La Corte Suprema considera que no tiene competencia para investigar a Gustavo Bolívar.
La Corte Suprema de Justicia se declaró impedida para continuar con la investigación en contra del exsenador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, por la presunta financiación a la Primera Línea en el marco del Paro Nacional del 2021.
El caso pasará a la justicia ordinaria, es decir, a ser competencia de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que Bolívar ya no ostenta su curul en el Senado. En ese sentido, el ente acusador tendrá la tarea de definir el rumbo del caso en contra del excongresista por presuntamente haber entregado recursos a los manifestantes para alterar el orden público durante las protestas que se desarrollaron en contra del anterior Gobierno.
“Por razones de competencia se ordena remitir la actuación, en el estado de que se encuentre, al Despacho del Fiscal General de la Nación, para que adopte las determinaciones que sean del caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 251, numeral 1, 325 numeral 5 y parágrafo de la Constitución Política, modificados por los artículos 1 del Acto Legislativo número 6 de 2011 y el 3 del Acto Legislativo número 1 de 2018?, se lee en el fallo.
Así las cosas, la Corte Suprema afirmó que las próximas diligencias relacionadas al caso del simpatizante del Pacto Histórico se deberán remitir directamente al Ministerio Público liderado por Francisco Barbosa y no a los magistrados del alto tribunal.
La denuncia en contra de Gustavo Bolívar
Los abogados Víctor Mosquera y Bernardo Jaramillo instauraron una denuncia en contra de Gustavo Bolívar argumentando que el exsenador creó una Vaki para, presuntamente, entregar recursos a los manifestantes con el fin de que se dotaran de elementos con lo que se habrían cometido actos de vandalismo en Bogotá durante el Paro Nacional, entre abril y junio de 2021.
En la demanda, Mosquera aseguró que, con estos recursos, los manifestantes habrían podido comprar cascos, alimentos, gafas y demás elementos que les permitieron defenderse de las intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Cabe mencionar que la defensa de Gustavo Bolívar está en manos de abogado Miguel Ángel del Río, quien aseguró que su cliente quería brindarle elementos de protección a los manifestantes y, bajo ningún motivo, financiar los hechos vandálicos que se registraron en estas jornadas.
“El senador pretendía comprar elementos de protección porque, cuando él hace la Vaki, había jóvenes que salían a proteger a otros de los embates de la fuerza pública, específicamente del ESMAD, y ya se tenían probados varios casos de agresiones. Esa fue la motivación”, expresó el jurista.
Fuente: Colombia.com
