“Este es el acto más grande de entrega de dinero que, desde hace diez años, desde que se creó la Ley (975 de Justicia y Paz), se ha producido, y se produjo en el Gobierno del Cambio”, manifestó este miércoles el Presidente Gustavo Petro en Barrancabermeja, durante la entrega de indemnizaciones a casi 8.000 víctimas.
Durante el acto, en el que se entregaron 23.000 millones de pesos en indemnizaciones judiciales a las víctimas de tres grupos paramilitares en esa zona del país, el Jefe de Estado señaló que el Gobierno, la sociedad colombiana y las víctimas “deben moverse a reclamar derechos, a reclamar la verdad”.
Con recursos propios del Fondo para la Reparación a las Víctimas, el Gobierno Nacional otorgó las indemnizaciones en cumplimiento de 7 sentencias proferidas por jueces de la jurisdicción de Justicia y Paz sobre bienes entregados por miembros de los grupos Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros.
En el Coliseo Luis Fernando Castellanos de la ciudad de Barrancabermeja, donde se desarrolló el evento, el Mandatario indicó que “es hora de que nos reunamos y pensemos cómo es que de verdad se va a saldar la deuda con las víctimas en Colombia, por encima de cualquier otro concepto o criterio”.
Según el Presidente, las indemnizaciones hacen parte de un total de 5 billones de pesos que los jueces, en 48 sentencias, han ordenado al Estado entregar a las víctimas, pero de los cuales “apenas un poco más del 10% se ha hecho en más de diez años”.
Ante esta situación, indicó que, como Presidente de la República y dado que la Ley 975 (de Justicia y Paz) está vigente, “pues hay que ponerla de nuevo a funcionar con un objetivo: cerrar este ciclo” y, de esa forma, “saber la verdad y encontrar los recursos”.
También le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar actos de corrupción con los recursos para indemnizar a las víctimas, al igual que lo que ha sucedido con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y otras irregularidades en entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“El Gobierno, por su responsabilidad política ante la sociedad colombiana, como quienes fueron beneficiarios jurídicos de esta ley, como las víctimas, porque tienen que moverse como un movimiento social, deben reclamar derechos y reclamar la verdad”, concluyó el Presidente Petro.
Fuente: Presidencia de la República
