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El derecho a defendernos

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Por: Raúl E. Tamayo Gaviria.

Contaba Héctor Echeverri Correa, que durante la presidencia del doctor Julio César Turbay Ayala, vino a Colombia el presidente del Banco Mundial.

El presidente Turbay quiso recibir en la pista del aeropuerto al importante banquero y como estaba lloviendo, se remangó los pantalones, para no mojarse en los charcos de la pista.

Cuando llegó el avión del Banco Mundial, el ministro de Hacienda que acompañaba al mandatario, al verlo arremangado y mostrando las medias, le dijo:

  • Señor presidente, ya llegó el avión del Banco Mundial, bájese usted los pantalones.
  • ¡Ah caray!, ¿y es que tanto les debemos?

En Colombia, entre todas las concesiones que les hemos hecho a los narcoterroristas de las Farc y a todos los demás delincuentes y subversivos con los cuales se ha querido buscar la bendita paz, está la prohibición del uso y porte de armas para las personas de bien, que antes teníamos con el control del Ejército Nacional.

En efecto, la Industria Militar del Ejército Nacional, nos vendía armas de defensa personal y deportivas, con su respectivo pertrecho a los ciudadanos que tuviéramos un salvoconducto de tenencia y porte de armas, cuando se demostraba buen comportamiento con el certificado del Das limpio y a quien no hubiera sido condenado por delito alguno, pasando por exámenes de salud mental y órganos de los sentidos.

Pero vino el gobierno de Juan Manuel Santos que suspendió los salvoconductos y estableció los “permisos especiales” para ciertas personas. Esta medida, le dio el porte de armas a unos cuantos privilegiados y aumentó la corrupción, pues inexplicablemente, aparecían personajes de dudosa conducta con “permiso especial”.

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No nos falta si no bajarnos los pantalones.

El Congreso Nacional, en buena hora, con la vocería de la senadora María Fernanda Cabal y un grupo de senadores y representantes a la Cámara, han propuesto una ley que nos devuelva a los colombianos el derecho a defendernos. “¿Por qué la vida del delincuente vale más que la vida del ciudadano de bien?”, ha preguntado la senadora Cabal para apoyar esta ley que nos daría a los colombianos de bien, estar prevenidos con un arma de defensa personal para defendernos de los delincuentes.

Los delitos de robo a transeúntes para robarles el celular, a los conductores sus carros o sus bicicletas o motos. El delincuente nos roba con un arma de juguete o con un cuchillo, porque sabe que estamos desarmados.

Esta ley tendría también un efecto disuasivo, pues el ratero, sabiendo que podemos estar armados, se abstendrá de atacarnos.

“Mas contra la injusta ofensa, contra toda agresión, el derecho sagrado de defensa se torna en una obligación”: Marián Aguiló.

Ñapa: La señora contralora Departamental de Antioquia, que ante la Asamblea Departamental, cuando el gobernador Aníbal Gaviria Correa fue acusado por la Fiscalía, dijo llorando que creía en la inocencia del señor gobernador, prácticamente se declaró inhabilitada para fiscalizar a ese funcionario que está bajo su control, detenido preventivamente por la Fiscalía General de la Nación, con graves imputaciones.

Creo que la Asamblea Departamental debería llamarla a que rectifique o renuncie

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Más encartado que gallina criando patos – Crónicas de Gardeazábal

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Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

Al presidente de la nación no solo los cafeteros le metieron (según sus palabras) los dedos en la boca, sino que otros le pueden haber estado metiendo más cosas en los meses que lleva sin que se hubiese dado cuenta.

Hoy día, después de la crisis sin nombre generada por Laura y Benedetti, (y que no sabemos donde terminará), no solo tiene que encontrarles reemplazo para asumir las funciones que les encomendó, sino que tiene que inventarse alguna fórmula para recuperar la credibilidad ciudadana, vuelta trizas después del mal manejo político, la pésima conducción administrativa y el desconcertante disfraz personal conque que afronta la marcha del estado.

Casi todo lo que ha ido pasando, es generado por sus equivocaciones o sus protuberantes ignorancias. Si no hubiese cometido el error de haberle otorgado funciones superministeriales a una jovencita falta de mundo a quien nunca nombró ministra. Si no hubiese confiado tanto en Armando Benedetti aún después del incidente nunca dilucidado de los petrovideos de la campaña.

Si hubiese investigado un poquito más en quienes integraban la terna para gerente de los cafeteros, y hubiese descubierto a tiempo que José Antonio Ocampo tenía los dados marcados para forzar la elección de Bahamón, el uribista procesado por la Contraloría de Bogotá, la inminente crisis entre la Federación y el Gobierno no estuviera hoy llenando el cielo campesino de nubarrones. De la misma manera si hubiese identificado que la ministra Irene es la sacerdotisa sectaria de la religión hildebránica, que nos quiere sacrificar cual catecúmenos en las catacumbas ambientalistas. Si supiera para qué lado juega Danilo Rueda, el Comisionado de Paz.

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En fin, si supiera administrar el estado en todo el sentido de la palabra y no solo repetir su fracaso como alcalde de Bogotá, no estaría tan encartado como una gallina criando patos, o como dijo el politólogo Eduardo Llano “cerca de quedarse parado en una baldosa sin poder moverse”.

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Aldrin Garcia Balvin

La victoria de los políticos decentes: una nueva era en la política electoral

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Por: Aldrin García Balvin

Como estratega político, me encuentro en desacuerdo con la premisa de que los candidatos que no apelan a la mentira y a la infamia están destinados a perder en las elecciones. Al contrario, considero que ha llegado el tiempo de los políticos decentes, aquellos que no necesitan destrozar al otro para ganar réditos electorales. Estamos presenciando un cambio positivo en la política, donde la integridad y la honestidad se valoran más que nunca.

Durante demasiado tiempo, hemos sido testigos de una competencia electoral caracterizada por ataques personales, difamaciones y manipulaciones de la verdad. Parecía que la estrategia para triunfar en las elecciones se basaba en destruir al oponente a cualquier costo. Sin embargo, esto ha llevado a una erosión de la confianza ciudadana en los políticos y en el sistema democrático en su conjunto.

Pero ahora, el panorama está cambiando. Los ciudadanos están cansados de la polarización y la falta de ética en la política. Están buscando líderes que sean capaces de ofrecer propuestas sólidas y soluciones reales a los problemas que enfrentamos como sociedad. Los políticos decentes, aquellos que basan su campaña en la integridad y la transparencia, están ganando terreno y generando confianza en los votantes.

Esto no significa que los políticos decentes sean débiles o ingenuos. Al contrario, son personas valientes que se atreven a desafiar el statu quo y a liderar con principios. Apelan a la razón, al diálogo constructivo y a la empatía hacia las necesidades de la ciudadanía. Su enfoque se centra en la construcción de consensos y en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos, en lugar de en la destrucción del adversario.

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Los políticos decentes están demostrando que es posible ganar elecciones sin recurrir a la mentira y a la infamia. Su éxito radica en su autenticidad y en su capacidad para conectar con los ciudadanos de manera genuina. Los votantes valoran la honestidad y la coherencia, y están dispuestos a apoyar a aquellos líderes que encarnan estos valores.

Como estratega político, animo a los candidatos a abandonar las tácticas destructivas y a abrazar una forma de hacer política basada en la decencia y la integridad. Es hora de construir un nuevo paradigma político donde la ética y la responsabilidad sean los pilares fundamentales. Juntos, podemos cambiar el rumbo de la política y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.

En conclusión, el triunfo electoral no está reservado para aquellos que apelan a la mentira y a la infamia. Ha llegado el tiempo de los políticos decentes, aquellos que no necesitan destrozar al otro para ganar réditos electorales. Es momento de liderar con integridad, construir puentes y trabajar en beneficio de la sociedad. Juntos, podemos crear un futuro político basado en valores y principios que inspire a las generaciones venideras.

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POLÍGRAFO E INTERCEPTACIONES

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Por: José Gregorio Hernández

No entro en el campo de las posibles responsabilidades penales en el reciente caso de las denuncias por uso del polígrafo, ni en las denuncias sobre interceptaciones ilegales a comunicaciones, que dieron lugar al retiro de un embajador y de una alta funcionaria de la Casa de Nariño. Serán los jueces quienes resuelvan al respecto, porque, hasta ahora, todo ha sido mediático y nadie tiene claridad sobre lo que en realidad ocurrió. 

Pero vale la pena considerar dos asuntos, desde una perspectiva constitucional:

-Sobre el uso del polígrafo o detector de mentiras para establecer si alguien cometió o no un delito, reiteremos que, a diferencia de otros países -en que se considera válido el uso del polígrafo como prueba-, nuestro sistema jurídico no lo considera aceptable como método idóneo para probar algo, menos todavía si en ese instrumento se deposita una confianza tal que de los resultados se haga depender la certeza acerca de la culpabilidad o inocencia de una persona, o su responsabilidad penal.

Respetando el criterio de quienes lo estiman viable, considero que el legislador colombiano acierta al no incluirlo como prueba para desvirtuar la presunción de inocencia en el curso de un proceso penal, ni como demostración irrefutable de lo contrario.

Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el detector de mentiras no ofrece ninguna confiabilidad desde el punto de vista probatorio. Nada garantiza, y nada asegura. Si lo que registra -aunque lo haga con precisión- son apenas las reacciones nerviosas o sicofisiológicas al responder a ciertas preguntas, síntomas consistentes en palpitaciones cardiacas más rápidas, aceleración del pulso, mayor intensidad del sudor, presión sanguínea o difícil respiración, no es legítimo -porque no confiere certeza- inferir de esos síntomas la responsabilidad penal, ni deducir que están indisolublemente ligados a la mentira del interrogado, ni tampoco lo es concluir que la ausencia de tales reacciones signifique la veracidad de lo respondido o pruebe la inocencia.

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En efecto, a pesar de haber aceptado voluntariamente el sometimiento al polígrafo, la persona puede ser nerviosa o insegura, sin ser necesariamente culpable, y reaccionar con uno o varios de los aludidos síntomas, por el solo hecho de sentirse examinada. Y, al contrario, sabemos que hay personas capaces de fingir y de dominar sus emociones y permanecer impasibles, mintiendo impávidas. Hemos visto en estrados a declarantes de gran capacidad histriónica.

De ninguna manera es posible certificar con certidumbre, fuera de toda duda razonable, que el interrogado suda, le palpita más fuerte el corazón o se le acelera el pulso solamente cuando dice mentiras, ni que está diciendo la verdad cuando no presenta ninguno de esos síntomas.

-Sobre las interceptaciones ilegales, le creemos al presidente de la República -quien fue víctima- cuando dice que su gobierno no las ha ordenado, ni las ordenará. Y que respeta el artículo 15 de la Constitución, sobre el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. Según la norma, “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

Infortunadamente, desde hace varios años, se viene vulnerando esa garantía y ha habido impunidad.

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