que ha sido o será presentada ante el Congreso, que son las de la clase media. El texto constitucional es muy claro: “Por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.
Un impuesto a las mesadas pensionales constituye una reducción de estas porque se genera de inmediato con la retención en la fuente. Valdría la pena que los constitucionalistas opinaran sobre este tema que, a no dudarlo, va a desquiciar uno de los pilares del Estado social de derecho que es la garantía de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, como lo predica el artículo 58 constitucional. En este mismo artículo se garantiza que cuando se trate de una expropiación por motivos de interés social, esta solo procederá por sentencia judicial y previa indemnización. Cuando se hace por vía administrativa esta tiene control contencioso administrativo y también debe indemnizarse previamente.
Recuérdese que el Estado, de acuerdo con el artículo 16 de la ley 6ª de 1946, estaba obligado al pago del 25% de la cotización de cada trabajador a la seguridad social y nunca lo hizo. Y, es más, los dineros que ingresaban por cotizaciones para pensiones al ISS llegaban directamente a la Tesorería General de la Nación, la cual expedía un título a favor de la entidad.
Cuando se expidió la ley 100 de 1.993, la Nación debió pagarle al ISS con activos que ya estaban de capa caída, como el Banco Central Hipotecario, operación en la que aquella entidad perdió cerca de 500 mil millones de pesos que hoy deberían estar en Colpensiones a valor constante. He ahí la gran injusticia: la Nación tratando de recuperar, vía impuestos, lo que se gastó de las cotizaciones y luego pagó mal o no pagó al ISS la plata que era de trabajadores y empleadores.
Desde el punto de vista presupuestal, no se entiende cómo el gobierno nacional tiene tanto afán de una reforma tributaria cuando “según un reporte del Ministerio de Hacienda, de los $ 315,9 billones que están definidos para gastarse en la vigencia del 2.020 quedan $ 69,5 billones que todavía no se han asignado. Con eso, el porcentaje de ejecución con respecto a lo disponible y lo comprometido es del 78% a noviembre de ese año” como lo dice la revista Portafolio. Esos recursos, ya lo sabe el Congreso, entrarán como una adición al Presupuesto General de la Nación de 2021.
Desde el punto de vista político también se conoció que en los últimos días también el presidente Duque planea renovar la flota de aviones de combate de la fuerza aérea con la compra de 24 aeronaves que reemplazarían los viejos K-fir de fabricación israelí por aviones de última generación, que seguramente nos defenderán de una agresión de Venezuela, dotada su fuerza aérea con aeronaves Su-30 mk2, de fabricación rusa, o de Nicaragua países con los que se tienen conflictos diplomáticos pero que todo el mundo sabe que esta guerra imposible sería desastrosa y necesariamente movería el poderío norteamericano. O sea que la compra de material de guerra se hará en parte con los nuevos recursos provenientes del impuesto a las pensiones, en una absurda carrera armamentista con nuestros vecinos venezolanos. Una pelea entre pobres.
Si Petro se alivia del Covid 19, el gobierno de derecha de Duque le entregará la Presidencia de la República en la bandeja de plata de esta reforma que va a tocar lo más sensible del colombiano que vota: el IVA a la canasta familiar, el impuesto a las mesadas y las exenciones a las grandes empresas que quedaran incólumes.
Salomon Kalmanovitz nos dice que “En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero pagara en 2020 solo el 1,9 % de sus utilidades de $121 billones; las petroleras, el 7 % de $92 billones, y las empresas mineras, el 6 % de $31 billones, cuando debieron pagar el 33 % que informa la ley, según el portal Laorejaroja. El costo para el fisco de estos tres sectores fue de $80 billones, más de cinco veces lo que el Gobierno intenta recaudar con su nueva reforma. No es casual que estos tres sectores sean grandes contribuyentes de las campañas políticas de los legisladores, que les devuelven con creces sus aportes. En 2021 la tarifa a las empresas se reduce al 31 % de la renta gravable”.
¡Se nos va a trepar Petro!
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Al presidente de la nación no solo los cafeteros le metieron (según sus palabras) los dedos en la boca, sino que otros le pueden haber estado metiendo más cosas en los meses que lleva sin que se hubiese dado cuenta.
Hoy día, después de la crisis sin nombre generada por Laura y Benedetti, (y que no sabemos donde terminará), no solo tiene que encontrarles reemplazo para asumir las funciones que les encomendó, sino que tiene que inventarse alguna fórmula para recuperar la credibilidad ciudadana, vuelta trizas después del mal manejo político, la pésima conducción administrativa y el desconcertante disfraz personal conque que afronta la marcha del estado.
Casi todo lo que ha ido pasando, es generado por sus equivocaciones o sus protuberantes ignorancias. Si no hubiese cometido el error de haberle otorgado funciones superministeriales a una jovencita falta de mundo a quien nunca nombró ministra. Si no hubiese confiado tanto en Armando Benedetti aún después del incidente nunca dilucidado de los petrovideos de la campaña.
Si hubiese investigado un poquito más en quienes integraban la terna para gerente de los cafeteros, y hubiese descubierto a tiempo que José Antonio Ocampo tenía los dados marcados para forzar la elección de Bahamón, el uribista procesado por la Contraloría de Bogotá, la inminente crisis entre la Federación y el Gobierno no estuviera hoy llenando el cielo campesino de nubarrones. De la misma manera si hubiese identificado que la ministra Irene es la sacerdotisa sectaria de la religión hildebránica, que nos quiere sacrificar cual catecúmenos en las catacumbas ambientalistas. Si supiera para qué lado juega Danilo Rueda, el Comisionado de Paz.
En fin, si supiera administrar el estado en todo el sentido de la palabra y no solo repetir su fracaso como alcalde de Bogotá, no estaría tan encartado como una gallina criando patos, o como dijo el politólogo Eduardo Llano “cerca de quedarse parado en una baldosa sin poder moverse”.
Por: Aldrin García Balvin
Como estratega político, me encuentro en desacuerdo con la premisa de que los candidatos que no apelan a la mentira y a la infamia están destinados a perder en las elecciones. Al contrario, considero que ha llegado el tiempo de los políticos decentes, aquellos que no necesitan destrozar al otro para ganar réditos electorales. Estamos presenciando un cambio positivo en la política, donde la integridad y la honestidad se valoran más que nunca.
Durante demasiado tiempo, hemos sido testigos de una competencia electoral caracterizada por ataques personales, difamaciones y manipulaciones de la verdad. Parecía que la estrategia para triunfar en las elecciones se basaba en destruir al oponente a cualquier costo. Sin embargo, esto ha llevado a una erosión de la confianza ciudadana en los políticos y en el sistema democrático en su conjunto.
Pero ahora, el panorama está cambiando. Los ciudadanos están cansados de la polarización y la falta de ética en la política. Están buscando líderes que sean capaces de ofrecer propuestas sólidas y soluciones reales a los problemas que enfrentamos como sociedad. Los políticos decentes, aquellos que basan su campaña en la integridad y la transparencia, están ganando terreno y generando confianza en los votantes.
Esto no significa que los políticos decentes sean débiles o ingenuos. Al contrario, son personas valientes que se atreven a desafiar el statu quo y a liderar con principios. Apelan a la razón, al diálogo constructivo y a la empatía hacia las necesidades de la ciudadanía. Su enfoque se centra en la construcción de consensos y en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos, en lugar de en la destrucción del adversario.
Los políticos decentes están demostrando que es posible ganar elecciones sin recurrir a la mentira y a la infamia. Su éxito radica en su autenticidad y en su capacidad para conectar con los ciudadanos de manera genuina. Los votantes valoran la honestidad y la coherencia, y están dispuestos a apoyar a aquellos líderes que encarnan estos valores.
Como estratega político, animo a los candidatos a abandonar las tácticas destructivas y a abrazar una forma de hacer política basada en la decencia y la integridad. Es hora de construir un nuevo paradigma político donde la ética y la responsabilidad sean los pilares fundamentales. Juntos, podemos cambiar el rumbo de la política y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
En conclusión, el triunfo electoral no está reservado para aquellos que apelan a la mentira y a la infamia. Ha llegado el tiempo de los políticos decentes, aquellos que no necesitan destrozar al otro para ganar réditos electorales. Es momento de liderar con integridad, construir puentes y trabajar en beneficio de la sociedad. Juntos, podemos crear un futuro político basado en valores y principios que inspire a las generaciones venideras.
Por: José Gregorio Hernández
No entro en el campo de las posibles responsabilidades penales en el reciente caso de las denuncias por uso del polígrafo, ni en las denuncias sobre interceptaciones ilegales a comunicaciones, que dieron lugar al retiro de un embajador y de una alta funcionaria de la Casa de Nariño. Serán los jueces quienes resuelvan al respecto, porque, hasta ahora, todo ha sido mediático y nadie tiene claridad sobre lo que en realidad ocurrió.
Pero vale la pena considerar dos asuntos, desde una perspectiva constitucional:
-Sobre el uso del polígrafo o detector de mentiras para establecer si alguien cometió o no un delito, reiteremos que, a diferencia de otros países -en que se considera válido el uso del polígrafo como prueba-, nuestro sistema jurídico no lo considera aceptable como método idóneo para probar algo, menos todavía si en ese instrumento se deposita una confianza tal que de los resultados se haga depender la certeza acerca de la culpabilidad o inocencia de una persona, o su responsabilidad penal.
Respetando el criterio de quienes lo estiman viable, considero que el legislador colombiano acierta al no incluirlo como prueba para desvirtuar la presunción de inocencia en el curso de un proceso penal, ni como demostración irrefutable de lo contrario.
Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el detector de mentiras no ofrece ninguna confiabilidad desde el punto de vista probatorio. Nada garantiza, y nada asegura. Si lo que registra -aunque lo haga con precisión- son apenas las reacciones nerviosas o sicofisiológicas al responder a ciertas preguntas, síntomas consistentes en palpitaciones cardiacas más rápidas, aceleración del pulso, mayor intensidad del sudor, presión sanguínea o difícil respiración, no es legítimo -porque no confiere certeza- inferir de esos síntomas la responsabilidad penal, ni deducir que están indisolublemente ligados a la mentira del interrogado, ni tampoco lo es concluir que la ausencia de tales reacciones signifique la veracidad de lo respondido o pruebe la inocencia.
En efecto, a pesar de haber aceptado voluntariamente el sometimiento al polígrafo, la persona puede ser nerviosa o insegura, sin ser necesariamente culpable, y reaccionar con uno o varios de los aludidos síntomas, por el solo hecho de sentirse examinada. Y, al contrario, sabemos que hay personas capaces de fingir y de dominar sus emociones y permanecer impasibles, mintiendo impávidas. Hemos visto en estrados a declarantes de gran capacidad histriónica.
De ninguna manera es posible certificar con certidumbre, fuera de toda duda razonable, que el interrogado suda, le palpita más fuerte el corazón o se le acelera el pulso solamente cuando dice mentiras, ni que está diciendo la verdad cuando no presenta ninguno de esos síntomas.
-Sobre las interceptaciones ilegales, le creemos al presidente de la República -quien fue víctima- cuando dice que su gobierno no las ha ordenado, ni las ordenará. Y que respeta el artículo 15 de la Constitución, sobre el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. Según la norma, “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.
Infortunadamente, desde hace varios años, se viene vulnerando esa garantía y ha habido impunidad.
