Por: León Fredy Muñoz
El proyecto de Centros Digitales ha estado plagado de malas y dudosas decisiones mucho antes de que se le adjudicara el contrato a la UT Centros Poblados, pues siempre se ha cuestionado su eficiencia y la relación costo beneficio de llevar Internet a las regiones más apartadas del país por este sistema de conexión comunal.
En todo caso, los actos de aparente corrupción que se dieron en esta licitación pudieron haber sido evitados desde el primer momento, pero fueron justamente las acciones que se empezaron a dar en el Ministerio de las TIC una vez llega Karen Abudinen a la cartera, las que le abrieron la entrada a la unión temporal en comento para que se quedara con un contrato superior al billón de pesos.
No hay que olvidar que existían unos borradores de pliegos para la licitación que se publicaron el 24 de enero de 2020, borradores que sí hacían caso a las recomendaciones que realizó en el 2019 la Consultoría Telbroad Profit, contratada por el Ministerio a través del Fondo de las TIC con el contrato 589 de 2019.
Dicha consultoría tenía como objetivo justamente la elaboración de la estructura técnica, jurídica y financiera del proyecto, donde dejaban claro que para la instalación y funcionamiento de 10.000 centros en un período de 10 años serían necesarios poco más de $1.9 billones y que la licitación debía tener un único oferente, entre otras medidas.
No obstante, una vez llega Abudinen a la cartera empieza toda una serie de cambios sustanciales a los pliegos, donde se divide el país en dos regiones para que ya no sea un único oferente sino dos quienes serán los seleccionados, lo que da pie de entrada para que Centros Poblados pueda participar en la licitación.
Tal situación además permitió que la cantidad de centros ofertados esté por encima de la cantidad de recursos necesarios para su funcionamiento, puesto que siguiendo los cálculos de la consultoría para los 14.745 centros que se comprometieron a instalar Claro y Centros Poblados se necesitarían aproximadamente 3 billones de pesos, monto superior al presupuestado en los estudios de la consultoría.
Poe su parte, durante el proceso de contratación la primer garantía falsa, la de seriedad de la oferta, que era uno de los requisitos habilitantes para participar en la licitación, fue presentada junto con el resto de los documentos de la oferta de Centros Poblados el 28 de octubre.
De igual modo, solo unas semanas antes de la entrega de estos documentos, las tres empresas de la unión temporal sin ningún tipo de experiencia en el sector, cambiaron su objeto social en Cámara de Comercio para incluir la prestación del servicio de internet, cambio que el Ministerio indudablemente nunca se tomó el más mínimo tiempo de revisar, pues, como comentó la Ministra a la emisora la W el 10 de diciembre, solo se vino a enterar quiénes eran Centros Poblados después de adjudicar la licitación y firmar el contrato. Así, se adjudicó un contrato de más de un billón de pesos a unos desconocidos que luego se conocería tenían serios problemas al aportar documentación falsa y un largo historial de contrataciones publicas nocivas.
Vale la pena anotar que, dicho contrato fue firmado por personas que han acompañado a Abudinen en el Ministerio, la Alcaldía de Barranquilla, el ICBF, la Consejería Presidencial para las Regiones, el Ministerio de las TIC. Con las cuales se sentía muy segura pero que terminaron siendo su talón de Aquiles.
Volviendo a la historia, justamente en el mes de diciembre, el día 30, el Ministerio aprueba las otras tres garantías falsas en un tiempo récord de 18 minutos, sin tomarse al menos cinco minutos para llamar al Banco Itaú y preguntarles si eran genuinos tales documentos por un valor superior a los $144 mil millones que respaldaban la módica suma de 1.1 billones de pesos.
En este punto, no hay que olvidar que quién dio la aprobación final a las garantías fue la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela Méndez, funcionaria encargada de la revisión de todos los aspectos jurídicos de la licitación y quien llegó al Ministerio de la mano de Karen Abudinen, al igual que Adriana Meza, luego de haber trabajado juntas en la Alcaldía de Barranquilla.
Así, solo hasta el 25 de junio de este año todo el país, pudo conocer la trampa a la Nación que había dejado ocurrir Karen Abudinen bajo sus narices (ya sea por acción u omisión), cuando el Banco Itaú informó que no tenía ninguna razón de ser su participación en la audiencia de incumplimiento a Centros Poblados puesto que las garantías del contrato no habían sido expedidas por ellos y de seguro eran falsas.
Luego de esto, rápidamente se inicia el respectivo debate de control político que termina con la salida de la Ministra. Lo cierto es que estamos ante un escenario de total incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de la conectividad en las zonas rurales del país.
Los $70 mil millones de pesos perdidos representan la pérdida de la esperanza de las áreas más alejadas del país de poder conectarse a Internet, porque hay que tener muy presente que el proyecto de Centros Digitales no es exclusivamente para conectar escuelas, sino que está diseñado como la ÚNICA solución de acceso a Internet para las comunidades a las que se destinen los centros hasta el 2031.
En los planes del Gobierno no hay otra opción de internet para la ruralidad que no sean los centros digitales, por lo que la corrupción o incompetencia de la Ministra va a costar muchísimo más que $70 mil millones, va a costar que no se pueda dar una herramienta como el Internet para superar la brecha de desigualdad entre el campo y la ciudad hasta por lo menos los próximos 10 años, el costo en dinero de los 70 millones es poco para la pérdida y sufrimiento de las regiones no conectadas, que son la mayoría.
No puede pedir la Ministra que se le haga un comité de aplausos por haber denunciado, cuando era lo único que podía hacer so pena de incurrir en delito por su propia ineficiencia. No fue ella quién descubrió la corrupción, fue el banco, y las acciones que se han hecho para recuperar el dinero deben recorrer todo un camino jurídico de alegatos y recursos bastante difuso y poco claro en la para práctica.
Más allá de señalamientos de irregularidades y de acciones legales, lo que está quedando en vilo por culpa de la corrupción o incompetencia de la Ministra es la conexión a Internet de la ruralidad de gran parte del país, esa parte a la que siempre se le promete pero nunca se le cumple.
