Firmatón de contratos prohibidos antes de las elecciones regionales, y no pasa nada

Totus Noticias
4 Min Lectura

La práctica de firmar contratos en época preelectoral continúa siendo un problema en Colombia, a pesar de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías. Alcaldías y gobernaciones de todo el país han estado en el centro de la controversia por la celebración de convenios o contratos interadministrativos en los días previos a las elecciones del 29 de octubre.

Por ley, las autoridades deberían detener la celebración de estos convenios, la modificación de plantas de personal y la participación en política de servidores públicos antes de las elecciones. La Procuraduría General instó a aplicar el principio de la planeación para evitar gastos irresponsables con fondos públicos en la recta final de las administraciones. Sin embargo, en la práctica, estas restricciones se han incumplido repetidamente.

Un análisis del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) revela que el 28 de junio, horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se produjo una oleada de contratación en muchas alcaldías y gobernaciones. Contratos con objetivos vagos, como «optimizar» procesos, se firmaron a altas horas de la noche, lo que suscita dudas sobre su eficacia y justificación.

El Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) informa que el 46,2% de los convenios interadministrativos suscritos en 2023 se realizó durante la Ley de Garantías, con un valor de 1,25 billones de pesos. Además, no todos los contratos de entidades públicas se reportan adecuadamente. La Auditoría General de la Nación identificó un aumento en la firma de contratos justo antes de que entraran en vigencia las restricciones, lo que plantea cuestionamientos sobre la transparencia de la contratación pública.

Regiones como Cundinamarca, Bogotá, Valle, Boyacá, Antioquia, Santander y Nariño lideran en la firma de contratos en términos de cuantía, mientras que Cundinamarca, Huila, Boyacá, Bogotá y Meta encabezan la lista en cantidad de contratos. En Cali, se suscribieron 41 contratos por más de 45.000 millones de pesos en un solo día, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

La práctica de vincular personal por prestación de servicios también se ha mantenido, aunque no está prohibida. La violación de estas restricciones sigue siendo una preocupación en la temporada preelectoral, ya que puede propiciar la utilización de recursos públicos para fines clientelistas.

En este contexto, la Federación Colombiana de Municipios ha solicitado la derogación de la Ley de Garantías o, al menos, la realización de ajustes para abordar las necesidades de los mandatarios locales.

La firma de contratos y la contratación restringida por la Ley de Garantías continuaron incluso después de la entrada en vigencia de la norma. Organizaciones como la Red de Veedurías de Colombia señalan que la contratación en esta época busca mantener el control político y favorecer a candidatos que buscan suceder a los mandatarios locales actuales, muchos de los cuales están vinculados a los funcionarios de alto nivel en ejercicio.

La proliferación de convenios y contratos en esta temporada plantea desafíos para los organismos de control y resalta la necesidad de abordar las deficiencias en la contratación pública preelectoral en Colombia.

Cuadro de comentarios de Facebook
Comparte este artículo