Columnistas
Patadas de ahogado
Por: Jesús Vallejo Mejía
Por bien sabido se tiene que quien nos desgobierna es un sujeto pugnaz, insolente, engreído y muy poco respetuoso de la institucionalidad, habida cuenta de sus antecedentes en la delincuencia juvenil.
Por ello no han de extrañar los desafiantes términos de su discurso en Sincelejo hace pocos días. Según él, sólo responde ante el pueblo que lo eligió por cuatro años y ante nadie más. (Vid. Actualización: las palabras de Gustavo Petro sobre el escándalo de su hijo | EL UNIVERSAL – Cartagena).
Parece ignorar o no importarle que el artículo 3 de la Constitución Política, al proclamar que la soberanía reside en el pueblo, precisa que éste la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la misma establece. Ello, para el caso concreto, significa que el presidente está sometido a la propia Constitución, a la ley y a las respectivas competencias que el ordenamiento jurídico prevé respecto del congreso, las autoridades judiciales y el Consejo Nacional Electoral.
Pues bien, las denuncias que acaban de formular ante la fiscalía su hijo y su nuera los ponen en calzas prietas tanto a él como a los partidos de la coalición del Pacto Histórico, sus dirigentes y quienes manejaron su campaña presidencial, entre otros.
No hay que olvidar que su hijo capitaneó la campaña en la costa atlántica, en donde su candidato y padre a la vez ganó sobradamente las elecciones. Esa relación de padre a hijo, que ahora tiende a desdibujarse, genera efectos devastadores desde el punto de vista probatorio.
Ya se ha dicho que el asunto toca ante todo con el artículo 109 de la Constitución Política, según el cual la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo.
Ya hay denuncias al respecto ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que afectan por igual al hoy presidente y su vicepresidente.
Por su parte, la Ley 1864 de 2017 adicionó el Código Penal para definir varias conductas delictivas atinentes al régimen electoral. Destaco los artículos 14 y 15, a saber:
“ARTICULO 14. Adiciónese el artículo 396A al Título XIV (Delitos contra mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, así:
Artículo 396A. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funcione$ públicas por el mismo tiempo. En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior.
En la misma pena incurrirá el candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral. En la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campaña electoral.”
“ARTICULO 15. Adiciónese el artículo 3968 al Título XIV (Delitos contra mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, así: Artículo 3968. Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.”
Es claro, entonces, que los delitos que pudieron haberse cometido en aras de la financiación de la campaña de los actuales presidente y vicepresidente no sólo los comprometen a éstos, sino al gerente de la campaña, Ricardo Roa, y a quienes pueda señalarse como coautores o copartícipes por haber manejado recursos en la costa atlántica así como a los respectivos aportantes.
El caso es, entonces, mayúsculo, pero no para ahí, pues con el mismo tiene que ver también el Consejo Nacional Electoral.
El artículo 26 de la Ley 1475 de 2011 reitera la sanción de pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos electorales.
Además, estatuye sobre la responsabilidad de los partidos, así:
“Artículo 8°. Responsabilidad de los partidos. Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley.”
El artículo 12 se refiere a las sanciones aplicables a los partidos y movimientos políticos por violación de las normas sobre financiación, que pueden llegar hasta la cancelación de la personería jurídica.
Por su parte, el artículo 11 regula las sanciones imponibles a los directivos de partidos y movimientos que incurran, entre otras infracciones, en financiación ilegal de los mismos o de sus campañas, así;
“Artículo 11. Régimen Disciplinario de los Directivos. Los directivos de los partidos y movimientos políticos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere la personería jurídica, por haber incurrido en cualquiera de las faltas a que se refiere el artículo anterior, estarán sujetos a las siguientes sanciones:
1. Amonestación escrita pública en el caso de incumplimiento de los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales v o legales que regulan la organización, funcionamiento y Ia financiación de sus respectivas organizaciones políticas.
2. Suspensión del cargo directivo hasta por tres (3) meses.
3. Destitución del cargo directivo.
4. Expulsión del partido o movimiento.
5. Aquellas otras que se establezcan en los estatutos.
Estas sanciones serán impuestas por los órganos de control de los partidos y movimientos políticos mediante el procedimiento previsto en sus estatutos, con respeto al debido proceso, el cual contemplará la impugnación en el efecto suspensivo, ante el Consejo Nacional Electoral, de la decisión que adopten dichos órganos, la cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal.”
Nicolás Petro y su cónyuge actual, pues su matrimonio sigue vigente, han prometido colaboración eficaz con la Fiscalía para que se investiguen desde el punto de vista penal los detalles de la financiación de la campaña que llevó a su padre a encabezar el gobierno colombiano. Esos detalles no sólo afectarían a quien nos desgobierna, sino a muchísimas personas más.
Esto es mucho más grave que el 8.000 que enlodó a Samper. Por eso, en la jerga popular ya se habla del 15.000, relativo a los 15.000.000.000 que aflojó Benedetti por obra de su rabia y algo más.
Si las instituciones obran, el insolente que gruñó en Sincelejo tiene a no dudarlo los días contados.
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Sevilla fue, por muchas décadas, la pretendida capital cafetera de Colombia. Por sus calles transcurrió la infancia de dos grandes amigos de mi ya lejano pasado: Héctor Abad Gómez y Lino Gil Jaramillo. Por muchas razones, que los sociólogos e historiadores deben explicar, Sevilla, fundada por Don Heracle Uribi Uribe, hermano del General, tuvo un temple liberal que le permitió no solo abrirle campo a los sindicatos comunistas de la década del 30 del siglo pasado, sino también forjar un bastión del liberalismo tan fuerte que pudo soportar el atropello de los pájaros del cóndor.
Quizás por ello ha sostenido desde sus comienzos un foco ecológico: el humedal Siracusa, en todo el corazón del poblado que hoy enmarcan a la diagonal 54 y las carreras 40 y 42. A su lado, con la sed de vivienda que deben saciar todos los municipios en crecimiento, dejaron construir sendas urbanizaciones ProVivienda y Siracusa, pero les exigieron canalización por alcantarillado de aguas lluvias y residuales, y la escorrentía la desviaron para que no afectara el nacimiento del humedal.
Por estos días, ese espíritu libérrimo está siendo atropellado. La alcaldía de Sevilla, por resolución 091 del 7 de marzo de este año, dio licencia de urbanismo a la empresa Golden Sas para levantar la Urbanización Villa del Japón. Desde ese momento, la vida del humedal peligra. Está solo pendiente de la autorización que la Corporación Ambiental CVC le ratifique a los señores de Golden. Y si la acepta, guillotina a Sevilla, porque toda la escurría de ese barrio caería directamente al nacimiento del manantial que nutre el humedal Siracusa.
El temor es muy grande porque la CVC goza de una mala fama desde cuando autorizó que se volvieran a quemar cañaduzales de los ingenios azucareros y pretendió darle permiso a las mineras para explotar en inmediaciones del páramo del Duente.
Por: Carlos Ríos Puerta
La fuerza de nuestra idiosincrasia como antioqueños y medellinenses nos ha llevado a tener un sentido de pertenencia que muchos tildan de regionalismo, no obstante, corresponde a la visión de que nuestro territorio es parte de nuestro ADN, prueba de ello es la llamada cultura Metro.
En este sentido, los funcionarios y servidores públicos, nos debemos con más ahínco a la ciudadanía para trabajar por las verdaderas necesidades que tenemos en el territorio, y seguir proyectándonos como una ciudad-región de oportunidades, visionaria y promotora de profundos cambios sociales.
En mi rol como concejal de Medellín, honor al que me he dedicado en el último año y medio, he contribuido a esa visión conjunta que tenemos como sociedad, haciéndole control político a la Alcaldía, por medio de debates en temas de Salud, Seguridad, Gobernanza, Gobernabilidad y el último que realizamos fue al programa Parceros, que busca prevenir la vinculación de niños, jóvenes y adolescentes a las estructuras criminales, pero que lamentablemente la actual administración desnaturalizó.
También marcamos un hito en el control político de la ciudad, declarando insubsistente al secretario privado de la Alcaldía, Juan David Duque, quien se negó a darle la cara al Concejo de Medellín y a la ciudadanía por los gastos injustificados de los fondos fijos reembolsables.
Dimos nuestro voto positivo al reconocimiento de Defensores de Derechos Humanos, la política Distrital de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, y finalmente participamos en las comisiones accidentales de seguridad del barrio Conquistadores y Poblado.
Asimismo, desde nuestra curul, defendimos a nuestras Fuerzas Armadas, la institucionalidad, el día sin IVA; manifestamos la inconveniencia con el alza desmedida de la gasolina, la aprobación del cannabis como uso recreativo y rechazamos los malos manejos a los que se vio expuesta Buen Comienzo en estos últimos 4 años.
De igual forma, acompañé los procesos electorales a la gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, en las que salieron electos Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez. De esta forma iniciamos la recuperación de nuestra ciudad y nuestro departamento, marcando un liderazgo desde las regiones para ser artífices de los cambios sociales que necesita el país.
Finalmente quiero agradecerle a toda la ciudadanía que ha acompañado los momentos trascendentales del Concejo con sus voces de aliento y cariño por llevar en el corazón ese sentido de pertenencia tan nuestro, por permitirme cumplir el sueño de trabajar por mi ciudad, y en este mismo sentido, quiero decirles a todos los medellinenses y antioqueños, que, desde cualquier escenario futuro, seguiremos trabajando para cuidar lo que es de todos.
No quisiera terminar esta columna sin augurarles gran éxito a los próximos gobiernos de Antioquia y Medellín, así como a la Asamblea Departamental y al Concejo de la ciudad. Durante estos próximos cuatro años, la unión será fundamental para estar conectados con las comunidades y liderar las transformaciones que demanda la ciudadanía.
Carlos Ríos Puerta
Concejal de Medellín, Exviceministro de Defensa
@CarlosARiosP
Por: Jesús Vallejo Mejía
El que nos desgobierna se la pasa tildando a sus antecesores de asesinos. Repite a troche y moche que bombardeaban niños, fusilaban a jóvenes inocentes, les disparaban a los ojos a los manifestantes de la Primera Línea y no contentos con ello esquilmaban el erario.
Se abstiene de recordar que hizo parte de una de las organizaciones criminales más crueles y sanguinarias de nuestra historia, el tristemente célebre M-19.
Lo que se cuenta de sus andanzas por ahí es tenebroso, aunque sus turiferarios insisten en que se trata de “fake news”, pues sus tareas no estaban en los frentes de batalla, sino en la labor proselitista. Olvidan sus actuaciones en Zipaquirá, Santander, Tolima y Cauca, y que pese a su juventud rápidamente escaló en la jerarquía hasta llegar a ser uno de sus dirigentes nacionales.
Dado que fue un conspicuo delincuente juvenil y sus años de formación transcurrieron en la ilegalidad, es probable que se sienta solidario hoy con los delincuentes de todos los plumajes y por ello les ofrece una “paz total” de contornos difusos, tal vez irrealizable y socavadora de la autoridad soberana del Estado.
A ello conduce, a no dudarlo, su desdén por la fuerza pública, que últimamente ha sufrido más bajas por la acción gubernamental que por sus enfrentamientos con la delincuencia. Como lo ha afirmado Juan Lozano Ramírez, parece que aquélla es la única que se ha desmovilizado, pues los grupos criminales más bien se han venido fortaleciendo aceleradamente en todo el territorio nacional.
Todos ellos crecen hoy como verdolaga en playa. Su influencia es tan notoria que no resulta osado sostener que ya lo que reina es la anarquía, el peor de los males que puede afectar a una sociedad.
Hace poco afirmó el gobernador electo de Antioquia que a su juicio la paz resulta del imperio de la ley en todos los rincones de la patria. Pero lo que se obstina en predicar el gobierno central es lo contrario, vale decir, el desmoronamiento de la legalidad que debe sostenerse gracias al monopolio de la fuerza por parte del Estado.
Este es un principio capital de la filosofía política y el derecho público. Pero el inquilino de la Casa de Nariño se obstina en desconocerlo porque el ejercicio coactivo de la autoridad podría generar efectos colaterales como los que tan acerbamente les ha censurado a quienes lo han precedido en el cargo.
Recuerdo un libro humorístico que leí hace muchos años: “Memorias del Padre Eterno”, de Pierre Henri Cami (vid. Memorias del padre eterno – Cami – Google Libros). En su relato sobre la rebelión de Luzbel y los ángeles que lo secundaron, para no desdecir de su carácter amoroso, el Padre Eterno los confronta con una legión de ángeles besadores comandada por san Miguel Arcángel. A los fuegos de los futuros habitantes del infierno ellos respondían con besos, tal vez los que describe un tangazo que cantaba Gardel: “Besos que matan”.
Sólo le falta al delirio del que nos desgobierna que organice batallones de soldados besadores que convenzan a los amos del delito para que se ajusten buenamente al orden legal y cesen en sus depredaciones. Los 100.000 jóvenes a quienes se les pagará para que no delincan podrían iniciarse en tan benigno programa.
