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EL MINISTERIO DE LA IGUALDAD

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Por: José Gregorio Hernández

El legislador colombiano ha creado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, organismo que -bajo la dirección de la vicepresidenta Francia Márquez- buscará desarrollar uno de los principales programas de gobierno del presidente Gustavo Petro: la indispensable y urgente lucha del Estado colombiano contra la desigualdad, en uno de los países más desiguales del mundo.  

Opositores han criticado la norma, aduciendo que es imposible la igualdad dado que, por naturaleza, somos desiguales.  

Se equivocan quienes así razonan, pues parecen ignorar que una cosa es la diferencia entre las personas en cuanto a elementos accidentales -por razones biológicas, estéticas, de origen, de nacionalidad, de edad, de sexo, de salud, de aptitudes físicas, artísticas o intelectuales, gustos o inclinaciones- y otra muy distinta la igualdad surgida de la esencia misma del ser humano, titular de la misma dignidad y los mismos derechos. Con independencia de las aludidas características y condiciones de cada individuo, todos, en cuanto personas, somos exactamente iguales, tenemos los mismos derechos fundamentales, merecemos igual respeto, debemos gozar de todas las garantías y de iguales oportunidades, sin discriminación alguna. 

Eso no lo inventó la nueva ley. Está consagrado en la Constitución de 1991, cuyo preámbulo proclama la igualdad como valor esencial del sistema, y cuyo artículo primero enuncia el respeto a la dignidad humana como uno de los fundamentos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. De conformidad con el artículo 5, ese Estado “reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”.  

Por su parte, el artículo 13 de la Constitución, tras declarar que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, establece que “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Pero, además, contempla la igualdad real y efectiva: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  

Esas no son sugerencias del Constituyente. Son órdenes perentorias que el Estado debe cumplir, y no ha cumplido. Está muy bien que el actual gobierno se proponga hacerlo, y que el Congreso haya creado un ministerio para tal fin. ¿Cómo lo hagan los funcionarios de la nueva institución, y de qué manera pensará el presidente de la República dirigir su actividad? No podemos adelantar un juicio desde ahora. El Ministerio apenas ha sido creado. Pero lo cierto es que los objetivos e ideales que el Estado se propone con la normatividad sancionada y promulgada distan mucho de ser -como algunos insinúan- de carácter burocrático. Se trata de cumplir la Constitución. 

Digámoslo una vez más: los postulados constitucionales no se pueden quedar en simples declaraciones teóricas carentes de eficacia, en especial si de por medio están valores de tanta trascendencia como la igualdad y la equidad, la vida y los derechos de muchos colombianos.  

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DISTANTE Y DISTINTA

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Por: Diego Calle Pérez.

Lejos está Bogotá de tener el metro, la polémica sigue por cuestiones de egos y de negocios ilícitos. Así jamás se podrá llegar a un acuerdo entre la nación y la alcaldía mayor, de la única metrópoli de Colombia. El caso de Medellín, ese metro, transformó, el metro urbano, en costos y en beneficios para unos pocos, que tuvieron a bien vender en su momento, los terrenos por dónde se planificaron las estaciones, dañando el centro de la ciudad. La deuda sigue aumentando y no se extiende para el norte con más estaciones.

Distante y distinta es la vida en el Amazonas. Los habitantes navegan al Putumayo para viajar a la capital más cercana. El sur de Colombia es distante a la capital metrópoli. Los que planifican desde Bogotá no saben de las penurias del Catatumbo. No saben nada del departamento del Chocó.  Los que asisten a la ministra de Agricultura tienen el concepto que Colanta es la promotora del desarrollo agrícola de Antioquia. Desde el Ministerio de Educación pareciera que manejan el desarrollo curricular con una información remota, diversa, diferente a la que tienen en la capital.

Distante y distinta es la vida de los municipios a la orilla del río Magdalena y del río Cauca, esté ahora, protagonista de hidroituango y más abajo los terrenos de la mojana de Córdoba y Sucre. Hay departamentos que no suenan, ni truenan, ni en el invierno inclemente. Las propuestas de ordenamiento territorial, se quedan pendientes cada que se toca el tema. La Colombia de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas quedó en el olvido del tiempo y el espacio geográfico recorrido.

Todos son conocedores de la diversidad nacional. El porcentaje indígena es mínimo comparado con otros países latinoamericanos. Lejos está que Colombia tenga un censo poblacional real. Los departamentos fronterizos están recibiendo movilidad de los países cercanos. Diferentes trópicos, diferentes climas, diferentes acentos y gastronomía, diferentes economías, diferentes necesidades sentidas en subregiones o también llamadas provincias son fundamentales atender para llegar a una equidad social.

El panorama nacional está lejos de cruzar ese umbral, que todos buscan y comparan, desde lo que más les convenga, a los que están en el capitolio nacional. Esa Colombia distante y distinta se escucha todos los días, en la radio y en los canales de televisión, al ver los noticieros.   

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TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

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Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

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