Muy buenas noches.
Me dirijo a todos los colombianos y las colombianas que nos escuchan en este momento, a toda la Opinión Pública a raíz de los hechos que se han generado, precisamente, por la solicitud que ha hecho el Gobierno Nacional de la suspensión de unas órdenes de captura para que miembros representantes de organizaciones de la AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y de la organización de la Sierra Nevada –dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado– para que puedan participar, quienes sean sujetos de estas órdenes de captura, en las mesas de diálogo que estamos adelantando en forma exploratoria para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones de el crimen con miras a obtener en Colombia la tan anhelada Paz Total.
En efecto, la Ley 2272 del 2022, que aprobó el Congreso de la República, facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones que se les reconoce estatus político y, con conversaciones exploratorias, con diálogos, con organizaciones, estructuras de alto impacto, armadas, del crimen, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento.
Pues bien, dentro de las primeras hace parte el Ejército de Liberación Nacional, con quien tenemos una mesa que se reanudará en el segundo ciclo, en los próximos días, con un estatus político, con miras a tener un proceso de paz.
Con estas segundas, como la Sierra Nevada o como las AGC, tenemos esos diálogos exploratorios. Hemos intentado armar unas condiciones dialógicas que nos permitan llevar a estas estructuras a la desmovilización, al desarme y al sometimiento al Estado de derecho.
La solicitud que se hace es de este tipo de miembros representantes de estas organizaciones.
Esas competencias están claramente definidas en la Ley 2272. Hemos hecho la solicitud a la Fiscalía General de la Nación que avance en la suspensión de la captura de esas personas que van a participar en las mesas de diálogo para hacer esa exploración y hemos recibido el día de hoy, de la doctora Martha Mancera, como Vicefiscal General encargada, una negativa al procedimiento de avanzar en la suspensión de esas órdenes de captura.
Pues bien: el Gobierno Nacional, lo primero que quiere declarar es que respeta, como siempre lo hace, las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, en este caso, la decisión que nos ha comunicado la Vicefiscal General encargada, la doctora Martha Mancera.
Dicho eso, y expresando nuestro respeto, queremos avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación para explicar que, precisamente, el argumento que exponen está fundamentado en dos decretos que reglamentaron la Ley 418 que acabamos de modificar.
Esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015 y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen. Por esa razón –asume la Fiscalía– que no pueden tener estatus político y que no pueden reconocerse en una mesa de diálogo este tipo de organizaciones.
Eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando, facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura.
Esos dos decretos en los que se fundamenta la Fiscalía General de la Nación fueron modificados, porque son normas inferiores a la Ley 2272, que amplia el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de captura.
La única manera de tener la Paz Total es el de avanzar en el desmonte de las organizaciones, tanto las que tienen estatus político, como las que no lo tienen. Unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen. Por eso son dos cosas completamente diferentes.
Es una nueva figura que no está contemplada en los decretos que reglamentaron en el 2012 y en el 2015 esta figura y, al ser nueva la figura, se aplica directamente la ley.
En esas condiciones podemos entender que podemos avanzar hacia la Paz Total en la medida que podamos desmontar las dos líneas de trabajo que aprobó el Congreso de la República.
El Presidente está plenamente facultado y lo que se trata es de aclarar a la Fiscalía el contexto en el que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones –con esto termino– que no se les está reconociendo estatus político, sino que son estructuras armadas de alto impacto del crimen con las cuales aspiramos llegar a un sometimiento.
En esas condiciones, damos una primera respuesta a la carta que nos ha mandado –como respuesta también– la Fiscalía General de la Nación y esperamos en las próximas horas y en los próximos días tener todos los elementos de juicio necesarios para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total.
Esta Paz Total es clamada en los territorios, por las organizaciones sociales, de campesinos, de indígenas, por la ciudadanía, y en territorios como el sur del departamento del Chocó, por la cuenca del San Juan, al norte del Valle, por el Calima.
Lo que ha ocurrido estos días en los enfrentamientos que se dan en el departamento de Arauca que han generado muertes de Colombianos es lo que nos ha motivado, este gran reclamo ciudadano, a mantener toda la energía necesaria para poder avanzar hacia la construcción de Paz Total, que requiere este tipo de instrumentos y caminos para poder, conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz que terminen en acuerdos de paz y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de derecho.
