Gustavo Petro sanciona ley que sustituye penas de prisión para 5 mil mujeres cabeza de hogar

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El presidente Gustavo Petro sancionó este miércoles la ley que sustituye, con enfoque de género, las penas de prisión de cerca de cinco mil mujeres condenadas que son cabeza de hogar y están en condición de marginalidad.

En el acto de sanción de la norma, celebrado en el Comando de la Policía de Quibdó, el jefe de Estado recordó que apoyo este proyecto de ley siendo congresista en la Comisión Primera del Senado. “Ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como presidente de la República firmo para que se convierta en ley”, dijo.

En julio de 2021, la ley pasó a sanción presidencial, pero fue objetada. Por lo tanto, pasó a examen de la Corte Constitucional, que se pronunció por medio de la sentencia C-256 del 6 de julio de 2022, rechazando las objeciones y devolviendo el texto del proyecto de ley a la Cámara de Representantes, que la remitió nuevamente a la Presidencia de la República para la respectiva firma.

El primer mandatario explicó que con la ley busca evitar que los hijos de las mujeres privadas de la libertad crezcan “sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales”. “Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”, aseveró.

Además, Petro rescató que decidieron firmar la ley el Día Internacional de la Mujer “porque inicia otra manera de hacer las cosas”. “Quizás, la mujer presa es la más excluida de todas, porque sufre todas las exclusiones juntas que sufren todas las mujeres”, dijo.

Finalmente, el presidente indicó que es necesario “conducir a la sociedad a mayores niveles de libertad”. “No es encarcelando a las sociedades como nos salvamos de la violencia (…) es en la libertad donde se construyen las sociedades”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que la norma se aplicará solo a mujeres que tengan condenas inferiores a 8 años y, a cambio de su libertad, deberán prestar servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan a la comunidad y reconstruyan el tejido social que se afectó por la comisión del delito.

En su concepto, la ley busca beneficiar a los menores de edad de las familias vulnerables, así como propiciar la inclusión social de mujeres cabeza de hogar en estado de marginalidad. Además, da respuesta al histórico estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario.

Las medidas alternativas a la prisión que contempla la ley favorecen la reducción de la reincidencia y evitan el rompimiento de vínculos sociales, familiares, y la generación de estigmas y discriminación.

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