Por: Guillermo Mejía Mejía
Definitivamente nuestra legislación minera (ley 685/01) está concebida para salvaguardar los intereses de grandes multinacionales a las que se les entrega indefinidamente los contratos de concesión para que exploten las riquezas del subsuelo, presumiblemente propiedad de la Nación, sin conmiseración por los habitantes de la zona que también tienen derecho a disfrutar de las riquezas de donde habitan, ni tampoco con el medio ambiente y, lo peor, el Estado no tiene las herramientas necesarias para verificar la cantidad de metales extraídos, ni los vertimientos, ni la cantidad de regalías que deben pagarle a los municipios. Y lo más grave de todo: una fuerza pública puesta gratuitamente a su servicio para que a la multinacional no la invadan los rebuscadores que entran furtivamente a sus excavaciones.
La denuncia que hace la senadora Isabel Cristina Zuleta sobre la posible muerte de mineros “ilegales” en los socavones, abandonados por la multinacional CNL Gold, no puede pasar desapercibida pues si los directivos de la empresa, vertieron en ellos lodo con cemento caliente, a sabiendas de que allí había personas, eso es sencillamente un asesinato. Eso no configura una legítima defensa de la propiedad privada sino una monstruosidad que corrompe el oro extraído como sucedió con los diamantes de sangre en Sierra Leona.
No puede ser que los familiares de los mineros sepultados rueguen que los rescaten y ninguna autoridad se mueva por el simple hechos de considerar a esas personas, a las que la Constitución les garantiza la vida, como ilegales. Hasta donde se sepa, estos familiares y amigos han tenido que acudir a las vías de hecho bloqueando la carretera central hacia Urabá y se está gestando un problema de orden público y social de magnitudes gigantes y la solución no es la represión ni el decomiso del material de mina extraído por estas personas.
Aquí no se trata de leguleyadas enderezadas a salvaguardar el orden jurídico sino el orden social. A esas personas que se rebuscan la vida extrayendo material minero, que la policía les decomisa para regresárselo a la empresa minera, hay que darles una solución por parte del Estado.
Dentro de las causales de caducidad del contrato de concesión minera que trae el artículo 112 del Código Minero, desde luego que no se encuentra el asesinato, pues nadie se imagina que se haya llegado a ese extremo que denuncian las personas que se han dedicado con su propio esfuerzo a rescatar los cadáveres de los mineros muertos como consecuencia del lodo lanzado por la empresa minera.
El 23 de abril de 2.016, 1.300 policías y 300 soldados, cuya alimentación y transporte no pagó la multinacional sino el Estado colombiano, llegaron a Buriticá para desalojar a más de 3.500 mineros a los que se les hizo salir por medios violentos. La disculpa era que todo estaba promovido por el clan del Golfo.
A la multinacional, gerenciada en ese entonces por el señor Mateo Restrepo, se le propuso que el departamento de Antioquia entrara como socio en la explotación de la mina de Buriticá y así poder legalizar todos esos mineros informales y no volvió ni siquiera a contestar al teléfono a quien, a nombre del gobernador, le hizo la propuesta.
Aquí hay que aplicar la primera ley de Hipócrates, padre de la medicina: A grandes males grandes remedios.
Como sucedió con el petróleo, las soluciones no son las eternas concesiones mineras, sino la asociación de estas compañías con el Estado donde este sea el que lleva la gerencia de la empresa y la multinacional la tecnología. Así comenzó la grandeza de Ecopetrol.
Pero para eso es necesario cambiar la actual legislación minera e involucrar a las comunidades que defienden el medio ambiente y también se rebuscan la vida y recuperar el Estado el control del subsuelo, hoy en manos de multinacionales, a las que se les otorgaron los títulos, prácticamente de todo el territorio nacional, durante un gobierno que es mejor no recordar.
