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Declaración del Vocero del Gobierno y Ministro del Interior, Alfonso Prada, en respuesta a la Fiscalía respecto a la suspensión de unas órdenes de captura

Leidy Garcia Balvin

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Muy buenas noches.

Me dirijo a todos los colombianos y las colombianas que nos escuchan en este momento, a toda la Opinión Pública a raíz de los hechos que se han generado, precisamente, por la solicitud que ha hecho el Gobierno Nacional de la suspensión de unas órdenes de captura para que miembros representantes de organizaciones de la AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y de la organización de la Sierra Nevada –dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado– para que puedan participar, quienes sean sujetos de estas órdenes de captura, en las mesas de diálogo que estamos adelantando en forma exploratoria para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones de el crimen con miras a obtener en Colombia la tan anhelada Paz Total.

En efecto, la Ley 2272 del 2022, que aprobó el Congreso de la República, facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones que se les reconoce estatus político y, con conversaciones exploratorias, con diálogos, con organizaciones, estructuras de alto impacto, armadas, del crimen, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento.

Pues bien, dentro de las primeras hace parte el Ejército de Liberación Nacional, con quien tenemos una mesa que se reanudará en el segundo ciclo, en los próximos días, con un estatus político, con miras a tener un proceso de paz.

Con estas segundas, como la Sierra Nevada o como las AGC, tenemos esos diálogos exploratorios. Hemos intentado armar unas condiciones dialógicas que nos permitan llevar a estas estructuras a la desmovilización, al desarme y al sometimiento al Estado de derecho.

La solicitud que se hace es de este tipo de miembros representantes de estas organizaciones.

Esas competencias están claramente definidas en la Ley 2272. Hemos hecho la solicitud a la Fiscalía General de la Nación que avance en la suspensión de la captura de esas personas que van a participar en las mesas de diálogo para hacer esa exploración y hemos recibido el día de hoy, de la doctora Martha Mancera, como Vicefiscal General encargada, una negativa al procedimiento de avanzar en la suspensión de esas órdenes de captura.

Pues bien: el Gobierno Nacional, lo primero que quiere declarar es que respeta, como siempre lo hace, las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, en este caso, la decisión que nos ha comunicado la Vicefiscal General encargada, la doctora Martha Mancera.

Dicho eso, y expresando nuestro respeto, queremos avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación para explicar que, precisamente, el argumento que exponen está fundamentado en dos decretos que reglamentaron la Ley 418 que acabamos de modificar.

Esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015 y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen. Por esa razón –asume la Fiscalía– que no pueden tener estatus político y que no pueden reconocerse en una mesa de diálogo este tipo de organizaciones.

Eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando, facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura.

Esos dos decretos en los que se fundamenta la Fiscalía General de la Nación fueron modificados, porque son normas inferiores a la Ley 2272, que amplia el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de captura.

La única manera de tener la Paz Total es el de avanzar en el desmonte de las organizaciones, tanto las que tienen estatus político, como las que no lo tienen. Unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen. Por eso son dos cosas completamente diferentes.

Es una nueva figura que no está contemplada en los decretos que reglamentaron en el 2012 y en el 2015 esta figura y, al ser nueva la figura, se aplica directamente la ley.

En esas condiciones podemos entender que podemos avanzar hacia la Paz Total en la medida que podamos desmontar las dos líneas de trabajo que aprobó el Congreso de la República.

El Presidente está plenamente facultado y lo que se trata es de aclarar a la Fiscalía el contexto en el que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones –con esto termino– que no se les está reconociendo estatus político, sino que son estructuras armadas de alto impacto del crimen con las cuales aspiramos llegar a un sometimiento.

En esas condiciones, damos una primera respuesta a la carta que nos ha mandado –como respuesta también– la Fiscalía General de la Nación y esperamos en las próximas horas y en los próximos días tener todos los elementos de juicio necesarios para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total.

Esta Paz Total es clamada en los territorios, por las organizaciones sociales, de campesinos, de indígenas, por la ciudadanía, y en territorios como el sur del departamento del Chocó, por la cuenca del San Juan, al norte del Valle, por el Calima.

Lo que ha ocurrido estos días en los enfrentamientos que se dan en el departamento de Arauca que han generado muertes de Colombianos es lo que nos ha motivado, este gran reclamo ciudadano, a mantener toda la energía necesaria para poder avanzar hacia la construcción de Paz Total, que requiere este tipo de instrumentos y caminos para poder, conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz que terminen en acuerdos de paz y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de derecho.

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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