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Estos son los polémicos contratos que adelanta la Policía para adquirir drones, lanzadores de gases y hasta biblias

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De acuerdo con la institución estos elementos deberían ser usados bajo un principio de racionalidad y en casos donde el orden público y la seguridad de los ciudadanos este en juego.

Colombia ya cumplió tres semanas de paro nacional, impulsado por la inconformidad de algunos ciudadanos por la crisis económica, política y social que esta viviendo el país. Los manifestantes que se han expresado saliendo a las calles en diferentes zonas del territorio han sido críticos frente a la presencia de la Policía y el escuadrón del Esmad, pues han denunciado junto con instituciones y Organizaciones el uso excesivo de la fuerza por parte de esta institución.

Actualmente hay investigaciones en curso contra funcionarios de la institución porque ocasionaron la muerte de algunos civiles haciendo uso de los elementos de defensa, incluso, en días pasados la alcaldesa de Bogotá Claudia López pidió que no siguieran usando las balas de goma porque en su mayoría habían ocasionado la perdida de los ojos de algunos ciudadanos.

Pese a las peticiones de no continuar usando este tipo de elementos y hasta retirar la presencia de agentes de la policía en algunas zonas del país, la w Radio dio a conocer tres polémicos procesos de contratación que adelanta la Policía Nacional, los cuales suman cerca de 11 mil millones de pesos para comprar drones que le sirvan al Esmad, cerca de 195 mil municiones menos letales, lanzadores de gases y 720 biblias para la institución.

Uno de los contratos, es para la adquisición de 4 drones para los escuadrones móviles antidisturbios que son usados para la localización de personas o zonas donde se podrían estar creando actos de violencia, cada uno tiene un valor de 104 millones de pesos, lo que suma un total de 417 millones de pesos.

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De acuerdo con la emisora colombiana, en el contrato se especifica que los drones tengan todos sus componentes y que sirvan para un tiempo de vuelo de 55 minutos, un alcance de transmisión de hasta 15 kilómetros con sistemas RTK de precisión, GPS y una capacidad de 82 kilómetros por hora para poder grabar los procedimientos del escuadrón.

El segundo contrato es para la compra de equipos y suministros de defensa de la Policía que en el contrato se justifica su compra como forma de cumplir con su labor y salvaguardar la vida de los agentes en medio de los procesos. S estima un gasto de 10 mil 495 millones de pesos para este contrato que incluye la compra de más de 57 mil cartuchos de gas de 37 milímetros que valen 3.340 millones de pesos en total, lo que equivale a 58 mil pesos cada uno.

“Pueda cumplir con su misión y en especial la descrita en el Plan Nacional de Desarrollo, adquiriendo elementos que permitan salvaguardar la integridad de los policías, quienes a través de esta protección podrán actuar con una mayor seguridad en los casos policiales, impactando directamente en la contribución de la seguridad de los ciudadanos”, se lee en el contrato.

Sin embargo, estas no son las únicas municiones pues, además, se pretende comprar 34 mil 600 cartuchos de 40 milímetros que valen 56 mil pesos la unidad y 6.571 cartuchos impulsores, a 22 mil pesos cada uno. Estos elementos suman más de 5 mil millones de pesos.

Pero no son los únicos, también se comprarán casi 10 mil granadas de gas, 5.600 granadas de aturdimiento, 5.800 granadas multi impacto y casi 4 mil granadas de humo de colores, cuyo valor total supera los 4.100 millones de pesos.

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Este tipo de municiones de acuerdo con el reglamento sólo se pueden usar con un entrenamiento previo y además, el reglamento destaca que “el personal uniformado de la Policía Nacional al hacer uso de la fuerza, armas, municiones, elementos, dispositivos menos letales y armas de fuego, debe hacerlo de manera moderada y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza y el objetivo”.

Además, de acuerdo con la institución deben ser usadas bajo un principio de racionalidad y sólo deben ser usada en casos donde el orden público y la seguridad de los ciudadanos este en juego. Pues, aunque son consideradas armas no letales, dándoles un mal uso si pueden ocasional la muerte de una persona.

Tomado de: Infobae.com

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Francia Márquez dijo ante comunidad internacional que “muchos medios de comunicación nos atacan con visceralidad”

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a vicepresidenta Francia Márquez se sumó a las críticas del Gobierno Petro contra los medios de comunicación en Colombia y en un escenario internacional señaló a los periodistas como culpables de que la mujer no tenga mayor participación en los diferentes escenarios.

Según Márquez, en Colombia “el patriarcado quiere mujeres que no digan nada, sobre todo si somos progresistas y hay una molestia por aquellas mujeres que vienen de luchas sociales, de los pueblos y con ganas de justicia social”.

En ese escenario, Márquez señaló que muestra de todo ello es que “no es casualidad que muchos medios de comunicación nos atacan con visceralidad”.

A juicio de la vicepresidenta, en Colombia no gustan de las mujeres que quieren hacer cambios sociales y que hay muchas agresiones en contra de quienes quieren luchar.

“Nuestros relatos son caricaturizados, no es casualidad que nuestros logros sean minimizados. Los ataques en mi contra no solamente son por lo que propongo, también por lo que represento. Me cuestionan cómo me visto, cómo hablo, cómo me siento y por todo”.

En el Foro ‘Mujeres de América: Por los derechos y el bienestar’, que se adelantó en Ciudad de México, Márquez reiteró que en Colombia hay múltiples actos racistas, aunque reconoció que en la región hay avances sociales.

Fuente: Semana

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Presidente Petro cuestionó llamado a juicio de la Procuraduría a Sergio Fajardo y lanzó pulla contra el Ministerio Público, ¿qué dijo?

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El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra la decisión que adoptó la Procuraduría contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, organismo que lo llamó a juicio disciplinario con una formulación de pliego de cargos.

El mandatario colombiano señaló a través de su cuenta de Twitter, que el Ministerio Público no puede quitarle derechos políticos a personas que hayan sido elegidas por voto popular, mencionando nuevamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tumbó su destitución cuando fue alcalde de Bogotá.

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que defenderá a los funcionarios elegidos en las urnas, a pesar de que sean aliados a su Gobierno o no; Fajardo ha sido uno de los críticos de su administración.

“Todo esto solo tiene el fin de evadir lo que realmente esta sucediendo. A ningún funcionario elegido popularmente ni a ningún ciudadano o ciudadana la Procuraduria puede quitarle derechos políticos. Sean aliados míos o no. La norma es general y se debe a la sentencia CIDH de obligatorio cumplimiento”, trinó Petro.

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de contratación del túnel del Toyo, ubicado a 70 kilómetros de Medellín, en jurisdicción del municipio de Giraldo.

Sede de la Procuraduría General de la Nación.© Proporcionado por Semana

Al parecer, el entonces gobernador habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -Idea- para la administración y pagos de los recursos destinados al proyecto por la Gobernación y el municipio de Medellín, que ascendían a más de 1,3 billones de pesos, cuando lo pertinente era la contratación de una fiducia mediante la convocatoria de una licitación pública.

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Sergio Fajardo Gustavo Petro© Publicaciones Semana

Para el Ministerio Público, Fajardo Valderrama no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Además, el Idea no tenía la capacidad para asumir las obligaciones del contrato suscrito, pues no es una sociedad fiduciaria y por lo tanto no cumple sus roles ni sus funciones.

Sergio Fajardo© Proporcionado por Semana

El órgano de control señaló que no era viable jurídicamente que el gobernador Fajardo suscribiera un convenio a través del cual se modificaba irregularmente el convenio interadministrativo de colaboración mencionado, “habilitando, contra la ley, la suscripción directa de un contrato interadministrativo con el Idea, es decir omitiendo la selección objetiva”.

Procuradora Margarita Cabello Blanco© Proporcionado por Semana

Añadió que Fajardo Valderrama “al parecer fue irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó, dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo no sólo sin contar con las entidades estatales que lo habían suscrito inicialmente, sino que también vulnerando los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, con el fin de entregar la administración y manejo de los recursos destinados para el Proyecto Túnel El Toyo al Idea”.

Procuraduría General de la Nación© Proporcionado por Semana

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la aparente conducta del exgobernador como una falta gravísima cometida a título de dolo.

En el mismo auto se archivó la investigación para Aníbal Gaviria Correa, en su calidad de alcalde de Medellín para la época de los hechos; la exdirectora administrativa de Antioquia, Paula Cristina Arboleda Jiménez; el exgerente de Proyectos Estratégicos del departamento, Juan Sebastián Camargo Tobón, y los exdirectores administrativos de la Secretaría de Infraestructura, Sandra Velásquez y Rodrigo Echeverry Ochoa.

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Además se archivó para el subsecretario técnico de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, Héctor Alonso Gómez Giraldo; el asesor de ese despacho, Juan Martín Salazar Vélez; la exdirectora financiera de Proyectos Financieros de Antioquia, Lina Marcela Moncada Hincapié; el exgerente de Proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, Juan Carlos Rengifo Ramírez, y el representante del Instituto Nacional de Vías, Orlando Ortiz Gómez.

En enero de 2018 comenzó la construcción del Túnel del Toyo, una obra de 9,84 kilómetros: será el más largo de América Latina. Para realizarla se necesitan potentes máquinas, como retroexcavadoras, tractores y perforadoras Jumbo. Precisamente, la operación de estas últimas está a cargo de 200 profesionales: 198 hombres y dos mujeres.

Aparecen contundentes pruebas a favor de Sergio Fajardo y sus exfuncionarios en el caso del crédito en dólares, en la Gobernación de Antioquia; ¿habrá preclusión?

Era abril de 2021 y la campaña por la presidencia estaba al rojo vivo, en ese momento el candidato Sergio Fajardo recibió un golpe demoledor, el fiscal Francisco Barbosa anunció la imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Su intención de ser presidente se veía golpeada y desde entonces, junto con María Eugenia Escobar, su secretaria de Hacienda, emprendieron una cruzada para demostrar su inocencia, tarea que empieza dar frutos: la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria, pero el proceso penal sigue, aunque su defensa espera que también desaparezca ese fantasma.

En realidad, la bomba que les explotó en las manos a Fajardo y su equipo de la Secretaría de Hacienda hace dos años viene de mucho tiempo atrás, cuando era gobernador de Antioquia; en diciembre de 2013 decidieron firmar, con la asesoría de Findeter, un contrato de sustitución de deuda, que en la práctica significaba englobar lo que debía la Gobernación y pagarlo en un solo crédito con intereses muy bajos, un negocio muy favorable.

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El ofrecimiento del crédito lo hizo la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y al gobernador Fajardo y a su secretaria Escobar les sonó la idea. Finalmente, se tramitó por 77 millones de dólares con CorpBanca. Todo marchaba sobre ruedas y parecía un negocio redondo, pero lo que no se esperaba era el aumento de la deuda por cuenta de la subida del precio del dólar.

El pago se hacía en pesos, pero la deuda se adquirió en dólares, y aunque por esos años la moneda estaba estable, en 2015 se disparó y de los 1.850 pesos que costaba al momento del acuerdo, escaló a casi 2.500 pesos.

Por eso, para la Fiscalía, se podía probar que no hubo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, ni existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

De la misma manera, pruebas recientes y la decisión de la Procuraduría han determinado que, junto con Findeter, el departamento de Antioquia llevó un trámite contractual ajustado a la norma. Un proceso de hace varios años, que casualmente despertó cuando Fajardo era candidato a la presidencia, pero que ha dado muchas vueltas.

Fajardo cumplió su periodo como mandatario de Antioquia y lo sucedió Luis Pérez; fue su secretario de Hacienda, Adolfo León Palacios, quien basado en un informe de la Contraloría señaló a Fajardo como el gobernador que había endeudado al departamento por el crédito en dólares. El asunto parecía haber parado ahí pero llegó a la Fiscalía.

Luis Pérez© Proporcionado por Semana

Lo tomó el nada célebre fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, uno de los articuladores del escándalo más grande que haya enfrentado la rama judicial conocido como el cartel de la toga, en medio del cual magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a cambio de fuertes sumas de dinero, torcieron los procesos contra altos funcionarios para que no terminaran condenados. Con Moreno no pasó nada, pero en 2021 el caso reventó.

Fuente: Semana

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Nueva modalidad de estafa con la que delincuentes están desocupando cuentas bancarias

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Mientras usted contesta una supuesta llamada de un banco, por otro teléfono, los cibercriminales pueden entran a robar su cuenta y desocuparla en 5 minutos.

Testigo directo obtuvo información detallada de cómo los delincuentes desocupan cuentas bancarias a personas y empresas, estos criminales con tan solo una llamada pueden sacar los datos personales de la víctima.

Es por esto que se debe tener cuidado con las llamadas telefónicas, ya que muchas de estas se hacen pasar por entidades bancarias, engañando al usuario y de esta manera poder sacarle toda la información posible para posteriormente robarlo.

La modalidad que utilizan actualmente los delincuentes es hacerse pasar por un banco y con una tecnología llamada “tonos” logran recopilar toda la información y en tan solo segundos vaciar la cuenta de la persona. Los estafadores tienen el objetivo de manipular a los usuarios para conseguir información bancaria.

Estos estafadores tienen diferentes métodos para engañar a sus víctimas el primero es la llamada directa: el estafador realiza una llamada haciéndose pasar por el trabajador de una empresa y ofrecer alguna promoción llamativa; la segunda técnica es conocida como doble llamada: en esta utilizan un mensaje grabado generado por un robot, en este se informa a la víctima sobre un problema con su cuenta, para que este caiga en la trampa y luego le indican un número de teléfono para que se contacte con el fin de supuestamente solucionarlo.

La tercera estrategia es la combinación de las anteriores: los delincuentes suelen utilizar métodos adicionales para complementar el vishing ( es una práctica fraudulenta que consiste en el uso de la línea robo convencional y de la ingeniería social para engañar a personas y obtener información delicada como puede datos financieros) por ejemplo, envían un mensaje de texto para llamar a un número que aparenta ser una empresa y se hacen pasar como un asesor y al tiempo ponen a un robot para que la llamada sea más creíble.

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Para protegerse de este tipo de estafa existe una serie de consejos: Nunca reveles información por llamada. ​Desconfía de los premios, duda de los números desconocidos, mantén tu información a salvo y no utilices las herramientas de acceso remoto.

Fuente: Pulzo

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