El Partido Conservador ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro, solicitándole que se abstenga de interferir en las decisiones de la colectividad con respecto a la investigación y sanción de sus miembros por incumplir acuerdos de bancada o estatutos. Julián Quintana Torres, presidente del Consejo de Ética del partido, fue quien realizó esta petición después de que Petro cuestionara la suspensión del representante conservador Jorge Alexánder Quevedo, privándole de voz y voto, por su participación en las discusiones sobre reformas laborales y de salud, a pesar de que su partido había decidido distanciarse de dichos proyectos.
En respuesta, el presidente Petro expresó en una publicación matutina del 17 de junio: «No se puede sancionar y privar de derechos políticos a alguien por cumplir con la ley. Recuerden que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos políticos solo pueden perderse mediante sentencia de un juez penal».
El Partido Conservador insta a Petro a «abstenerse de seguir interfiriendo y violando la independencia y autonomía de la colectividad. La democracia implica garantizar el cumplimiento absoluto de la Constitución Política y los derechos reconocidos en ella», señaló.
Según la Comisión de Ética, las declaraciones del presidente Petro «vulneran y ponen en grave riesgo las competencias y funciones de la Veeduría del Partido Conservador Colombiano, que tiene la facultad de investigar a sus congresistas y militantes, así como tomar las decisiones correspondientes en virtud de presuntas faltas de sus miembros».
Finalmente, aclararon que en el caso específico del representante Alexander Quevedo, «podemos asegurar con seguridad y tranquilidad que todas las decisiones tomadas dentro de nuestra colectividad están respaldadas por la Constitución y la ley, y se adhieren estrictamente a los tratados internacionales de Derechos Humanos y Políticos».
El presidente Petro no se quedó callado y respondió a la colectividad: «No estoy atentando contra nadie, pero juré cumplir con la Constitución y la ley, que no permiten sancionar a los congresistas por cumplir con la ley, y mucho menos privarlos de sus derechos políticos, lo cual solo corresponde a los jueces penales. Se trata de una sentencia de la CIDH».
