SEMANA revela las actas de las reuniones de la gobernación de Sergio Fajardo que estudia la Contraloría en la reposición y apelación del proceso fiscal contra el exgobernador por el polémico y complejo caso de Hidroituango. Exclusivo
nos apuntes a mano, hechos sobre alertas de sus funcionarios con respecto a lo que estaba pasando en Hidroituango, podrían complicarle la vida a Sergio Fajardo. La Contraloría los investiga como una pieza clave para determinar si el entonces gobernador de Antioquia tuvo responsabilidad o actuó con negligencia en el desastre que sucedió con el proyecto individual de infraestructura más grande del país.
Como se sabe, Fajardo fue imputado por el organismo de control el pasado mes de diciembre y sancionado en un fallo de responsabilidad fiscal en septiembre. La decisión adversa no solo lo afectó a él. También a 26 funcionarios y contratistas relacionados con esa debacle.
La Contraloría estudia la reposición y apelación que radicó Fajardo, y en este nuevo round a sus investigadores les ha llamado la atención esa serie de documentos. Según el fallo de la Contraloría, Fajardo, en calidad de gobernador, era el titular del control jerárquico y del control de tutela de este megaproyecto, pues participaba directamente en la acción de toda la actividad departamental. Además, tenía una doble condición dado que también era miembro principal de la junta directiva de Hidroituango. Aunque vale la pena aclarar que esa misión la delegó en el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), Iván Mauricio Pérez Salazar. Para esto, el entonces gobernador firmó un decreto el 27 de marzo de 2012, por medio del cual hizo esa delegación de su representación.
La Contraloría buscó determinar si el entonces gobernador había mantenido las funciones de supervisión, control y dirección que le correspondían. Esto teniendo en cuenta que tanto el gerente del Idea como secretarios de su despacho tenían asiento en la junta directiva de Hidroituango. Fajardo ha sostenido que él sí cumplió con este rol.
“Para realizar el control y el seguimiento a la función delegada, sosteníamos reuniones periódicas, con el fin de discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros. En estas reuniones no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM”, aclaró en un comunicado cuando se hizo público el primer fallo. El organismo de control, sin embargo, tiene en esos documentos los elementos que para ellos apuntan a lo contrario. El que más llamó la atención de los investigadores es precisamente uno de esos informes para las reuniones en la gobernación. Se trata de “un material probatorio aportado por la defensa” en el que se consigna el informe al gobernador del 7 de junio de 2013. Allí se menciona el estatus de varios proyectos, entre ellos el de Hidroituango.
El documento tiene dos casillas. Una en la que le presentan la información y otra en la que Fajardo con su puño y letra hace sus anotaciones y sugerencias. En la primera casilla, aunque el mensaje es corto, es demoledor, pues da cuenta de que para la fecha ya se sabía y era de conocimiento del gobernador que las cosas andaban muy mal.
“Hoy tuvimos una junta. El proyecto en su ejecución está atrasado. El contratista de túneles de desviación es un desastre, pero EPM considera que es más grave y oneroso declararle incumplimientos”, comienza el escrito. En los apuntes también le advierten que “están buscando alternativas técnicas que agilicen la ejecución de las obras retrasadas”. Ante la gravedad de este mensaje, Fajardo apenas escribe en el informe, con su característica letra, tres signos de admiración: “!!!!”.
En el mismo informe hay otro punto importante. Al gobernador le advierten que “hay un problema con la licencia y con la Anla”. Y le piden un favor bastante particular. “Es importante que nos ayude invitando a la directora de la Anla a que visite el proyecto. Estamos ad portas de una sanción ambiental por unas actuaciones que hizo EPM sin que estuvieran en la licencia y luego las informaron. EPM dice que ellos lo podían hacer porque generaba menor impacto ambiental, pero la Anla está molesta. Creo que con razón porque EPM se los saltó”.
Ante este comentario, el gobernador escribe un apunte impactante: “¿Y yo voy a poner la cara por EPM?”. Este hecho genera inquietudes entre los investigadores porque consideran que, ante semejante desastre que le comunican a Fajardo y frente a la grave conducta de EPM de realizar obras sin licencia ambiental, el entonces gobernador se limita simplemente a preguntar si él debe poner la cara por EPM. Él, como miembro principal de la junta directiva, ¿no debió acaso apersonarse del asunto o por lo menos haber dado instrucciones para que se le hiciera un llamado de atención a EPM, no incurriera en irregularidades y tomara decisiones efectivas que no pusieran en riesgo el megaproyecto?
Un nuevo informe, fechado el 12 de julio de 2013, apenas un mes después de estas advertencias, muestra cómo el tema no cesó allí. “Tuvimos junta hace una semana. El proyecto avanza bien y a buen ritmo, pero aún está retrasado con respecto al cronograma. Se plantearon por parte de EPM alternativas técnicas para minimizar el riesgo de más retrasos”, señala.
Luego le advierten al gobernador otro tema clave. “Ruta crítica: la desviación del río en el primer semestre de 2014 y hoy estamos muy ajustados para cumplir este hito”, señala. Además lanza una alarma sobre el problema que puede abrirse. “Si no se desvía el río en esa fecha, no existe posibilidad de entrar en operación 2019, con las consabidas multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”. En este mismo informe le piden al gobernador que firme un documento “sin ninguna responsabilidad contractual”, sino únicamente como “testigo de excepción” para darles formalidad a los compromisos.
El gobernador Fajardo contesta a esto con dos preguntas. La primera es ¿cuándo se sabe con certeza? y la segunda, ¿paga EPM? Esta última sobre la posibilidad de multas de la Creg.
Quienes han adelantado las investigaciones por este caso se sorprendieron porque el entonces gobernador pareciera haberse preocupado solamente por quién contractualmente debía pagar las sanciones. Sin embargo, no se le veía mayor angustia por el hecho de que los problemas del megaproyecto energético pusieran en riesgo la estabilidad en el suministro de energía del país.
Este informe tiene una implicación, a juicio de los investigadores de la Contraloría, en decisiones que se tomarían después respecto a un punto estructural y muy polémico del proyecto: la construcción del tercer túnel. Sobre esto, la Contraloría tiene algunos testimonios que considera relevantes. Uno de ellos es el de Gabriel Jaime Lacouture, quien laboró en Integral, uno de los contratistas de Hidroituango, desde 1989. Y quien estuvo en el proyecto Ituango desde 1999. Aunque empezó como ingeniero de diseño, al final se desempeñó como el líder de hidrología del proyecto.
“El tercer túnel, digamos, es un túnel convencional como cualquier otro, digamos, entre comillas, construir ese túnel y ponerlo a funcionar es algo convencional”, aseguró en su interrogatorio en el organismo de control. El hecho de que una obra rutinaria terminara por volverse una situación desastrosa para el proyecto es otro de los ejes de la investigación (ver video).
Fuente: Semana
