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Nuestra libertad de prensa

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Por: Guillermo Mejía Mejía 

Comencemos este año 2.023 con un tema que, dentro de otros que son catastróficos como las guerras y las tensiones internacionales, este es para reconocer que, en Colombia, salvo contadas excepciones, ya superadas, existe una buena libertad de prensa. Esas contadas excepciones se produjeron el 6 de septiembre de 1.952, hace 71 años, cuando un grupo de policías y civiles manifestantes les prendieron fuego a los periódicos liberales El Tiempo y el Espectador y, de ñapa, el mismo día, incendiaron las casas del expresidente Alfonso López Pumarejo y del dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo. 

Dos años después, el 3 de agosto de 1.955, el presidente Rojas Pinilla ordenó, mediante decreto, el cierre de El Tiempo y días después de El Espectador, diario que fue reemplazado por El Independiente, el cual, a su vez, sufrió los rigores de la censura. 

Nuestra Constitución política consagra la libertad de prensa en su artículo 20 pero con dos condiciones: que sea responsable socialmente y que se pueda rectificar en condiciones de equidad. O sea que la publicación que se corrige se haga en las mismas condiciones que dieron origen a la que se enmienda o, en otras palabras, con el mismo despliegue de la que se endereza. 

Un ejemplo de libertad de prensa en nuestro país, son las columnas de la periodista Salud Hernández-Mora, digna representante de la extrema derecha española, heredera del carlismo que desató las guerras civiles de España en el siglo XIX con el propósito de regresar al absolutismo de Fernando VII; de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, (1.923-1.930), propiciada por el tontísimo rey borbón Alfonso XIII y, como si fuera poco, por 39 años de dictadura de Franco. La democracia y, por ende, la libertad de prensa solo existe en España hace 45 años con la promulgación de la constitución de 1.978, que regresó a la monarquía borbónica, pero bajo el régimen de un Estado social y democrático de derecho, de régimen parlamentario en donde el rey manda pero no gobierna y solo se dedica, este último, a asistir a la posesión de los presidentes de sus excolonias de América y a dar de qué hablar a las revistas de la farándula, tipo “Diez Minutos” que se regodean con los escándalos de la familia real (qué tal el rey emérito!). Esa extrema derecha española es la que añora la periodista de marras que nos trata como si fuéramos todavía el virreinato de la Nueva Granada y que no tiene ningún cuestionamiento ético en prologar el libro del paramilitar Carlos Castaño, “Mi Confesión”, en el que ella afirma textualmente 

“Contribuye, también, a comprender que las AUC no son los hijos díscolos del gobierno de turno y de los militares, sino que funcionan de manera autónoma, que el monstruo se les salió de las manos. Que con ese “grupo político-militar de resistencia civil armada antiguerrillera”, único en el mundo y reforzado cada día por la degradación social antes mencionada, sólo se saldrá por la vía de la negociación, se quiera o no…” 

Valdría la pena preguntarle a tan acuciosa periodista si el tono y la mordacidad con la que escribe en este país, tan degradado como ella lo presenta, las hubiera permitido su amado Francisco Franco, “caudillo de España por la gracia de Dios”, durante su dictadura. 

Un paraco como Carlos Castaño no hubiera llamado a ningún periodista de pensamiento liberal a prologarle un libro cuyo propósito era la apología del paramilitarismo. Llamó a quien él sabía que lo acolitaría en esa versión macabra de la justificación de sus crímenes. Ese es el tema que ella domina y que lo campea en dicho prólogo. 

Y habla también muy bien de la libertad de prensa este periódico virtual de JUAN PAZ que nos permite a opinadores liberales social demócratas y a representantes de la derecha, expresar nuestras ideas con absoluta libertad. Buena esa por Jairo León García, su director, periodista de verdad. 

Para todos, un feliz año 2.023.

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DISTANTE Y DISTINTA

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Por: Diego Calle Pérez.

Lejos está Bogotá de tener el metro, la polémica sigue por cuestiones de egos y de negocios ilícitos. Así jamás se podrá llegar a un acuerdo entre la nación y la alcaldía mayor, de la única metrópoli de Colombia. El caso de Medellín, ese metro, transformó, el metro urbano, en costos y en beneficios para unos pocos, que tuvieron a bien vender en su momento, los terrenos por dónde se planificaron las estaciones, dañando el centro de la ciudad. La deuda sigue aumentando y no se extiende para el norte con más estaciones.

Distante y distinta es la vida en el Amazonas. Los habitantes navegan al Putumayo para viajar a la capital más cercana. El sur de Colombia es distante a la capital metrópoli. Los que planifican desde Bogotá no saben de las penurias del Catatumbo. No saben nada del departamento del Chocó.  Los que asisten a la ministra de Agricultura tienen el concepto que Colanta es la promotora del desarrollo agrícola de Antioquia. Desde el Ministerio de Educación pareciera que manejan el desarrollo curricular con una información remota, diversa, diferente a la que tienen en la capital.

Distante y distinta es la vida de los municipios a la orilla del río Magdalena y del río Cauca, esté ahora, protagonista de hidroituango y más abajo los terrenos de la mojana de Córdoba y Sucre. Hay departamentos que no suenan, ni truenan, ni en el invierno inclemente. Las propuestas de ordenamiento territorial, se quedan pendientes cada que se toca el tema. La Colombia de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas quedó en el olvido del tiempo y el espacio geográfico recorrido.

Todos son conocedores de la diversidad nacional. El porcentaje indígena es mínimo comparado con otros países latinoamericanos. Lejos está que Colombia tenga un censo poblacional real. Los departamentos fronterizos están recibiendo movilidad de los países cercanos. Diferentes trópicos, diferentes climas, diferentes acentos y gastronomía, diferentes economías, diferentes necesidades sentidas en subregiones o también llamadas provincias son fundamentales atender para llegar a una equidad social.

El panorama nacional está lejos de cruzar ese umbral, que todos buscan y comparan, desde lo que más les convenga, a los que están en el capitolio nacional. Esa Colombia distante y distinta se escucha todos los días, en la radio y en los canales de televisión, al ver los noticieros.   

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TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

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Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

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