El presidente reaccionó a la polémica por un artículo de la Ley anticorrupción aprobado en la Cámara y considerado una violación a la libertad de expresión.
Respecto a la ley que pasará a conciliación con el Senado, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, expresó en su cuenta oficial de Twitter que “la libertad de prensa es incuestionable”.
El mandatario recordó que fue firmante de la declaración de Chapultepec que reconoce que todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información de la cual pueden expresar sus opiniones, divulgarlas y compartirlas de manera libre.
“Como firmante y defensor de la declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, expresó el mandatario en su red social.
La disposición mencionada por Duque establece: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada. pic.twitter.com/UKtSlVyHI2
A la declaración del mandatario, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, le expresó su apoyo y compartió la posición del presidente asegurando que por esa línea de pensamiento está encaminado el actual Gobierno.
“Esa es la posición que personalmente comparto y la que ha tenido nuestro Gobierno en el proyecto de ley de transparencia y lucha contra la corrupción”, afirmó Ramírez en su red social.
El jefe de Estado anunció en sus redes sociales que si la ley llega a su escritorio para sanción presidencial, no la firmará y sí la objetará.
En su publicación, Iván Duque dijo que la libertad de prensa no debe correr ningún riesgo y que no dará paso a amenazar ese principio.
Todo esto por el artículo 68 del proyecto de la ley anticorrupción que dice estar en contra de la “persecución a funcionarios públicos” y ordena sanciones para quienes los acusen de delitos.
“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 13.33 a 1.500 smlv, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal. Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que […] proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece”. Continuo el mandatario.
La próxima semana se definirá el futuro de esta ley y ya se sabe qué pasará si llega a sanción presidencial. En estos momentos tiene dos opciones: aprobar la conciliación o negarla, con lo que se archivaría la totalidad de la ley.
