Tanto los constructores como otras 25 personas naturales y jurídicas enfrentan un proceso en la Contraloría por detrimento patrimonial en la megaobra.
Tras señalamientos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el Comité Intergremial de Antioquia rechazó que la base empresarial tenga interés en proteger a los contratistas de Hidroituango imputados por la Contraloría.
Insiste que la única preocupación es que un eventual cambio en los constructores retrasaría las obras e impediría que la hidroeléctrica entre en operación en 2022, así como un posible impago de las aseguradoras que pondría en riesgo las finanzas de EPM.
Esta asociación, de 34 de los gremios más importantes de la región, sostuvo que lo más importante es buscar acciones que permitan la continuidad segura de la megaobra y al mismo tiempo proteger a EPM de las consecuencias de nuevos retrasos en la puesta en marcha de las primeras dos turbinas de generación en junio y noviembre de 2022.
Tomado de Duván Vásquez – Blu Radio