La ausencia de Colombia en el caso de la condena a Nicaragua 

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Por: Guillermo Mejía Mejía 

Es obvio que esta ausencia de Colombia en la reunión de la OEA, que condenó a Nicaragua por violación de los derechos humanos, ha causado extrañeza e indignación en algunos sectores de la población y, especialmente, en los que ya hacen uso de su derecho democrático a oponerse al gobierno de Petro. 

La gota que colmó la taza fue la detención del obispo de la diócesis de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien fue sacado de su sede episcopal por la policía sandinista, en compañía de otros sacerdotes y seminaristas que lo acompañaban y hasta el momento se encuentra en prisión domiciliara en Managua. 

Los únicos países que no asistieron a la votación fueron Nicaragua y Colombia y, a primera vista, esa ausencia necesita una explicación razonable por parte del gobierno actual cuya defensa de los derechos humanos hace parte del programa de gobierno proclamado desde la campaña electoral. 

El vicecanciller, Juan José Quintana, ha manifestado que la ausencia de Colombia en la sesión permanente de la OEA, celebrada el 12 de agosto de este año, “se relaciona con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”. 

Pero esa confidencialidad se filtró y lo que se conoce es que entre los dos gobiernos se han iniciado conversaciones para lograr un acuerdo sobre el diferendo limítrofe que tenemos con Nicaragua por las aguas territoriales que se desprenden de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Quitasueño y no dejar que, nuevamente, la Corte Internacional de Justicia genere una sentencia que nos deje mal parados como sucedió con la pérdida de aguas en la zona económica exclusiva en el 2.012. 

Colombia tiene dos caminos frente a esta disputa territorial: o someterse a las decisiones de la CIJ o lograr un acuerdo amigable con Nicaragua para la explotación conjunta de esa porción de mar, especialmente para devolverle a los pescadores nativos la posibilidad de obtener su sustento y, además, para evitar que ese país, amparado en la sentencia, inicie exploraciones petroleras de las manos de Irán o de Rusia con la vigilancia de aviones Sukhoi.    

La capacidad para fijar los límites entre dos países la tienen los países mismos y a falta de acuerdo se puede acudir a un tribunal internacional de arbitramento. Cuando no se logra ese consenso, en el caso de Colombia y Nicaragua, acude la CIJ, que surge de un tratado público suscrito por Colombia, que dicta sentencias obligatorias de acuerdo con el derecho internacional público. No cumplir esas decisiones judiciales deja a Colombia como un país contumaz a nivel internacional y esa es precisamente la razón por la cual Nicaragua nuevamente demandó al País por el incumplimiento de la sentencia de 2.012. 

En Colombia ha hecho carrera una corriente de opinión que justifica las relaciones internacionales de acuerdo con la ideología del gobierno del otro país. Si esos criterios se llegaran a imponer deberíamos romper relaciones con Rusia por lo que occidente conoce; con Irán porque se trata de una teocracia islámica muy alejada del cristianismo; con Cuba porque es una dictadura comunista y así podríamos seguir enumerando y no reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela porque es una tiranía encabezada por Maduro. 

Queda para debate si es más conveniente para Colombia llegar a un acuerdo con Nicaragua, cualquiera que sea la orientación ideológica de ese gobierno, o someternos nuevamente a que la CIJ nos pegue otro garrotazo y tengamos que aceptar, a regañadientes, que los sanandresanos no pueden pescar sino un poco más adelante del cayo de Jonny Cay. 

Si a alguien le queda duda, lo invito a que lea el artículo 101 constitucional para que despeje las dudas y se dé cuenta que los límites internacionales se fijan a través de tratados. Antes que un conflicto armado, con un país con el que compartimos fronteras, es mejor llegar a un arreglo que le convenga a las dos partes. 

Es muy difícil llegar a un acuerdo con otro país limítrofe cuando estamos en conversaciones amigables para arreglar un conflicto y sin embargo lo condenamos en un organismo internacional. ¡Imposible¡ 

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