Expresidente Álvaro Uribe critica nombramiento de 36 Magistrados Auxiliares en la JEP: «País de Derroche»

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Ha generado controversia y fuertes críticas, Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha nombrado a 36 magistrados auxiliares procedentes de un banco de hojas de vida. Estos magistrados están destinados a apoyar la labor de los magistrados principales en investigaciones relacionadas con el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no tardó en expresar su descontento en redes sociales, arremetiendo contra la decisión y denunciando lo que él llama un «país de derroche».

En un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, el expresidente Uribe manifestó su desaprobación ante el nombramiento de los 36 magistrados auxiliares en la JEP, haciendo hincapié en el costo de la nómina de estas nuevas incorporaciones. «País de derroche, JEP nombra 36 magistrados auxiliares más. Salario de sus equivalentes en otras cortes», expresó Uribe Vélez, señalando el alto costo que representa para el Estado la contratación de estos funcionarios.

La crítica del expresidente Uribe se fundamenta en su histórica oposición al establecimiento y funcionamiento de la JEP. Desde su creación, Uribe ha cuestionado tanto algunas decisiones tomadas por esta jurisdicción como la creación de burocracia adicional que, en su opinión, podría ser fácilmente reemplazada por un mecanismo con menos cargos y costos para el Estado.

Es importante destacar que, según la escala salarial de 2023 que aún se aplica, un magistrado auxiliar de la JEP percibe un salario mensual de 37.588.558 pesos. Este salario incluye un básico de 14.958.310 pesos, complementado con una bonificación de 22.662.972 pesos, lo que convierte a los magistrados auxiliares de la JEP en algunos de los funcionarios públicos mejor remunerados del Estado.

El nombramiento de estos magistrados auxiliares en la JEP y las críticas del expresidente Álvaro Uribe reflejan el continuo debate en torno al papel y funcionamiento de esta jurisdicción especial en el contexto del proceso de paz en Colombia, así como la preocupación por el manejo de recursos públicos en el país.

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