“¿Querían que dispararan a 7.000 campesinos?”

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El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes al llamado a indagatoria que abrió la Procuraduría General de la Nación a los ministros de Defensa, Iván Velásquez y del Interior, Alfonso Prada, por el manejo que le dieron a la protesta en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 2 de marzo y en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública fallecieron dos personas, entre ellos un uniformado, y 78 policías fueron secuestrados durante varias horas por un grupo de campesinos.

“Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo. ¿Qué es lo que quieren hoy algunos entes públicos?: Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán?”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, Petro reiteró en su publicación que su gobierno respeta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se privilegiará a la resolución pacífica de conflictos. “Otras políticas de seguridad basadas en la sangre del pasado no son las nuestras. Nosotros dialogamos con la sociedad para proteger la vida. Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente”, agregó.

Las declaraciones de Petro tienen que ver con el anuncio del Ministerio Público, que indagara si los ministros cometieron faltas disciplinarias sobre la forma en la que atendieron la protesta en la planta de la petrolera Emerald Energy en Los Pozos, donde los manifestantes exigían, entre otras cosas, que pavimentaran los 42 kilómetros de la vía que conduce de San Vicente a Las Delicias.

“Si bien es cierto se hace expresa referencia al actuar de dos funcionarios concretos, Alfonso Prada e Iván Velásquez, como ministros del Interior y de Defensa Nacional, respectivamente, como servidores que habrían podido incurrir en conductas de posible relevancia disciplinaria, no es menos cierto que existe una indeterminación fáctica que se torna necesario precisar a partir de la indagación previa que, como se indicó, prevé, entre otros, este tipo de finalidades”, señaló la Sala Disciplinaria de Instrucción.

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Asimismo, la entidad también anunció el pasado viernes 3 de marzo una indagación previa contra funcionarios de la Policía con el fin de establecer si faltaron apoyos a otros miembros de la institución que intentaban controlar la situación durante la manifestación.

“Se solicitó respaldo en diversas comunicaciones radiales, el cual no habría sido brindado, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de dos de ellos”, indicó la Delegada Disciplinaria de Instrucción.

En ese sentido, la Procuraduría considera necesaria dicha investigación para “despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos” y solicitó “practicar pruebas contundentes” para identificar a los mismos y esclarecer si se actuó “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

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