Columnistas
En Colombia se garantiza la propiedad privada
Por: Guillermo Mejía Mejía
Hasta donde sepamos en nuestro país se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Eso no es parte de un discurso político, sino que textualmente así lo dice el artículo 58 de la Constitución Política. De esa norma se deriva el derecho que tienen los grandes terratenientes, por inmensa que sea su finca, para que el Estado no se las quite toda o un pedazo, manu militari, como sucedió en Cuba y ahora en la Venezuela de Chávez y de Maduro.
Así acontece con los propietarios de los bancos privados a quienes el Estado les permite captar dineros del público, bajo su vigilancia, y obtener utilidades por esa intermediación. El banco capta el dinero del público y lo presta a unas tasas, en unos rangos reglamentados por el Banco de la República. En esa operación obtiene utilidades. A octubre del 2.020 las utilidades del sistema financiero colombiano, con datos de la Superintendencia Financiera, fueron de 24.17 billones de pesos. Y el doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dijo en la revista Portafolio del 1° de febrero de 2.021:
“Resaltó que los fondos de pensiones registraron nuevamente cifra récord al llegar a más de $317 billones al cierre de 2020, con rendimientos en ese periodo por $27,1 billones, siendo los terceros más altos desde la operación de los fondos de pensiones en Colombia”.
Y lo mismo pasa con las empresas manufactureras de alimentos, de textiles, las mineras, las petroleras, las de transporte, las de turismo, las empresas comerciales, las de servicios públicos, la de los medios de comunicación, entre otras, a las que el Estado no les puede decir a sus dueños, de la noche a la mañana, su empresa es mía o deme la quinta parte.
Eso se puede hacer por motivos de interés social o de utilidad pública pero con dos requisitos: el uno que sea por sentencia judicial y el otro con indemnización previa, como dice la norma citada.
En el caso de los propietarios de la tierra el caso es más sensible porque la concentración de esta en pocas manos ha sido uno de los problemas más agudos y generadores de violencia en Colombia.
Los indígenas del Cauca han invadido grandes haciendas en ese departamento y el Estado, Ministerio del Interior, ha tenido que pagar el valor a los propietarios para arreglar los conflictos con los nativos a precios de las lonjas de propiedad raíz. El argumento es precisamente la aplicación de la norma que dice que se respetan los derechos adquiridos.
En estos momentos los jueces de restitución de tierras se enfrentan a un problema bien complicado, porque tienen que decidir quién es el propietario de buena fe a quién se le deben respetar esos derechos porque tiene títulos aparentemente legítimos, así en la cadena de anteriores propietarios aparezca el traqueto o paramilitar que despojó de la tierra a sus ancestrales propietarios.
El tema aquí no es de justicia o injusticia sino que el desconocimiento de los derechos adquiridos desquicia la forma del Estado colombiano que está consagrada en el artículo 1° constitucional: Colombia es un Estado social de derecho. Si fuera un tema de justicia, el Estado debiera de inmediato propiciar una reforma agraria integral y rápida para repartir las inmensas tierras destinadas a la ganadería y adjudicarlas a los agricultores que las pongan a producir o recuperar parte del sector financiero como lo tenía antes con la Caja Agraria, el Banco Popular, el Banco Cafetero, el Banco Ganadero, el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, el IFI y varias corporaciones de ahorro. Pero hacer lo anterior significaría que a sus actuales propietarios se les debe indemnizar previamente y someter el acto de expropiación a una decisión judicial, si no se logra un acuerdo con sus dueños.
Todas las anteriores consideraciones son necesarias pues en la tercera reforma tributaria de este gobierno del Centro Democrático, se propone gravar las pensiones con el argumento de la justicia, porque hay unas pensiones muy altas, de siete millones para arriba, que no se compadecen con el resto de los pensionados colombianos que ganan menos, a pesar de que el artículo 48 de la misma Constitución colombiana, en cuatro veces, insiste en el respeto de los derechos de los pensionados. Es justo gravar las pensiones, altas o medianas, así sean obtenidas legítimamente, pero sería un atropello tocar la propiedad de un terrateniente o de un banquero o de otro capitalista por el estilo.
“Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Por ello se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas.” (C-781/03)
Y el artículo 48 de la constitución es todavía más contundente: “por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.
Hoy se irrespetan las pensiones, pero mañana no se puede alegar ese derecho sobre los bienes de producción o de intermediación y mucho menos sobre los de la tierra. Es el socialismo de derecha.
El terrateniente que está promoviendo el gravamen de las altas pensiones, de más de siete millones en adelante, debiera tener la misma vehemencia para propiciar una reforma agraria de las tierras ubérrimas destinadas a ganadería, una reforma al sistema financiero, de los medios de comunicación, de la salud, de los fondos privados de pensiones a los que ayudó a privatizar y a los que defiende con la tesis de que en el año 2.022 vamos a quedar iguales a Venezuela.
El argumento de los grandes dueños del país siempre es el mismo: esto se adquirió por medios legítimos, con trabajo, con tesón, con sudor; mi abuelo comenzó con una pequeña finca y logró ensancharla comprándola a precios justos a los pequeños propietarios vecinos. Por eso es muy arbitrario que impongan esas tarifas tan altas al patrimonio.
Pero las pensiones todas son subsidiadas y esas sí tienen que ser gravadas. Ni empleadores ni trabajadores cotizaron lo suficiente. La ley del embudo.
Mientras tanto ya se escucha el ruido de las turbinas de los aviones supersónicos de guerra con los que nos vamos a enfrentar a los rusos de Venezuela y las de los comerciales que van a aterrizar en el embeleco del aeropuerto de Palestina, Caldas, a menos de dos minutos de vuelo del Matecaña de Pereira, al que le van a invertir 390 mil millones antes del 2.023. De momento le van a girar 141 mil.
El argumento de que esos dineros provienen de fondos especiales es pura paja. El presupuesto de la Nación es uno solo (artículo 11 del decreto ley 111 de 1.996) y para celebrar los contratos para la compra de los aviones y los de la construcción del aeropuerto de Palestina se tienen que expedir certificados de disponibilidad presupuestal de ese solo presupuesto no de otro porque no existe.
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Las competencias infantiles sobre quién podía ser más alto, más flaco o más gordo, sobre todo sobre qui la tuviera más larga, han ido escalando.
Hasta el punto que hoy día, en una feroz competencia de niños insensatos, se discute por quién o cuál artículo ha tenido más vistas en el internet.
Sobre esa eterna medición entre pares que nunca duraba más allá de la comprobación, han montado toda una cantidad de negocios y exageraciones tan mayúsculas que, viéndolo bien, solo dan risa.
Hasta hace muy poco, los medios de comunicación hablados y escritos se inflaban a sí mismos por el número de ejemplares que editaban o por la cantidad de lectores que, a ojo de buen cubero, tendrían de acuerdo a los ejemplares vendidos.
Después llegaron las encuestadoras, primero las rudimentarias que preguntaban de casa en casa sobre cuál programa de radio o de televisión estuvieran oyendo o viendo. Unos pocos años luego, con la modernización de las estadísticas y la implantación de contadores en los televisores y en los radios, llegaron las Nielsen a garantizar las audiencias.
Últimamente eso se ha olvidado. Ya las agencias de publicidad y los encargados de contratar la pauta mediática de las empresas no se fijan en esas encuestas.
Para todos se volvió absolutamente imprescindible conocer el número de entradas a una página o la cantidad de visitas que haya tenido. No importa si se leyó o se entendió lo oído o lo leído, porque además no preguntan.
Y si contabilizan con los programas de plataformas sobre cuántos leyeron o oyeron el texto, lo callan. Como cuando uno comprobaba que en la clase siempre había otro compañero de aula que la tenía más larga y no volvíamos a mostrarla ni hacer gala de la nuestra.
Pocos o ninguno miden la influencia. Aunque hay quienes se bautizan y se catalogan como influencers, interesa solo el número de vistas y sobre ese dato, idos estamos infantilmente construyendo el futuro.
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
La gobernadora del Valle ha hecho una gestión discreta pero eficiente en estos 4 años. Como lo dije alguna vez, usó el método simple de la «m de casa» que sabe exactamente dónde están sus utensilios de cocina, su lencería, sus adornos personales, y conservando el orden en lo pequeño, terminan administrando con eficiencia.
No ha sido una gobernación de obras grandes y más bien la herencia más grande que le viene desde cuando Weimar Delgado era gobernador y que Dillian tampoco pudo terminar, es la maldición del puente de Juanchito. Pero, salvo ese pedestal de la ignominia, sus actitudes han sido prudentes.
Aunque en algunos momentos ha tenido que ser recia, como le tocó cuando sumió la gravedad de lo que ahora llaman el estallido social, y no vaciló en enfrentarse al alcalde Ospina, que pensaba muy distinto a lo que ella en su ordenamiento había concebido.
Esta semana tuvo que repetir su dosis de temple y lo hizo sin subir el tono de gallina papujona que hace respetar su nido y sin que le temblara la voz enfrentándose al presidente Petro de manera directa. Lo atacó porque, pese a las difíciles circunstancias de orden público que ha tenido durante este último año, el presidente ha brillado por su ausencia y, sobre todo, por su respaldo.
Y lo hizo con una frase cargada de fuerza: «Muy importante que viaje por el mundo, pero debe estar presente solucionando los problemas de su país.»
Días antes, frente al desgano con que la unidad de gestión de riesgos afrontó el incendio de las Lomas que rodean el urbanizado norte de Cali y amenazó una zona hotelera y comercial de Chipi Chape, fue igualmente dura preguntando públicamente por qué no autorizaban enviar el helicóptero con el sistema Bambi para combatir desde el aire el incendio. Y dijo una frase que resume todo: «Esa unidad de desastre de este gobierno no previene un desastre, ella es un desastre.»
Así no hablaba en mi pueblo, sino Misia Verraca, y a fe que ella, la gobernadora del Valle, lo hace igual.
Por: Jesús Vallejo Mejía
“El Libro Negro del Comunismo” lo acusa de haber matado a más de cien millones de personas a lo largo del siglo XX. Quedaron por computar sus víctimas hasta el presente, muchas de ellas asesinadas en países distintos de los europeos y los asiáticos en que reinó durante varias décadas esa ideología asesina. Vid. (40) El libro negro del comunismo | Luis Eduardo Resendiz – Academia.edu
El registro no incluye, por consiguiente, los que perdieron la vida por la acción de los comunistas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y, en lo que a nosotros atañe, Colombia.
Nuestro caso es peculiar. Llevamos mal contados más de 70 años de violencia en la que la participación de comunistas de distinto pelambre ha sido decisiva. No sabemos cuál es el número de víctimas producidas por estas confrontaciones. Se habla de que la guerra civil no declarada entre los partidos políticos tradicionales a mediados del siglo pasado arrojó algo así como 300.000 muertes, aunque es una cifra que todavía suscita discusiones. Pero la paz que durante el Frente Nacional entre 1957 y el presente ha reinado entre liberales y conservadores no puso fin a la violencia, dado que los comunistas no se acogieron a ella y, estimulados por la Revolución Cubana, continuaron alzados en armas a través de distintas agrupaciones: Farc, ELN, EPL, M-19 y otras más. La subversión comunista dio lugar a reacciones diversas. Unas, como es lógico, de origen estatal, por medio de la fuerza pública. Otras, de orden irregular, configuradas por los llamados grupos de autodefensa o paramilitarismo. Y para completar ese funesto cuadro, a fines del siglo apareció la atroz violencia del narcotráfico que aún opera en vastas porciones del territorio nacional.
Los comunistas acusan al Estado, los empresarios de la ciudad y el agro, los partidos políticos y, en general, la clase dirigente colombiana de haber creado condiciones opresivas que impulsaban a los defensores de las causas populares a alzarse en armas para combatir el orden institucional. Insisten en que los responsables de las víctimas de estos años aciagos son aquéllos y que sus propias acciones están amparadas por la legítima defensa. No faltan los que invocan los conceptos de “violencia institucional” y “pecado social”, acuñados por la falaz Teología de la Liberación.
Supongamos, en gracia de discusión, que en buena medida de la violencia de las últimas décadas es responsable lo que sin mucha precisión llaman los comunistas y sus secuaces el “establecimiento”, contra el que enderezan principalmente sus baterías la JEP y la sedicente Comisión de la Verdad, fuertemente influenciadas por aquéllos.
Pero el prontuario de la subversión colombiana es simple y llanamente aterrador. Ha faltado redactar otro Libro Negro para hacer el inventario de sus numerosísimos crímenes, muchos de ellos perpetrados, no contra el “establecimiento”, sino contra la gente humilde de aldeas y campos.
Dentro de esa funesta estructura criminal se destaca el M-19, autor del hecho más execrable de la historia colombiana, el llamado “Holocausto del Palacio de Justicia”. Y ahora sabemos que uno de sus promotores es el que hoy nos desgobierna. No actuó en ello porque días antes fue detenido por porte ilegal de armas, pero su captura dio lugar a que se acelerara el asalto a la sede de las altas Cortes. Así lo acaba de revelar en Semana el coronel César de la Cruz. Vid. Coronel (r) César de la Cruz revela detalles del pasado oscuro de Gustavo Petro (semana.com).
El individuo que le partió la cara al oficial Gabriel Díaz Ortiz, dejándolo desfigurado y al borde de la muerte al no poderlo liquidar porque falló el arma que le había quitado, ocupa hoy el cargo de presidente de Colombia (vid. Coronel (r) dijo que Petro intentó matar a militar cuando era del M-19 | RCN Radio). Y es el mismo que hoy posa de defensor de la vida ante la comunidad internacional.
Quien hace líricos llamados en favor de la vida ante la ONU es un comunista recalcitrante que deplora la caída del Muro de Berlín y apoya cerradamente las dictaduras criminales que oprimen a cubanos y venezolanos.
Es claro que su alegato por la vida no es sincero. Fiel seguidor del Príncipe de la Mentira, trata de engañar al país y al mundo entero sobre sus verdaderos propósitos, que no son otros que instaurar el comunismo en Colombia.
“Guardaos de los falsos profetas”, nos encarece el Evangelio (Mt. 7:15).
El que hoy nos desgobierna es uno de ellos.
-
Políticahace 1 semanaLos 5 Pilares de Alder Cruz para Transformar Sabaneta en una Ciudad Inteligente del Futuro
-
Entretenimientohace 2 semanasMurió el maestro Fernando Botero, el más grande pintor colombiano de la historia
-
Medellínhace 3 semanasEntrevista Exclusiva: Dr. Jorge Julián Osorio Gómez aborda los desafíos de Salud Mental en Medellín
