Columnistas
Muchas dudas sobre la transparencia en las próximas elecciones

Por: Guillermo Mejía Mejía
Se encuentra a estudio de la Corte Constitucional el proyecto de ley que aprobó el Congreso sobre el nuevo Código Electoral, examen que tiene por objeto verificar su constitucionalidad pues regula una materia que exige este procedimiento previo, pues su naturaleza es de carácter estatutario.
En el numeral 3 del artículo 21, que trata sobre las competencias del Registrador Nacional del Estado Civil, se consagra la facultad de este funcionario para nombrar los cargos directivos del nivel central, los registradores distritales de Bogotá, departamentales, delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral y registradores especiales, municipales y auxiliares del Estado Civil, o sea todos de libre nombramiento y remoción de este funcionario, sin concurso.
En el lenguaje taurino el quite es la maniobra que hace un torero con el capote para librarse de la acometida del toro. El Registrador Nacional le está haciendo el quite a la carrera administrativa, en abierta violación del artículo 266 de la Constitución Política que así lo exige.
Una resolución de hace 20 años, firmada por el Registrador de ese entonces, Iván Duque Escobar, (605/00), fija el número de cargos a nivel directivo, en la sola Registraduría Nacional, sede Bogotá, en 326, entre secretario general, registradores delegados, gerentes, jefes de oficina, registradores especiales, asesores, profesionales especializados y registradores auxiliares. A los anteriores cargos se les debe agregar los 64 delegados departamentales, que ahora serán 96, tres por departamento, y 1.103 registradores municipales. Los delegados departamentales y los registradores municipales pertenecen al nivel directivo. La RNEC es la única organización nacional del Estado que tiene oficinas en todo el país.
Esa frondosa burocracia, que con datos de hace 20 años es de 1.493 directivos, que desde luego debe haber aumentado, es la que el Registrador Nacional quiere nombrar libremente con el nuevo estatuto electoral que estudia la Corte Constitucional.
En esa época la nómina total de la entidad era de 2.633 empleados, sin contar los contratistas, que seguramente se habrá incrementado exponencialmente.
De aprobarse el texto de ley que contiene el nuevo Código Electoral, sin que la Corte Constitucional declare inexequible el numeral 3 del artículo 21 y ordene la apertura del concurso para proveer los cargos de funcionarios que tienen la responsabilidad de los certámenes electorales en todo el país, los próximos, tanto de Senado y Cámara como de Presidente de la República, se harán con funcionarios recomendados por los miembros del Congreso que aprobaron el texto unificado y con los cuales se comprometió el Registrador Nacional para nombrarlos dentro de semejante espectro burocrático, en abierta contradicción con los principios de imparcialidad y de integridad electoral consagrados en los numerales 21 y 24 del artículo 4 del mismo:
“21. Imparcialidad. Las autoridades públicas, los particulares que ejercen funciones electorales y los servidores de la Organización Electoral procederán en sus actuaciones sin inclinaciones a favor o en contra de los candidatos u opciones políticas que participen en los procesos electorales.”
“24. Principio de integridad electoral. Implica entender el proceso electoral en forma articulada (fase pre-electoral, electoral y poselectoral) para asegurar la expresión genuina de la voluntad popular en las urnas, de tal manera que las autoridades que concurren a garantizar la auténtica expresión de la voluntad popular realicen el máximo de coordinación institucional posible. También implica que en todas las fases del proceso electoral se observen los derechos fundamentales a elegir y ser elegido y participación ciudadana.”
Es innegable que unas votaciones dirigidas por personas recomendadas por los congresistas que se comprometieron con el Registrador Nacional del Estado Civil para aprobar la nueva ley electoral, que ahora estudia la H. Corte, en su mayoría aspirantes a reelección, no sería confiable para la ciudadanía que aspira a que las elecciones sean limpias y se apliquen los principios de verdad y transparencia que consagran los numeral 10 y 13 del mismo artículo 4 citado.
Es copiosa la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema y solo cito, a título de ejemplo, las sentencias C-1262/2005; C-242/2009; C-431/2010 y la 645/2016, las cuales enfatizan en que la regla general para la designación de funcionarios públicos en el Estado, cualquiera sea su manifestación, es la CARRERA ADMINISTRATIVA y la excepción el libre nombramiento y remoción, que es lo contrario a lo que sucedería si se declara exequible el numeral 3 del artículo 21 del texto del nuevo Código Electoral.
Es muy probable que la Corte Constitucional termine el estudio antes de finalizar este año y la escogencia de los congresistas se haga bajo la nueva normatividad.
Ojalá este organismo caiga en la cuenta del garlito que se esconde en el proyecto y se evite el festín burocrático de registradores, de todos los niveles, recomendados por aquellos que lo votaron positivamente.
César Augusto Betancourt Restrepo
15 MIL RAZONES PARA MARCHAR YA

Por: César Augusto Betancourt Restrepo
- La falta de acción de la oposición colombiana será la gasolina que utilice Petro para seguir manteniendo el bote a flote pese a los escándalos que rodean al mandatario y su círculo cercano.
Napoleón Bonaparte frenó su avance contra Wellington a causa de las lluvias que habían embarrado el terreno; el emperador auspició una mejora en el clima para poder avanzar con efectividad, pero esto no ocurrió. Esta demora fue el tiempo que necesitó Gran Bretaña para reunirse con el ejército prusiano, y juntos, derrotar a las fuerzas napoleónicas. En Waterloo se selló el destino del otrora caudillo francés.
Dice el adagio popular que lo único que no se recupera es el tiempo perdido. Napoleón podría dar cátedra del tema.
En Colombia estamos siendo testigos de un escándalo de magnitudes dantescas. Reformas que destruyen nuestra economía, niñeragate, corrupción, proceso 15mil, acusaciones de consumo de drogas en altos funcionarios del Gobierno (posiblemente el mismo presidente), intimidaciones a la prensa, ataques sistemáticos al equilibrio de poderes, arremetida terrorista contra el pueblo y la lista sigue. Mientras esto ocurre, el liderazgo de la oposición se diluye entre la espera desesperante y la desesperanza de no ver luz al final del túnel en los próximos años.
Los levantamientos populares tienen que ser liderados para no caer en el caos ni la anarquía, pero a su vez se alimentan de la espontaneidad y el calor del momento; la indignación se debe aprovechar, no para hacer marchas inocuas de dos horas los domingos, sino para estar permanentemente en la calle, exigiendo que se corrija el camino, que renuncie determinado mandatario o para instaurar una reforma en particular.
Desaprovechar el momento es lo mismo que firmar una rendición anticipada… y sin dar batalla. No se necesitan jornadas de pegatones de miroperforados en Juanbe, ni semanas de planeación; una ruta, un liderazgo claro, una consigna concreta y la euforia del momento ¡No es más!
Lo ocurrido en Colombia ya habría provocado la dimisión del Primer Ministro de Inglaterra, la renuncia del presidente de Francia o multitudinarias marchas en Estados Unidos. Por menos ya habrían guillotinando a Iván Duque si aún fuese presidente.
¿Esperar qué?
Columnistas
La izquierda trae pobreza

Por: Luis Gabriel Gómez, diputado de Antioquia
La izquierda trae pobreza: que lo digan los venezolanos, los argentinos, cubanos y nicaragüenses. No podemos permitir que la izquierda siniestra se consolide en nuestro país.
La izquierda, con su discurso de igualdad y justicia social, ha logrado captar la atención de muchos ciudadanos que anhelan un cambio en la estructura política y económica de sus países. Sin embargo, es fundamental analizar los resultados y las consecuencias de las políticas de izquierda en naciones como Venezuela, Argentina, Cuba y Nicaragua. Estos países, que han experimentado la consolidación de este tipo de gobiernos, han sido testigos del deterioro económico y la creciente pobreza que han dejado a su paso.
Comencemos por Venezuela, una nación que alguna vez fue la más próspera y rica de América Latina. Hoy, bajo el régimen chavista y su sucesor, Nicolás Maduro, el país se encuentra sumido en una profunda crisis económica y social. La falta de respeto por los principios democráticos y la excesiva intervención del Estado en la economía han llevado a una hiperinflación descontrolada, escasez de alimentos y medicinas, así como a una creciente migración de venezolanos que buscan desesperadamente una mejor calidad de vida en otros países.
Argentina, por su parte, ha sido víctima de una sucesión de gobiernos de izquierda que han prometido un modelo económico más igualitario. Sin embargo, la realidad es que las políticas populistas y la falta de responsabilidad fiscal han llevado al país a una recurrente crisis económica. La inflación descontrolada, la devaluación de la moneda y la falta de confianza de los inversionistas han generado un estancamiento económico que afecta directamente a los argentinos, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Cuba, un caso emblemático de socialismo en América Latina, ha mantenido un régimen de partido único por décadas. Bajo la fachada de equidad social, el pueblo cubano ha sufrido las consecuencias de una economía estancada y una falta de libertades básicas. La falta de incentivos para la inversión y la ausencia de una economía de mercado han llevado a una situación de pobreza generalizada, donde los ciudadanos luchan diariamente para satisfacer sus necesidades más básicas.
Nicaragua, en los últimos años, ha experimentado una escalada autoritaria bajo el gobierno de Daniel Ortega y su partido el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La represión política, la violación de los derechos humanos y la manipulación de las instituciones democráticas han sumido al país en una profunda crisis. La economía se ha debilitado, el desempleo ha aumentado y la pobreza ha afectado a una gran parte de la población nicaragüense.
Ante estos ejemplos concretos, es imprescindible reflexionar sobre las consecuencias de permitir que la izquierda siniestra se consolide en nuestro país. No podemos permitir que las promesas vacías de igualdad terminen en una realidad de pobreza y restricciones a nuestras libertades fundamentales. Debemos ser conscientes de los riesgos y elegir líderes comprometidos con el desarrollo económico y el orden social.
Aldrin Garcia Balvin
¡Una Fumada Regulada, Mis Amigos! Pero Cuidado con los Efectos Secundarios…

Por: Aldrin García Balvin
Desde mi experiencia como estudioso del tema, que me llevó a conocer de cerca los efectos y vivir la pesadilla que conlleva en mi propia familia, me veo en la obligación de expresar mi posición contraria a la posible legalización del consumo recreativo de cannabis en Colombia. Sin embargo, no puedo evitar hacerlo con un toque picaresco y algo de humor, porque a veces hay que ver el lado divertido de las cosas.
Resulta que la Comisión Primera del Senado ha dado un importante paso hacia la regulación de la marihuana para uso adulto. Y aunque algunos están entusiasmados con la idea de liberar el humo verde en nuestras tierras, permítanme ser el aguafiestas temporal y plantear algunas dudas.
Claro, entiendo que hay argumentos a favor de la legalización. Algunos dicen que es hora de avanzar hacia una nueva política de drogas, alejada del prohibicionismo y enmarcada en un modelo de regulación. Pero, amigos míos, ¿qué pasará con nuestra juventud? ¿Estamos preparados para afrontar los efectos secundarios que esta decisión podría traer consigo?
Ahora bien, mientras algunos esperan ansiosamente el aroma del humo verde, me pregunto si debemos abandonar por completo nuestra tradición cafetera representada por el emblemático Juan Valdez. ¿Acaso queremos verlo rodeado de plantas de cannabis en lugar de cafetales? ¡Imaginen el dilema de nuestro querido Juan!
Claro, habrá quienes argumenten que el consumo recreativo de cannabis no es tan perjudicial como se cree. Y sí, hay estudios que respaldan esa afirmación. Pero también debemos tener en cuenta los posibles efectos en la salud física y mental de las personas, especialmente en aquellos cuyos cerebros aún están en pleno desarrollo.
Ahora, no vayamos a pensar que la legalización de la marihuana va a convertirnos en un país lleno de fumadores compulsivos. Pero debemos ser realistas y reconocer que existe el riesgo de que el acceso se facilite y de que algunos caigan en un consumo problemático y adictivo.
Quizás en lugar de apresurarnos en tomar una decisión, deberíamos centrarnos en fortalecer los programas de prevención, educación y tratamiento relacionados con el consumo de drogas. No digo que debamos negar el humo verde por completo, pero sí que debemos ser cautelosos y considerar todas las perspectivas antes de dar ese paso.
Como ciudadanos responsables, debemos analizar los posibles beneficios y riesgos asociados a la legalización del consumo recreativo de cannabis en Colombia. No podemos dejarnos llevar solo por la emoción del momento. A veces, una risa picaresca no viene mal para relajar la tensión, pero recordemos que estamos hablando de un asunto serio.
Desde mi conocimiento y experiencia en el tema, me permito expresar mi desacuerdo y no recomendar la aprobación de esta medida. Debemos ser conscientes de las implicaciones y proteger el bienestar de nuestra sociedad, especialmente de nuestros jóvenes. Y si al final se aprueba, ¡al menos espero que no nos convirtamos en un país de «fumadores crónicos»!
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