La controversia y el debate se han encendido en Colombia tras la exclusión de Amparo Cerón de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para la elección del próximo fiscal general de la nación. Esta decisión ha desencadenado una serie de cuestionamientos sobre la legalidad y la transparencia del proceso, ya que Cerón, una figura destacada en la investigación del caso Odebrecht, ha levantado su voz para denunciar lo que considera una irregularidad.

Desde que se hizo pública la primera terna presentada por el presidente Petro, Amparo Cerón figuraba como uno de los nombres en consideración para ocupar el cargo de fiscal general. Sin embargo, esta nominación no estuvo exenta de polémica, ya que Cerón había liderado la investigación sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht, un caso de gran relevancia en Colombia.

El martes, el presidente Petro sorprendió al enviar una nueva carta a la Corte Suprema de Justicia en la que retiraba el nombre de Amparo Cerón de la terna y lo reemplazaba por el de la abogada Luz Adriana Buitrago, quien había trabajado previamente con el ministro Iván Velázquez en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El presidente justificó su decisión afirmando que los tres nombres en la nueva terna cumplen con los requisitos constitucionales necesarios para ocupar el cargo de fiscal general. Sin embargo, esta acción ha generado un debate jurídico significativo, ya que se considera que el acto administrativo que creó la terna otorga derechos a las personas incluidas en ella, lo que podría requerir que Amparo Cerón renuncie voluntariamente a su aspiración.

La respuesta de Amparo Cerón no se hizo esperar. En una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia, la destacada jurista afirmó que nunca renunció a su aspiración a ser fiscal general y que cuando recibió la llamada del presidente Petro, fue enfática en expresar su compromiso con la imparcialidad y la independencia de la justicia, alejada de influencias políticas.

La exclusión de Amparo Cerón de la terna ha generado una serie de interrogantes sobre la motivación detrás de esta decisión y si se trata de una medida legítima. La situación se ha vuelto un tema de debate tanto en círculos políticos como en la opinión pública, y se espera que la Corte Suprema de Justicia examine detenidamente el caso para determinar si se han cometido irregularidades en este proceso.

La carta de Amparo Cerón, en la que sostiene que su exclusión fue irregular y una «condena» que «mancilla su nombre», plantea un desafío importante para el presidente Petro y sus argumentos sobre la legalidad de su decisión. La controversia continúa y arroja una sombra sobre el proceso de elección del próximo fiscal general de Colombia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha tomado una decisión de negar la solicitud de revocatoria de la candidatura de Julián Bedoya a la Gobernación de Antioquia. Este veredicto permite que Bedoya, quien representa al Partido Demócrata Colombiano, continúe en carrera para las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre.

La solicitud de revocatoria fue presentada ante el CNE por la Veeduría de Transparencia Electoral, que alegó que Bedoya había incurrido en doble militancia al no cumplir con los tiempos estipulados para retirarse de una colectividad e inscribirse en otra con el fin de participar en las elecciones. El candidato había renunciado previamente al Partido Liberal para unirse al Partido Demócrata Colombiano.

Al conocer la decisión del CNE, Julián Bedoya expresó su satisfacción en las redes sociales al escribir en su cuenta de X, antiguo Twitter: «El CNE ha hablado claro: la Resolución 11257 niega la solicitud de revocatoria de mi inscripción como candidato. ¡Seguimos firmes en la contienda por la Gobernación de Antioquia!»

La candidatura de Bedoya ha estado marcada por controversias desde su inicio. En octubre del año pasado, el exsenador, conocido por su apoyo al Pacto Histórico, renunció al Partido Liberal en medio de un escándalo relacionado con la validez de su título universitario.

Posteriormente, se presentó la denuncia por doble militancia ante el CNE, a la cual el equipo de campaña de Bedoya respondió con una denuncia propia en agosto pasado, acusando a Luis Humberto Guidales García de difundir acusaciones falsas y hablar de «inhabilidad» contra el candidato.

La campaña de Bedoya indicó en un comunicado que el código penal colombiano tipifica la falsa denuncia contra una persona determinada, lo que podría llevar a Luis Humberto Guidales García a enfrentar un proceso penal ante un juez de la República.

En este contexto, la campaña de Julián Bedoya ha dejado claro su compromiso con la defensa de la integridad del candidato y la promoción de una contienda electoral justa y transparente en Antioquia. La decisión del CNE allana el camino para que Bedoya continúe su campaña en busca de la Gobernación de Antioquia.

Una grave denuncia ha puesto en alerta la campaña electoral en Medellín, donde el candidato a la Alcaldía, Federico Gutiérrez, ha sido señalado como blanco de un plan para su asesinato. La denuncia fue realizada por Caracol Radio y Luis Felipe Henao, quien su jefe de campaña a la Presidencia de la República.

Según la revelación, individuos están visitando las cárceles y ofreciendo beneficios a delincuentes, incluyendo a Carlos «Pesebre», un temido criminal que Gutiérrez persiguió durante su mandato como alcalde de Medellín. El objetivo del plan es acabar con la vida del candidato a la Alcaldía.

Carlos «Pesebre», cuyo nombre real es Freyner Ramírez García, fue el líder de los «Pesebreros» y causó terror en la capital de Antioquia durante años. Actualmente, cumple una condena en la cárcel de Itagüí y desempeña un papel especial en las negociaciones de paz entre la Oficina de Envigado y el Gobierno Nacional.

Este no es el primer intento de atentar contra Federico Gutiérrez. En 2017, cuando era alcalde de Medellín, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hizo pública la existencia de un plan para atentar contra él. La Fiscalía reveló evidencias de un supuesto pacto entre bandas criminales, y Carlos «Pesebre» fue mencionado en conversaciones interceptadas mientras estaba en la cárcel.

En medio de la contienda electoral, Gutiérrez ha lanzado varias alertas sobre posibles interferencias en las elecciones locales. Ha expresado su preocupación por la liberación de criminales capturados durante su administración, quienes podrían quedar en libertad en plena época electoral debido a la Ley de Reconciliación Nacional impulsada por Gustavo Petro.

El candidato ha señalado que esta liberación podría estar vinculada a la instalación de mesas por la vida y la paz en los barrios de Medellín, generando coerción y constreñimiento para los ciudadanos que desean votar por él.

Federico Gutiérrez ha responsabilizado al presidente Petro de su integridad y la de los ciudadanos que temen el resurgimiento de estructuras criminales que causaron estragos en el pasado. La denuncia arroja luz sobre la importancia de garantizar un proceso electoral seguro y libre de amenazas en Medellín. La Fiscalía y la Procuraduría han sido instadas a tomar medidas inmediatas para investigar y prevenir cualquier acto de violencia que pueda afectar la campaña electoral y la seguridad de los ciudadanos.