De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación a los capturados se les imputarán los cargos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
En las últimas horas, el ente acusador dio a conocer que un juez de garantías legalizó los allanamientos y las capturas contra Emilio Tapia, empresario condenado a 17 años de cárcel por ser participe del llamado ‘carrusel de la contratación’, y también la de Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, quienes serían los implicados en el caso de presunta corrupción por parte de la Unión Temporal Centros Poblados en el millonario contrato con el Ministerio de las TIC.
De acuerdo con la última información entregada por la Fiscalía, en la madrugada del de este lunes 20 de septiembre, el CTI capturó en Barranquilla y Medellín, al contratista Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, quienes deberán responder en el desarrollo del proceso juicial que se está adelantado por el polémico contrato de conectividad rural suscrito entre el MinTIC y el consorcio en cuestión.
Según lo informado por la revista Semana, en la diligencia de imputación, el abogado Julián Quintana, defensor de Luis Fernando Duque señaló que, “dentro de la orden de allanamiento emitida por la señora fiscal, se omite que ese allanamiento era con fines de captura, sin embargo, cuando uno mira lo que no nos ha dicho nuestra honorable Corte, hay una interpretación que nos da a entender que cuando la Fiscalía quiera capturar a una persona y quiera hacer un allanamiento, lo que corresponde es solicitar de manera preliminar el allanamiento y posteriormente la orden de captura”, expresó el defensor dando a entender que se afectó un derecho fundamental del capturado, por lo que solicitó declararla ilegal.
“La Fiscalía era consciente de que iba a hacer ese allanamiento para la captura, por eso pido que decrete la ilegalidad de la captura”, afirmó el abogado en la diligencia judicial.
Por su parte, el polémico contratista, Emilio Tapia, no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía, pues en horas de la mañana de este martes, Jorge Pino Ricci, su defensa, manifestó en entrevista con RCN Radio: “no encuentro ningún obstáculo para que se involucre en actividades que se ganen la vida. Toda persona tiene derecho a su resocialización”, tema que causó comentarios, pues él se encuentra pagando una condena de 17 años por el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá.
Este caso, que causa polémica en Colombia, se debe a la desaparición de dineros que buscaban llevar internet a miles de niños en zonas alejadas del país, pues se realizó un anticipo de 70.000 millones de pesos que entregó el Ministerio para iniciar la instalación de los puntos de conexión tema que terminó provocando la renuncia de la entonces ministra, Karen Abudinen, el pasado 9 de septiembre.
Según las últimas investigaciones, este dinero, al parecer, estaría en un paraíso fiscal en Estados Unidos, aunque el presidente Iván Duque ha manifestado que ese monto está protegido.
Por su parte, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, en diálogo con Sala de Prensa BLU, mencionó a finales de agosto que la ministra conocía de las irregularidades existentes en el proceso de contratación y de la vinculación de Tapia. Y justamente, la congresista fue una de las primeras en pronunciarse sobre la noticia a través de su cuenta en Twitter:
“Se lo dije @karenabudi! ¿No que no había relación de Centros Poblados con Emilio Tapia? […] ¿Y ahora negarán la relación con el ex gobernador Alvaro Cruz, condenado por carrusel contratación?”, expresó.
Por su parte, la exministra, y ahora alcalde ad hoc del municipio de Sucre, Karen Abudinen, solicitará ser acreditada como víctima en el caso de Centros Poblados, tras los efectos que ha producido el escándalo en lo que fue gestión en la cartera TIC.
Según lo informado por Blu Radio, por medio de sus abogados la exfuncionaria del minsiterio buscará ser acreditada como víctima en el proceso que se adelanta contra los presuntos responsables. Abudinen, que tuvo que dimitir como jefe de la cartera, dio poder al abogado Jaime Lombana para su representación, a través del cual buscará ser reconocida como víctima del escándalo.
La solicitud, de acuerdo con la emisora, se cumplirá en la tarde de este martes 21 de septiembre, cuando tras la audiencia de legalización de captura en contra Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde.
Durante la audiencia, la fiscal delegada solicitó en la mañana de este martes al Juez 53 la legalización de la captura de los tres indiciados, quienes son investigados por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal, como se presume fue la garantía bancaria presentada para ganar el concurso en el Ministerio TIC.
Así mismo, se solicitó legalizar las incautaciones y allanamientos que se han realizado a las oficinas y empresas de los presuntos responsables, donde se recogieron documentos, computadores, celulares y discos duros con información que podría permitir conocer las irregularidades que tuvo el contrato y sus fines.
Tomado de Infobae.com
