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Fondo Multidonante garantiza recursos por 17,4 millones de dólares para la implementación del Acuerdo de Paz en 2023

Leidy Garcia Balvin

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• El Gobierno del Cambio, países donantes, Naciones Unidas y Representantes de Sociedad Civil aprueban nuevo Plan de Inversiones para el Fondo ONU para La Paz.

• El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, manifestó que el Fondo Multidonante contribuirá en el 2023 a concretar las respuestas institucionales a los compromisos que se derivan de los ejercicios de construcción de paz con las comunidades.

• Los recursos anunciados serán orientados a financiar diferentes prioridades, entre las cuales vale resaltar el apoyo a la aceleración de la Reforma Rural Integral.

El Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz anunció este miércoles la aprobación de un nuevo Plan de Inversiones y nuevas contribuciones de los países cooperantes para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, por el orden de los 17,4 millones de dólares.

Las nuevas contribuciones para el 2023 corresponden a Noruega (US $8,7 millones), Alemania (US $7,4 millones), Irlanda (US $750.000) y Reino Unido (US $550.000).

Cabe destacar que estas nuevas contribuciones se suman a otras realizadas por Canadá, Suecia, Suiza, España, Emiratos Árabes, Corea, Finlandia, Nueva Zelanda, Chile y Portugal, así como las del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, el Fondo Humanitario y de Paz para las Mujeres de la ONU.

Estos países y entidades han apoyado a Colombia de manera coordinada en la implementación del Acuerdo de Paz, y mantienen su compromiso con la consolidación de la paz.

Durante el Comité Directivo, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia y Copresidente del Fondo Multidonante, Mauricio Lizcano Arango, aseveró que “eI Presidente Gustavo Petro agradece a la comunidad internacional y de manera muy especial a los países donantes del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Este nuevo plan de inversiones y las contribuciones anunciadas para 2023 son un avance muy importante para conseguir la Paz Total”.

Recursos para construcción de paz en los territorios

Entre tanto, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, manifestó que el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas contribuirá en 2023 a concretar las respuestas institucionales a los compromisos que se derivan de los ejercicios de construcción de paz con las comunidades.

Por su parte, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y Copresidenta del Fondo, Mireia Villar Forner, subrayó: “El día de hoy los socios del Fondo asignaron recursos a temas estratégicos y prioritarios para seguir apoyando la implementación del Acuerdo de Paz. Agradezco nuevamente a la cooperación internacional y al Gobierno Nacional por su confianza en este mecanismo, gracias al cual se han podido sostener en estos 6 años inversiones transparentes hacia las comunidades”.

Con estos nuevos recursos anunciados, el Fondo tendrá disponibles 208.000 millones de pesos para financiar diferentes prioridades, entre las cuales vale resaltar el apoyo a la aceleración de la Reforma Rural Integral, el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016, que incluye el acceso integral a la tierra, la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la seguridad alimentaria.

Asimismo, se busca garantizar la seguridad humana, en particular la protección de los defensores de los derechos humanos y promover un compromiso integral para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

En el mismo contexto, los recursos se destinarán al fortalecimiento del proceso de reincorporación, incluyendo alternativas productivas y de empleo sostenibles para los excombatientes.

Los dineros también van orientados al apoyo a las víctimas, promoviendo la reparación colectiva de las comunidades étnicas y la restitución de tierras como medida de reparación, así como al Sistema Integral para la Paz.

El Fondo es un mecanismo que fue creado en 2016 entre las instituciones del Gobierno, los países donantes y las Naciones Unidas con el fin de movilizar y cofinanciar intervenciones en apoyo a la implementación de la paz.

(Con información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Naciones Unidas)

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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