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Hacia dónde va el feminismo en Colombia: entrevista a Ana Cristina González, pionera de Causa Justa

Leidy Garcia Balvin

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La referente feminista en Colombia habla sobre la decisión histórica de la despenalización del aborto y sus expectativas sobre el movimiento en el que ha caminado por más de 25 años

Ana Cristina González es uno de los personajes del año. Nacida en Medellín, Antioquia, se ha vuelto uno de los referentes de la lucha feminista en Colombia. Se unió a grupos feministas de su ciudad natal en los años 80′s y labró un camino a nivel nacional e internacional hasta convertirse en una de las pioneras del Movimiento Causa Justa por la eliminación del delito de Aborto, junto a Cristina Villareal.

Es médica, máster en investigación social en salud y doctora en bioética, ética aplicada y salud. Es investigadora, activista, docente y experta en salud, derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Ha sido consultora en la OMS, UNFPA, PNUD, ONUMUJERES y CEPAL. Fue exdirectora Nacional de Salud Pública, Integrante de la Articulación Feminista Mercosur, fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia y cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

Publimetro Colombia habló con la referente para conocer más sobre su vida y su perspectiva sobre el feminismo en Colombia, el cual ha visto crecer y tomar fuerza hasta este 2022, año en que se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, como otra causa conquistada del movimiento que busca la libertad reproductiva.

¿Cómo inició su lucha por los derechos de las mujeres?

A mí me pasó como le pasó a tantas mujeres, que empezaron a darse cuenta de muchas cosas que incomodaban. En mi caso personal en el sector de la Medicina me pasaron muchas cosas que me irritaron y me desacomodaron, como trabajar en un hospital muy importante en Medellín que me explicaba cómo corregir las imperfecciones de mi cutis, de qué color tenía que pintar mis labios, cómo me tenía que vestir y con qué tacones.

Eso me pasó hace 30 años en Medellín, cuando empecé a estudiar medicina. Tuve ausencias en mi formación profesional, como que nunca me dieron clases de anticoncepción. He leído mucha literatura y eso se cruzó con libros de Simone de Beauvoir o Virginia Woolf, El Segundo Sexo y la Habitación Propia, que me abrieron la mirada a encontrarme con mujeres que me invitaron a los grupos feministas en los años 80 de Medellín, que me ayudaron a ponerle nombre a esa incomodidad.

¿Cuáles han sido esos momentos retadores o difíciles dentro del feminismo en Colombia?

En primer lugar, empezar a ser feminista y profesional en una época donde hablar de feminismo estaba mal visto. Uno solo hablaba de que era feminista con otras feministas. Parte del desafío que nos impusimos muchas en esa época fue hablar de feminismo sin decir “feminismo”. Fue la época incluso en la que entró con mucha fuerza en la academia y el activismo la idea del enfoque y perspectiva de género, que exponía la pregunta de cómo las desigualdades entre hombres y mujeres nos atraviesan en lo que somos, en lo que elegimos, en las regulaciones que hay sobre lo que podemos y no podemos hacer.

Ahora, en los últimos años, lo buscan a uno por ser feminista y quieren escuchar sus perspectivas porque tiene una reflexión desde el feminismo y se volvió bueno, importante y necesario decir que uno habla desde una perspectiva feminista. En segundo lugar, la incertidumbre generada por la falta de claridad sobre la decisión de la despenalización del aborto, porque cuando se estaban por vencer los términos recusaron al magistrado Linares y no sabíamos qué iba a pasar, ese fue quizás el momento más difícil porque estábamos muy emocionadas y teníamos que guardar la calma para no desesperarnos.

¿Cómo percibe la evolución del feminismo en Colombia?

Cuando empecé a ser feminista tenía 20 o 21 años, y mis amigas tenían 15 años más que yo, era de las más chiquitas de la barra. Ahora soy una de las grandes. Ver eso desde otra perspectiva me reafirma que es con ellas y es gracias a ellas que esta lucha para mí ha sido posible, le dan sentido a la lucha, las que están a mi alrededor y para las que quiero que su vida sea mejor.

Tengo el privilegio de haber visto logros gracias a las que estaban antes, que lucharon por el sufragio y por hablar de nuestros cuerpos y la sexualidad. También me he dado cuenta de que hemos robustecido los derechos reconocidos y que se vuelvan una realidad en la vida de ellas. Lo único que he visto en estos 25 años ha sido progreso, la historia se mueve para adelante y las sociedades aspiran a ser mejores, y para eso tienen que reconocer que las mujeres somos ciudadanas de primera categoría.

Eso no significa que no hayamos visto cosas horribles, que la violencia contra las mujeres y los feminicidios no sean fenómenos absolutamente desoladores. Pero la manera como yo veo la historia es que hemos seguido conquistando, alcanzando, luchando, ejerciendo y al mismo tiempo esto empieza a generar tensiones culturales, por lo que la violencia contra nosotras se exacerban, pues sectores en la sociedad se sienten profundamente incómodos con la igualdad para nosotras. Eso es lo que denomino como batalla cultural, hay momentos de la historia que son más estáticos y los momentos de giro. En este momento estamos en choque cultural y la batalla cultural de este siglo es nuestra libertad reproductiva. Tan grande como en su momento fue el sufragio o la educación, hoy es nuestra libertad reproductiva.

¿Qué tanto progreso ha tenido Colombia si se hace la comparación a nivel regional y global?

Salvo Centroamérica (porque lamentablemente allí se concentran las desigualdades y violencias más terribles de nuestra región), América Latina es una región que ha avanzado en poner temas en la agenda pública. La violencia contra las mujeres la pusimos en agenda. El 25 de noviembre no es una fecha que creó la ONU, se creó en el primer encuentro de feministas en Colombia en el año 1981. Una dominicana, Magaly Pineda, dijo que deberíamos celebrar y conmemorar este día, que fue el día que mataron a las mujeres Miraval, tres dominicanas.

Eso hizo que en toda la región tuviéramos leyes contra la violencia hacia las mujeres, y dos factores lo han impulsado muy claramente: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y un movimiento feminista muy sólido que se reúne desde los años 80. Por supuesto que si miras un país como Urugay, Chile, Costa Rica, los indicadores de desigualdad son menos graves que en otros de nuestros países, pero mi perspectiva general es de avances.

¿A parte de la lucha insignia de Cusa Justa por el aborto, cuáles son esas otras piedras de tropiezo que más le preocupan en Colombia?

Creo que la libertad reproductiva está vinculada con muchas otras como nudos estructurales de la desigualdad y uno de los más fuertes es la división sexual del trabajo, que las mujeres sigamos siendo responsables mayoritariamente del trabajo no remunerado que se hace en los hogares, hace que tengamos desventajas en materia de autonomía económica y se perpetúa por la falta de autonomía reproductiva.

La violencia contra las mujeres, es cruenta contra nosotras y sigue siendo un problema de todo tipo, de impunidad, de salud pública, ente otros. También la falta de paridad en la toma de decisiones en la política.

¿Qué opinión tiene al respecto del Ministerio de la Igualdad?

Pese a todas las cosas que nos faltan conquistar, no hemos logrado que eso se materialice en una institucionalidad que se haga cargo de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. El borrador que conocimos sobre el Ministerio, que me parece excelente, me preocupa que al final es uno donde hay un montón de poblaciones que parecen no expresar una mirada estructural sobre la desigualdad.

Este Ministerio tiene seriamente que pensar de qué manera va a marcar la relevancia que tiene la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que está atravesada por otras como la desigualdad racial, demográfica, y otras. Me preocupa la fragilidad que veo en la propuesta. No conozco la versión final aprobada. Nos estamos colgando en un Ministerio en el que hay que pensarnos cómo ordenamos esa lucha por la desigualdad y cómo se van a recoger las demandas y exigencias del movimiento feminista.

¿Cuáles son sus expectativas para el movimiento feminista en Colombia?

Por lo pronto, tenemos el desafío de un sistema de cuidado que articule la responsabilidad del Estado, el mercado y las familias en una apuesta que nos ayude a liberar a las mujeres de ese tiempo de trabajo no remunerado que les impide tantas cosas. La libertad reproductiva sigue en disputa y hay que conquistar la cabeza y el corazón de las personas, para lograr la despenalización social y cultural del aborto.

Fuente: Publimetro

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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