Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
El país, obnubilado en su pánico histérico a una Constituyente, no ha podido darse cuenta de la próxima cagada que realizará el gobierno al intentar modificar por decreto parte de la ley 142 que, desde hace 30 años, nos rige para el manejo de los servicios públicos domiciliarios.
El proyecto de decreto, que ha estado colgado en la página oficial, tiene plazo hasta hoy para ser comentado por cualquier ciudadano o grupos asociados de ellos. Pero aunque aparentemente puede ser tomado como otro acto de venganza del gobernante contra los que llaman «los alumbradores» (prestadores del servicio de alumbrado público en los municipios) o como uno más en la lista de fastidios que el primer mandatario manifiesta públicamente que pretende acabar (no cambiar), la verdad es que encierra una peligrosidad mayúscula porque nos hace correr el riesgo de que nos quedemos a oscuras en las noches frías o calurosas de este país.
Desde hace más de un cuarto de siglo, el país fue viendo cómo empresas prestadoras del servicio no domiciliario del alumbrado público de calles, parques y avenidas hicieron contratos con todos los mil y pico de municipios del país, y el problema de los pueblos oscuros en sus noches desapareció. El secreto del éxito está en que el alumbrado, que es un impuesto municipal, dejó de cobrarse con el predial y se añadió, no a la caja común de los municipios, sino como el aseo, a los recibos de cobro de acueducto o energía.
Ahora el gobernante quiere, en el decreto de marras, suspender esa forma de cobrar y obligarlos a hacer cobros independientes. Es decir, llevan a los alcaldes a rebuscarse la forma de cumplir financieramente los mil y pico de contratos que cada uno tiene firmados en sus municipios porque les trasladan a ellos la culpa.
Por supuesto, el decreto, como casi todo lo de Petro, es inconstitucional. La ley 142, que pretenden reformar, es exclusiva para los servicios públicos domiciliarios y el alumbrado no lo es.
