Nacionales
Fiscalía investiga que pasó el pasado 7 de abril, que 14 soldados resultaron presuntamente intoxicados o envenenados, tras consumir un almuerzo

La Fiscalía investiga qué ocurrió con un almuerzo que le quitó la vida a un joven militar.
Max, una mezcla de perro criollo con akita, era un soldado más del pelotón. Salía a las largas jornadas de infantería, cruzaba ríos, acampaba y hacía deporte como cualquier otro. También ranchaba (almorzaba) con el grupo, y por eso el pasado miércoles 7 de abril no tuvo problema en comer del arroz y del pollo sudado que prepararon sus amigos en un corral de la vereda Colorado de Puerto Salgar, Cundinamarca, cuando descansaban de las labores de control en la zona.
El almuerzo habrá sido a eso de las 2 de la tarde, pero ya faltando un cuarto para las tres, Max y 14 soldados más del pelotón Gladiador n.º 1 del batallón de infantería n.º 38 Miguel Antonio Caro, con sede en Facatativá, empezaron a caer al piso doblados por un dolor estomacal.
Kevin Stiven Rúa Godoy, de 19 años, hijo de Lim Nieves Godoy, oriundo de Carmen de Apicalá, fue el que presentó los síntomas más graves. No se veía bien. Nadie entendía lo que estaba pasando. Uno de los soldados sacó su celular y empezó a grabar como si se tratara de algo anecdótico, un recuerdo para reírse luego, pero las imágenes no eran graciosas: jóvenes llorando, recogidos como caracoles, y otros, sanos, tratando de ayudar con agua de panela y baldes para descargar el vómito.
«Nos mandan a formar, y el que falleció ya estaba grave, nosotros como que uy; y va uno, y el otro, y va el otro, vamos cayendo todos. A mí me da como un mareo, ganas de vomitar, no me podía mover, no podía casi respirar, necesitaba aire, estaba ido totalmente«, contó el uniformado, sin dar nombre o apellido, uno de los jóvenes que resultó afectado ese día después del almuerzo: pasta, papas, arroz y un pollo comprado horas antes en cualquier negocio de La Dorada, Caldas.
Kevin y Max fallecieron luego. Información publicada por medios locales el 8 de abril indican que lo ocurrido ese día fue una intoxicación, producto de un posible mal manejo de los alimentos preparados por los mismos soldados.
El despliegue para sacarlos de la zona rural estuvo integrado por un camión, camionetas, ambulancia y otros vehículos que inicialmente llevaron a los afectados al hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, a un centro médico de La Dorada y a la unidad médica de la base aérea de Palanquero.
Algunos fueron dados de alta, mientras que otros, entre ellos Kevin, fueron trasladados en helicóptero al Hospital Militar de Bogotá. El jueves 8 de abril, Lim Nieves, su madre, fue llevada por el Ejército hasta el lugar donde estaba recluido, en estado crítico, su único hijo hombre. Le quedó una niña de 13 años.
«Cuando yo llegué allá, él estaba intubado, con suero y algunos medicamentos. A mí el médico me dijo que la situación de él era bastante crítica. Que le estaban haciendo exámenes y que lo más posible era que tenía muerte cerebral (…), que ellos habían comido en el almuerzo algo con veneno, pero todavía los exámenes no arrojaban qué tipo de veneno era. Eso me dijo el primer médico que lo vio», contó la mujer sobre lo que le habrían informado en el reporte inicial que recibió sobre el estado de salud de su hijo.
La Fiscalía tiene dos hipótesis sobre lo sucedido
Sin embargo, el supuesto envenenamiento no está confirmado. Con el paso de los días, los demás afectados fueron dados de alta tras algunos días de hospitalización. Sin embargo, Kevin murió el pasado 12 de abril y no podrá estar, el próximo 30 de abril, en la ceremonia en la que se dará por terminada la prestación de servicio de sus compañeros.
Con los meses en la milicia, su padecimiento se intensificó a raíz del miedo por el manejo de armas y de momentos de tensión por enfrentamientos contra grupos ilegales.
Hasta el momento, según dice Lim, las autoridades no le han dicho exactamente qué fue lo que pasó con su hijo. Información oficial consultada por este diario con fuentes militares indica que la principal hipótesis que se maneja es que hubo una inadecuada manipulación de la comida. Esto es algo que suele suceder, explicaron. Los muchachos cargan el mercado, la gasolina y el aceite a través de largos recorridos, y ranchan en el mejor lugar que encuentran en el camino.
«A mí me dijeron, el comandante y el uno y el otro, que se habían intoxicado con la comida, que habían comprado un pollo congelado yo no sé dónde (…), que se habrían confundido con algún químico o algo», relató la mujer lo que, según ella, le han estado diciendo desde entonces, y hasta este momento, en el Ejército.
El pollo lo compraron dos soldados en La Dorada. El grupo completo
Hay consenso entre los soldados de que sea lo que sea que haya pasado, no lo hizo ninguno de ellos, o sus superiores, aunque a Lim le parece extraño que el comandante de la compañía no estuvo en el momento de los hechos, no comió con ellos porque horas antes se había ido a otro lugar.
Max la mascota murió tras comer junto con ellos
El soldado que tuvo que cocinar ese día le contó a la mamá de Kevin que él estuvo pendiente de todo, y que cocinó como solía hacerlo. No notó nada extraño, solo que el arroz olía un poco raro. Pero que el hambre después de arduas jornadas de infantería no los hace detenerse en esos detalles. El ranchero también estuvo hospitalizado, por lo que las dudas crecen.
«Además, cuántos muchachos estuvieron mal… eso no fue por un arroz. Incluso, yo hablé con el muchacho que cocinó y él me dijo: ‘Mamá, yo hice el arroz, la papa, la pasta, el pollo llegó de último, entonces dejé a mi compañero con las ollas, y él no deja arrimar a nadie, fui y lavé el pollo y vine y lo preparé, y cuando vine a servir, que probé otra vez el arroz, ya sabía maluco, como a gasolina’. Yo le dije que cómo se iban a comer eso, que por qué no sirvieron el resto y el arroz lo dejaban, y me dijo que porque allá el hambre los hace comer lo que sea».
Según ese testimonio, sirvieron la comida, la revolvieron toda y se la comieron. Kevin habría sido el soldado que más comió esa tarde, y el primero en sentir los síntomas.
Solo hay, hasta el momento, una situación sospechosa. En el corral donde acampó la compañía había unas vacas. Unos ganaderos no podían sacarlas o entrar otras mientras ellos estaban ahí. Aunque no hubo roces con ellos, sí se notó, explica un soldado, que estas personas no estaban cómodas con su presencia, pero no hay ningún indicio o prueba concreta que pueda vincularlos con alguna mala intención.
No obstante, con todo esto, desde la XIII Brigada del Ejército Nacional explicaron que los hechos son materia de investigación y que todavía no hay resultados de estas labores. Agregaron que para que esto se resuelva con la mayor transparencia posible, el caso fue trasladado a la Fiscalía. Mientras tanto, Lim espera los resultados de la necropsia de su hijo, cuyo cuerpo fue trasladado a Medicina Legal el mismo día de su fallecimiento, el 12 de abril.
Nacionales
Fiscal Barbosa critica la «paz total» de Gustavo Petro: «Es una paz criminal»

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, expresó fuertes críticas hacia la política de «paz total» promovida por el presidente Gustavo Petro durante su intervención en el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en la ciudad de Cali. Según Barbosa, esta iniciativa de Petro es una «paz criminal» debido a su enfoque en la liberación de delincuentes.
El conflicto entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro se centra en los puntos relacionados con la «paz total», un programa emblemático de Petro que busca suspender las órdenes de captura de varios miembros y líderes de grupos criminales. Barbosa ha suspendido órdenes de captura de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en aras de avanzar en los diálogos de paz con este grupo guerrillero en La Habana. Sin embargo, se opone firmemente a aplicar la misma medida a miembros de organizaciones delictivas armadas como las disidencias o el Clan del Golfo.
El fiscal general ha rechazado la liberación de jóvenes pertenecientes a la denominada «primera línea» que enfrentan procesos judiciales por diversos delitos. Además, cuestionó la etiqueta de «verdugo» que le asigna Gustavo Petro, sosteniendo que él está respetando y haciendo cumplir la ley.
Barbosa enfatizó que los verdaderos «verdugos» son aquellos que intentan liberar a criminales de las cárceles, poniendo en riesgo la seguridad de los colombianos, y los calificó como «terroristas urbanos». En sus palabras: «Algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia. Llamen verdugos a los delincuentes, no a las instituciones».
Además de sus críticas a la política de paz de Petro, el fiscal Barbosa solicitó respeto para la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, con quien el presidente ha tenido diferencias notables, especialmente en relación a las sanciones impuestas a mandatarios regionales. Barbosa instó al presidente a un «acuerdo nacional» para garantizar el respeto a la procuradora y a otras instituciones.
Finalmente, el fiscal anunció que la Fiscalía General de la Nación investigará las amenazas denunciadas por el candidato a la Alcaldía de Medellín y exalcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Gutiérrez afirmó que una coalición de corruptos y criminales está conspirando para poner fin a su vida.
Nacionales
Gobierno Petro denuncia al exministro de Salud, Fernando Ruiz, por supuesto detrimento de $3.000 millones

El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del exministro de Salud, Fernando Ruiz, por supuestas irregularidades en la adquisición de medicamentos contra la malaria. La acusación apunta a una presunta sobrecompra de estos medicamentos por un valor cercano a los $3.000 millones de pesos, un hecho que ha generado controversia en el país.
El Ministerio de Salud, bajo la administración de Gustavo Petro, ha interpuesto esta denuncia penal debido a la compra de casi dos millones de medicamentos contra la malaria, con un total de 1.996.979 unidades adquiridas. Según el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, esta cantidad excede ampliamente las necesidades del país y podría satisfacer la demanda de tratamiento de esta enfermedad durante 373 años para la población entre 5 y 9 años. Además, destaca que para junio de 2024, estos medicamentos estarían vencidos o podrían ser donados a toda América, lo que subraya la supuesta irregularidad en la adquisición.
La denuncia penal, presentada por el director jurídico actual del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, data del 12 de julio y señala al exministro Fernando Ruiz de presuntos delitos que abarcan desde peculado por apropiación a favor de terceros hasta prevaricato por omisión y la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Según información de El Cambio, se alega que Ruiz debió haber adquirido 1.104.202 medicamentos en lugar de los más de 2 millones comprados. La compra, realizada a través de un contrato con la Organización Panamericana de Salud, ascendió a un valor de 8.999 millones de pesos.
La noticia ha suscitado un debate político en el país, y el expresidente Iván Duque, quien lideraba la administración durante la época en que se efectuó la compra, ha salido en defensa de su exministro.
Duque expresó en Twitter: «Fernando Ruiz es un hombre probo, un profesional técnico de la salud que asumió el Ministerio de Salud en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente y que ha tenido una trayectoria sin tacha a lo largo de su vida profesional. Hoy, debido a su oposición a la desastrosa reforma a la salud que ha propuesto el gobierno, para volver a las épocas del Seguro Social, lo persiguen y acusan por comprar medicamentos en momentos de grandes volatilidades internacionales de precio. Su integridad derrota cualquier intento de acallar su voz.»
La denuncia contra Fernando Ruiz plantea un desafío legal y político en medio de las discusiones sobre el sistema de salud en Colombia y sus posibles reformas. El desarrollo de esta investigación será seguido de cerca por la opinión pública y los actores políticos en el país.
Nacionales
Minga indígena se toma la Revista Semana: Ingresan rompiendo vidrios del edificio

En una tarde de tensión y sorpresa, miembros de la minga indígena que previamente habían intentado ingresar a la Casa de Nariño, protagonizaron un episodio impactante al tomar por asalto las instalaciones de la reconocida Revista Semana, situada en el norte de Bogotá. El incidente, que se desarrolló en el transcurso de este viernes, dejó la entrada principal del edificio dañada y causó alarma entre los presentes.
Los manifestantes, decididos a expresar su descontento, ingresaron al edificio de la revista Semana de manera violenta, rompiendo vidrios en su entrada principal y desencadenando una serie de momentos de tensión y pánico. La situación se tornó aún más impactante al conocerse que la periodista Vicky Dávila, directora del medio de comunicación, se encontraba presente en ese momento.
Fue la propia Vicky Dávila quien, a través de sus redes sociales, informó detalladamente sobre lo que acontecía en las oficinas de la revista. En su cuenta de Twitter, la periodista publicó un mensaje urgente: «Por favor, le pedimos ayuda a la Policía. Un grupo grande de indígenas rompió vidrios en el edificio de Semana e ingresó a la fuerza».
La rápida respuesta de las autoridades no se hizo esperar, y en cuestión de minutos, agentes de la Policía llegaron al lugar para controlar la situación. Vicky Dávila expresó su gratitud al general Salamanca por la pronta acción policial, escribiendo en sus redes: «Gracias al general Salamanca ya se puso en contacto con nosotros. Dios le pague».
Uniformados de la Policía actuaron con eficiencia para sacar a los manifestantes indígenas del edificio de Semana y restaurar el orden en la zona. Además, se reporta la presencia de agentes del antiguo Esmad para evitar la ocurrencia de más altercados.
Este inusual episodio en las instalaciones de la Revista Semana, uno de los medios de comunicación más influyentes en Colombia, ha generado preocupación y debate en la sociedad. La acción de la minga indígena y su ingreso forzado al edificio plantea interrogantes sobre la seguridad y el respeto a la libertad de prensa en el país, temas que seguramente serán objeto de análisis y discusión en los días por venir.
A continuación, varias de las imágenes que se conocieron de la emergencia que se vivió en el edificio de Semana:
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