La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se ha convertido en una de las funcionarias con más polémicas en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente por sus declaraciones controversiales y algunos deslices que ha tenido y que han quedado registrados en los medios de comunicación.
Entre los asuntos que más le ha generado dolores de cabeza están sus declaraciones de que el Gobierno no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo.
También causó polémica cuando planteó una propuesta que generó diversas reacciones entre sectores políticos y económicos del país: pedirles a los países más desarrollados que empiecen a decrecer en sus economías.
“Nosotros necesitamos exigirles también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. De ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”, manifestó la ministra durante su intervención.
No obstante, ahora la ministra vuelve a estar envuelta en una controversia, pero esta vez no por un asunto relacionado con su cartera, sino porque algunos de sus críticos la señalan de haber violado la ley al asistir, este martes, a un plantón en la Procuraduría en rechazo por la decisión de este organismo de suspender al director de la SAE, José Daniel Rojas Medellín.
Según dio a conocer el representante del Centro Democrático Andrés Forero, Vélez habría asistido al plantón, con lo que presuntamente estaría violando el artículo 39 Código General Disciplinario, que rige para los funcionarios públicos.
El numeral 24 de este artículo señala que “a todo servidor público le está prohibido manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su beneficio propio o de un tercero”.
La suspensión de Rojas
El pasado viernes, la Procuraduría decidió suspender por tres meses al director de la SAE, Daniel Rojas, por la negativa a entregar las acciones de la Triple A, pese a que ya hubo un desembolso por el valor de las mismas de más de 282 mil millones de pesos.
Esto generó preocupación en la Procuraduría por las consecuencias penales que podría traer esta decisión.
Precisamente, ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de Triple A S. A. E.S.P., la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, a quien se suspende por tres meses; también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Para la Procuraduría, las conductas podrían “generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena, a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S. A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la junta directiva de la Triple A”.
