Por: Guillermo Mejía Mejía
Hace algunos años el profesor Antonio García Nossa decía que el sistema de gobierno colombiano era un cesarismo presidencial. O, en otras palabras, en nuestro país el presidente es una especie de emperador porque está por encima de los otros poderes del Estado y sus actuaciones prácticamente no tienen control. Una versión moderna de Enrique VIII. La división de poderes en Colombia es una teoría constitucional que no pasa de ahí, de ser un postulado y no más, pues en la práctica no funciona así. Veamos:
El congreso está cooptado por el ejecutivo que nombra a los recomendados por los senadores y representantes y de esta manera el órgano legislativo pierde su autonomía. “Si no vota el proyecto de ley que el gobierno presentó, le saco a la gente que usted tiene en los ministerios y en los institutos descentralizados nacionales.” Es la sentencia del enlace del gobierno nacional con los congresistas. El computador de palacio.
Y a lo anterior se suman las partidas presupuestales que se le entregan a los senadores y representantes para que señalen a los contratistas que las deben ejecutar, mediante contratos, en sus regiones. Es la mermelada en su más prístina interpretación popular.
Los órganos de control, que debieran ser totalmente independientes del presidente de la república, están hoy en poder: la Procuraduría de una exministra de justicia del actual gobierno; la Fiscalía General de un condiscípulo, con el mayor ego del mundo, del primer mandatario nacional y la Contraloría seguramente quedará en manos de Luís Alberto Rodríguez Ospino, candidato del Presidente y hechura del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que deberá elegirse en el mes de agosto próximo, para lo cual ya existe lista de “elegibles” pero no nombrables, como lo denunció Daniel Coronel.
Otro de los órganos que, de acuerdo con la Constitución Política debiera ser independiente, es la junta directiva del Banco de la República. Esta la componen 7 miembros de los cuales uno es el ministro de hacienda de turno y otros dos nombrados por el Presidente de la República cada cuatro años, una vez transcurra la mitad de su periodo. Los demás se nombran por el sistema de cooptación y curiosamente 5 de los actuales son egresados de la Universidad de los Andes, otro de la Javeriana y el Ministro de Hacienda que viene de ser rector de la Universidad del Rosario.
No se nos olvide que uno de los miembros de esta junta directiva es el muy recordado ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que fue capaz, con su proyecto de reforma tributaria, de levantar la protesta generalizada del año pasado, nombrado por el presidente Duque en reemplazo de la señora Carolina Soto, esposa del precandidato Alejandro Gaviria y en violación de la ley 581 de 2.000 que exige mantener una cuota del 40% de mujeres en todos los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Hoy en día, solo funge como miembro de dicha junta una mujer.
Y del órgano electoral ni hablar: Un CNE elegido por el sistema de cifra repartidora en el Congreso en pleno por electores a los que después tendrán que investigar y sancionar, una corporación de 9 miembros, la suprema autoridad electoral, que obviamente queda sin ninguna autoridad moral para aplicarle la ley a los violadores que los eligieron.
Venimos en estos últimos 20 años de cuatro registradores nacionales sobre los cuales nunca se escuchó una sola duda sobre su idoneidad ética: Iván Duque Escobar, Alma Beatriz Rengifo, Carlos Ariel Sánchez y Juan Carlos Galindo. Sobre el actual Registrador Nacional pesan todas las dudas sobre su moralidad y capacidad administrativa, comenzando por su proceso de elección por parte de los presidentes de las altas cortes, acto que está hoy demandado ante el Consejo de Estado.
Los magistrados de las altas cortes deben dedicarse a fallar los procesos judiciales y no a elegir funcionarios como los puso actualmente la Constitución. A la rama judicial se le debe devolver su autonomía presupuestal, que en la práctica depende del Ministerio de Hacienda, y quitarle las competencias para el nombramiento de funcionarios como las tiene actualmente que es lo que ha dado origen a los famosos carruseles.
Lo que se propone en el programa de Petro es precisamente deshacer estos entuertos constitucionales y efectivamente implantar en el país un verdadero Estado liberal y democrático, con separación de poderes, como lo propusieron en su momento John Looke y Montesquieu, los pesos y contrapesos en el poder público, pero para eso se necesita un Congreso que sí quiera hacerlo. No más cesarismo presidencial y no más gobiernos de 8 años.
P.D Hay ex guerrilleros buenos y ex guerrilleros malos. Los buenos (8 conocidos), están en el Centro Democrático y los malos en otros partidos.
