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“LO QUE NADA NOS CUESTA, HAGÁMOSLO FIESTA”

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Por: Juan Manuel Galán

El Gobierno planea presentar la reforma pensional en marzo de 2023. Según parece, el grueso de la población tendrá que trabajar más semanas para lograr la garantía de pensión mínima. Habrá que esperar a que se publique el texto final del proyecto, pero, de acuerdo con la información disponible, las personas que devenguen hasta cuatro salarios mínimos tendrían que cotizar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones.

Para nadie es un secreto que las personas de altos ingresos son quienes se benefician actualmente de dicho régimen, pues los rendimientos de los ahorros individuales que logran las administradoras privadas de pensiones suelen ser insuficientes para satisfacer sus gastos mensuales. Sin embargo, la lógica para las personas de bajos ingresos es la opuesta, en especial para quienes lograrán pensionarse con fundamento en la denominada garantía de pensión mínima (o, en otras palabras, para quienes solo asegurarán mesadas equivalentes a un salario mínimo).

Esta diferencia entre los regímenes actuales se debe a que, con Colpensiones, el acceso a dicha garantía se obtiene una vez se completan 1 300 semanas cotizadas y se cumplen 57 años, para las mujeres, o 62 años, para los hombres; en cambio, en el régimen privado, deben cotizarse solo 1 150 semanas, además del mismo requisito de edad. Así pues, teniendo en cuenta que muchas personas no se afilian constantemente durante su edad productiva al sistema pensional por el alto grado de informalidad de nuestra economía, las personas de bajos ingresos tendrán que trabajar más tiempo para obtener este beneficio.

Ya sabemos que al Gobierno le resulta políticamente costoso hablar honestamente, por lo que es necesario desenmascararlo. Subir la edad de pensión, pese a que la expectativa de vida en Colombia y las finanzas públicas lo exijan, no es precisamente lo más popular (y a Petro le gusta la demagogia). Pero un debate público tan importante como lo es el sostenimiento de las personas de la tercera edad, quienes han dado tanto por este país, no debe hacerse con medias verdades, mucho menos con posturas inconstitucionales como la expropiación del ahorro individual.

Jaime Dussán, no sigamos el mal ejemplo de Argentina. Su reforma no duraría medio siglo —como anuncia— y, en cambio, malversaría el esfuerzo de quienes han trabajado durante la vigencia de la Ley 100. Los recursos de la seguridad social solo deben servir para cumplir sus fines, pues así lo dispone el artículo 48 de nuestra Constitución Política. En lugar de pensar en el nostálgico tren complementario al canal de Panamá, resolvamos lo que vamos a hacer con las personas vinculadas a las plataformas de intermediación, por poner un ejemplo.

Poco después de la advertencia acerca de los malos gestos de nuestra cabeza de Estado con los magistrados de las Altas Cortes, la revista Semana fue testigo directo del camino del Gobierno hacia la tiranía. En entrevista del 28 de diciembre, el desautorizado presidente de Colpensiones anunció que planean «conversar con la rama de justicia colombiana (…) para que las decisiones que toman los jueces de la República tengan precisión, de manera que no requiramos tutelas».

El hecho de que haya conversaciones entre los poderes públicos es propio de las democracias contemporáneas, pero que la participación de los jueces tenga la finalidad de limitar derechos fundamentales es inadmisible. La reducción de la litigiosidad debe provenir de cambios en la actuación de Colpensiones, no de improvisar con la estructura del Estado. De la misma forma, resulta incomprensible que la demora en el reconocimiento de pensiones de vejez sea una de las principales causas del pago de intereses moratorios: Colpensiones debe encontrar mecanismos tecnológicos para que, con la acreditación del cumplimiento de los requisitos, se eviten demoras innecesarias.

En relación con la estructura del sistema pensional, puede que los pilares que proponen los expertos del Gobierno funcionen para diversificar y repartir los riesgos, así como disminuir el déficit fiscal, pero también es necesario tomar medidas pragmáticas para reducir la evasión y acabar con la mala administración. En Colombia, la proporción de ocupados informales es de cerca del 60 %, lo que implica que la mayor parte de la población no está aportando a la seguridad social. Es necesario entonces fortalecer la gestión de datos, de forma similar a como sucede con la factura y nómina electrónica. Ese tipo de decisiones no necesariamente requieren reformas estructurales, pero sirven para ampliar la cobertura y garantizar que el sistema de seguridad social sea más solidario.

El debate sobre las grandes reformas que necesita el país actualmente no es verdaderamente democrático. Para cumplir el lema «El Gobierno del cambio», los funcionarios de la Administración tendrán que emitir comunicaciones sinceras y socializar con la ciudadanía los borradores de las propuestas de las que tanto hablan irresponsablemente, pues los cambios que se aprueben nos afectarán a todos. La única forma de descartar que los traspiés de Irene Vélez y el presidente Jaime Dussán sean cortinas de humo, estrategias para desordenar el panorama político y ocultar sus intenciones, es que eviten el «creo que no me hice entender» y demuestren que se toman en serio la participación ciudadana.

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Las Ciclorutas: Símbolos de Modernidad

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Por: Luis Pérez Gutiérrez

Las Ciclorutas son la sensación para la movilidad contemporánea en las ciudades más avanzadas. Toda ciudad, todo territorio que quiera mostrar modernidad, construir ciudadanía y respeto al medio ambiente, realiza grandes inversiones en ciclo rutas y en vías para caminantes.

Una ciudad sin espacios públicos de calidad y sin ciclorutas se ve vetusta y poco atractiva. La humanidad llevaba 150 años haciendo espacios para carros, y se olvidaron del ciudadano y del buen aire.

Hace poco salió una nota en el periódico GENTE, que me llenó de orgullo, recordando que hace 20 años se construyeron LAS PRIMERAS CICLORUTAS EN Medellín. Hace 20 años, la Alcaldía de Luis Pérez construyó las primeras ciclorutas con cerca de 25 kms. Y siguen siendo ejemplo de modernidad.

Luego en 2016, el Plan de Desarrollo de Luis Pérez, Antioquia Piensa en Grande, incluyó un plan de ciclorutas para todo el Departamento, más de 200 kms. En particular, para el bello paisaje de Oriente de Antioquia se hizo un plan de ciclorutas que seguramente se tomarán cinco años más para terminarlas.

La Cicloruta desde el Mall Llanogrande en Rionegro a la Ciudad de Guarne, pasando por el Aeropuerto, es un espectacular bulevar y un espacio público, ejemplo para cualquier territorio en el mundo.

Hay un justo debate público por la demora en terminar esa obra. Hay que buscar la verdad y quien tiene la responsabilidad. Luego de las autorizaciones de la Asamblea Departamental y del banco de proyectos, INDEPORTES como Instituto independiente y descentralizado, recibió los recursos para construir esas ciclorutas. El día 1 de diciembre de 2017, INDEPOPORTES firma con la empresa VIVA, acta de inicio del contrato cuyo objeto fue la construcción de la cicloruta, del Mall Llanogrande en Rionegro, pasando por el Aeropuerto Internacional y llegando a Guarne.

El contrato involucraba a su vez a los Municipios de Guarne y Rionegro, en lo relacionado con el apoyo catastral. Es decir INDEPORTES contrata y paga y la empresa VIVA realiza la construcción de la cicloruta
En síntesis, los responsables de construir la cicloruta de Oriente son INDEPORTES, que por Asamblea Departamental maneja esos recursos por ser entidad descentralizada autónoma; y VIVA como el contratista que Indeportes seleccionó. En temas de ejecución y contratación en los institutos descentralizados, ni el Gobernador Aníbal Gaviria ni el ex Gobernador Luis Pérez tienen ninguna responsabilidad fiscal. Ni contratan ni adjudican ni son de las juntas directivas.

En 2019. La Directora de INDEPORTES en Gobernación de luisperez. al ver el atraso en las obras de la cicloruta de oriente, iba en 52%, solicitó UNA CONCILIACION PREJUDICIAL en contra de VIVA con el fin de, o dar por terminado el contrato con sanciones, o que se pusieran al día en la construcción. Así quedó escrito en el informe de empalme.

En abril de 2020, en la actual administración de Anibal Gaviria, Indeportes desistió de la solicitud de conciliación prejudicial, sin que hubieran cambiado las circunstancias que dieron lugar a la solicitud de conciliación; es decir. la empresa VIVA continuaba incumpliendo el contrato. Hecho jurídicamente anormal porque la única razón que justificaba la decisión de desistir de la conciliación prejudicial era el cumplimiento de las obras, lo cual no sucedió.

Tres años después de desistir de la CONCILIACION, la obra sigue parada. Y el contrato de construcción, INDEPORTES y VIV A, sigue vigente con seis suspensiones justificadas en la emergencia sanitaria y con cero avances.
El informe del contrato para terminar las ciclorutas de Oriente se entregó en el EMPALME con Gobernación de Aníbal Gaviria, como lo exige la ley. Y se dejaron los recursos necesarios. Y no hubo objeción, pero se desistió en 2020 de la conciliación prejudicial-

Cualquiera haya sido el error de VIVA, hay que terminar las ciclovías de Oriente. Son espacios no solo de belleza y deporte sino también hermosos espacios de igualdad. Toda obra pública que no se termine es una ofensa que se le hace a la comunidad y a la región.

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CALI ZOZOBRA

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Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

No hay nada más preocupante para una ciudad que terminar admitiendo su incapacidad de detener el acelere hacia la equivocación permanente. Es probable que la medición no sea objetiva y ella obedezca a experiencias personales de quien las haya vivido. Pero aún a riesgo de ser subjetiva, y como tal de ayudar a seguirse equivocando, me resulta mejor decirlo y de una vez. Estoy asombrado con el clima de zozobra que vive la capital del Valle . Y lo digo con dolor porque yo, que realicé mis estudios universitarios en esa ciudad, que trabajé más de una década en ella, que llegué a ser miembro del Concejo Municipal y de la Asamblea Departamental con sus votos. Yo, que el 58% de la votación, entonces abrumadora, que obtuve hace 25 años para ser gobernador los conseguí en sus barriadas, no me puedo quedar callado ante una realidad apabullante que hace percibir a Cali como un escaparate que voltearon a la fuerza y quedó patas arriba con los cajones afuera. No soy muy partidario de las estadísticas sobre seguridad, pero cuando uno ve las cifras de “Cali como vamos” en donde los poquitos que denuncian los hurtos han aumentado de 1.650 denuncias en 2005 a 24.009 en 2022,hay que admitir la gravedad de lo que pasa. Y como cuando uno llega a Cali siente que ha entrado en una ciudad donde las normas elementales de convivencia ya no rigen, palpa hasta donde llega el cáncer que la consume. En Cali los semáforos existen, prenden y apagan y cambia de color pero cada vez menos gente los respeta. En el estadio y en los sitios de diversión pública donde venden los puestos, cada vez se respeta menos ese derecho adquirido y la gente se apropia del asiento ajeno sin inmutarse. Y vaya proteste. Corre el riesgo de morir en el acto, como se siente que le puede pasar si cuando queda metido en uno de los eternos trancones del irrespeto semafórico se le acercan par greñudos con cara de zombis a exigirle que deje limpiar los vidrios o que les paguen por lo que no han hecho. Y ni sigo, porque da escalofrío contarlo.

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