Marchas del 27 de septiembre habrían sido ‘‘fabricadas’’

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El pasado 27 de septiembre, miles de personas tomaron las calles de Bogotá en una serie de marchas en apoyo a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, recientemente ha surgido información que sugiere que estas marchas podrían haber sido promocionadas con recursos públicos, lo que ha generado preocupación y controversia.

Según un reportaje de la reconocida revista Semana, funcionarios del gobierno habrían sido presionados para asistir a las marchas, y se habrían realizado contratos con RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) para comprar pautas publicitarias en medios de comunicación, así como para la creación de contenidos audiovisuales y colaboración logística con el objetivo de promover la asistencia masiva a las manifestaciones.

Tres entidades gubernamentales, el Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Cultura, habrían firmado contratos por más de 4.000 millones de pesos para la difusión de pautas publicitarias. Estas pautas se habrían hecho visibles en internet y en horarios de alto rating en radio y televisión.

Además, se habrían suscrito contratos por más de 18.000 millones de pesos con RTVC para la producción audiovisual y logística de las marchas. Estos contratos fueron firmados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia Nacional de Tierras.

Uno de los contratos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, firmado a finales de agosto, ascendía a 3.300 millones de pesos e incluía la producción de programas institucionales. Se estipuló que el 10% del valor, equivalente a 330 millones, se destinaría a recursos técnicos y otras necesidades logísticas.

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras habría firmado otro contrato con RTVC para la planificación y producción de eventos relacionados con las marchas. Sin embargo, la Procuraduría estaría investigando si estos recursos se utilizaron para proporcionar gorras, camisetas y alimentos a los manifestantes el 27 de septiembre.

Un aspecto que ha suscitado sospechas es que la mayor asistencia a las marchas provino de comunidades indígenas, lideradas por organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Estas organizaciones tendrían multimillonarios contratos con el gobierno, lo que ha generado preguntas sobre posibles vínculos financieros.

El CRIC, por ejemplo, tiene 18 convenios que suman aproximadamente 79.000 millones de pesos, mientras que la ONIC cuenta con siete contratos por más de 39.000 millones de pesos. En total, reciben poco más de 118.000 millones de pesos por actividades relacionadas con programas dirigidos a comunidades étnicas.

Estas revelaciones han avivado el debate sobre la transparencia en la financiación de manifestaciones y la posible influencia del gobierno en las protestas. La información presentada plantea preguntas importantes sobre el uso de recursos públicos en eventos políticos y destaca la necesidad de una mayor claridad y rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.

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