Antioquia
Ocho municipios de Antioquia parecen campos de guerra por protestas del paro minero
Con árboles y llantas, manifestantes impiden el paso de los vehículos. Autoridades piden no afectar el tránsito de ambulancias y servicios de emergencias.
Sin servicio de transporte urbano e intermunicipal, al igual que sin clases ni comercio, permanecen los habitantes de los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño. Lo mismo ocurre en las poblaciones de Segovia y Remedios, en el nordeste.
El confinamiento de las poblaciones inició el pasado viernes 3 de marzo cuando se reactivó el paro de cientos de mineros informales y ancestrales para exigirle al Gobierno Nacional que cese los operativos de destrucción de maquinaria amarilla.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, desestimó dicha petición de los mineros y aseguró que estas protestas iniciaron como represalia por la destrucción de varias máquinas traídas de Brasil para deforestar las selvas del Bajo Cauca.
La magnitud de las protestas es tal que el fin de semana el Esmad de la Policía evitó que los manifestantes incendiaran el edificio de la Alcaldía de Caucasia, pese a que decenas de trabajadores se escondían en las oficinas.
Con árboles y llantas incendiadas, los manifestantes impiden el paso de los vehículos, en muchos casos incluyendo los de emergencias y servicios de salud.
Siguen las negociaciones entre los mineros y el Gobierno
En la tarde de este lunes finalizó sin éxito una nueva ronda de diálogos entre los mineros informales y ancestrales y los representantes del Gobierno Nacional. El encuentro fue mediado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que sirve como interlocutor para analizar el pliego de peticiones presentado por los manifestantes.
Mientras tanto, la Troncal a la Costa Caribe permanece con cierre total debido a los bloqueos de los mineros, situación que acarrea millonarias pérdidas para los transportadores.
Fuente: Pulzo.
Han pasado apenas unos días de la escalofriante muerte de una mujer de 40 años en Medellín a manos de su antigua pareja sentimental que le lanzó un letal químico que le produjo la muerte después de combatir y mantenerse aferrada a la vida en una clínica de la zona metropolitana del Valle de Aburrá.
Maryori Muñoz, la administradora de una clínica de estética en un centro comercial de Sabaneta en Antioquia, fue la víctima de Luis Carlos Aguirre Echeverry de 68 años, quien la acosaba permanentemente desde que ella había decidido terminar su relación sentimental, un lapso en el que hubo malos tratos por parte de él.
Aguirre Echeverry murió luego de lanzar la sustancia tóxica contra Maryori Muñoz, pero contrario a lo que muchos creen y han informado, la familia de la mujer de 40 años y madre de una adolescente y un niño, cree que el agresor no se suicidó, sino que de manera accidental terminó con la sustancia letal en su cuerpo.
El hermano de Maryori Muñoz, Frank Muñoz, dijo en entrevista a Noticias Caracol que por lo que encontraron en el apartamento de Luis Carlos Aguirre, este tuvo tiempo de planear y asesorarse bien sobre la manera en la que acabaría con la vida de su expareja.
Demandarán al Estado
Muñoz dice que su hermana sí se presentó a denunciar a Aguirre en varias oportunidades y que también lo hizo para recibir la notificación de protección que le había sido asignada, contrario a lo que dice el Gobierno del municipio de Sabaneta y un fiscal que aseguró que la mujer no se hizo presente.
De acuerdo con las declaraciones de la familia de Maryori, ella ya contaba con protección ante el acoso y agresiones de Aguirre, por lo que la protección asignada no apareció por ningún lado, y por tal razón demandarán al Estado, garante de su seguridad por orden de la justicia.
El rastreo a las cámaras de seguridad y testigos de la escena en la que Aguirre atacó con sustancia letal a Maryori determinaron que el hombre ingresó inmediatamente después del ataque a un baño, luego descendió por el ascensor y murió en uno de los pisos de la edificación comercial.
Fue precisamente la entrada al baño el hecho que parece demostrar que Aguirre nunca quiso suicidarse, sino que posiblemente el viento empujo parte de la sustancia tóxica hacia él y por eso fue desesperado a un baño buscando liberarse del polvo mortal con agua salida de un grifo.
Fuente: Colombia.com
Fidel León Cadavid Marín, obispo de Sonsón-Rionegro, deberá cumplir con la medida por negarse a cumplir una orden judicial que tenía en su contra.
Fidel León Cadavid Marín, obispo de la Arquidiócesis Sonsón-Rionegro (Antioquia), deberá cumplir un arresto domiciliario por negarse a cumplir una orden judicial. Este viernes el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro publicó la decisión en contra del religioso quien, además, deberá pagar una multa económica.
“Imponer sanción de arresto domiciliario por dos días y una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes en disfavor del señor Fidel León Cadavid Marín, representante legal de la diócesis de Sonsón Rionegro”, señaló el tribunal en su orden de desacato.
La sanción en contra del religioso tiene que ver con su posible responsabilidad al no entregar información a un periodista que había logrado acceder a ella por medio de la justicia.
El pasado 11 de marzo de 2022 la justicia falló en favor del periodista Juan Pablo Barrientos –investigador de casos de pederastia al interior de la iglesia Católica– para que accediera a información que debía ser entregada y gestionada por el obispo Cadavid.
De acuerdo con el fallo de tutela, el obispo tenía un plazo de dos meses para entregar las respuestas al derecho de petición que había radicado el periodista. La solución al cuestionario nunca llegó.
“Ante el presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Judicatura, el accionante envió correo electrónico el día 09 de agosto de 2022, mediante el cual solicitó la apertura del incidente de desacato en contra de los responsables de cumplir las mencionadas decisiones”, recordó el tribunal.
La Diócesis se negó a responder el derecho y apeló en primera instancia. Luego, entregó un informe y alegó que no podía suministrar más información porque no estaba en su poder.
Ahora el obispo y la Diócesis deberán responder, por orden del tribunal, al periodista en los tiempo que se le ordene.
Fuente: Pulzo
