José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch también se refirió a la propuesta de Álvaro Uribe que pretende implementar la llamada ‘amnistía general’ en el país.
El jueves pasado, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, hizo pública una carta con fecha del 30 de septiembre dirigida para Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, que aborda puntos del caso Colombia. Esta fue solicitada por el tribunal para guiar su determinación sobre si se inicia una investigación formal en el país o, por el contrario, se concluye la investigación preliminar actual.
Frente a este dilema, Human Rights Watch tomó la determinación de defender que se mantengan las investigaciones en Colombia. Esto, debido al riesgo que corre la aplicación de la justicia en el territorio si los entes perciben que no existe un monitoreo del tribunal internacional en caso de una conclusión prematura de las investigaciones.
Tras su llegada a Colombia, según supo este diario, el fiscal Khan se reunirá personalmente con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General, que son las entidades que llevan las investigaciones que le conciernen. En concreto, la Fiscalía de la CPI monitorea actualmente cinco temas en su examen prelimintar: la promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamientos forzados, delitos sexuales en la guerra, los falsos positivos y los compromisos en justicia que se hicieron en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
En la carta, que argumenta varios aspectos del dilema, se habla de la “madurez” de la decisión que debe tomar la CPI como principal preocupación. Por esto, la organización representada por Vivanco tomó partido desde etapas tempranas de la misiva. Informó Infobae.
“Cerrar el examen preliminar, en deferencia de las investigaciones nacionales, resultaría prematuro y contraproducente para el objetivo de asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de los graves delitos internacionales que la Fiscalía ha analizado desde que abrió el examen preliminar sobre Colombia en 2004″, aseveró la organización estadounidense.
Por esto, HRW considera que se debe mantener el examen preliminar y, a su vez, se deberían intensificar esfuerzos para “interactuar con las autoridades nacionales, las asociaciones de víctimas y sus representantes, otras organizaciones de la sociedad civil, los socios internacionales de Colombia y otras partes interesadas en las acciones tendientes a asegurar que existan procesos nacionales genuinos en el país”, añadió.
Vivanco rechazó la ‘amnistía general’ de Uribe
En el mismo documento, Vivanco resaltó los últimos avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por las 26 imputaciones en el caso de los falsos positivos y los 8 excombatientes responsabilizados por delitos como toma de rehenes. Sin embargo, evidenció que las autoridades de la justicia ordinaria colombiana han conseguido “pocos avances significativos” en términos de delitos sexuales, de género y expansión de grupos paramilitares.
Además, por la injerencia de actores políticos opositores al Acuerdo de Paz, también resalta una fragilidad en la JEP que se debe proteger. Según HRW, después de que Álvaro Uribe Vélez propusiera la ‘amnistía general’, que hasta Gustavo Petro apoyó parcialmente, el líder político del presidente Iván Duque propuso reformar la JEP y bajarle penas a soldados.
“Las propuestas que planteó Uribe forman parte de un patrón de acciones impulsadas por el partido gobernante, el Centro Democrático, para obstaculizar los avances de la JEP; entre otras medidas, con el veto de una ley fundamental para el funcionamiento de la Jurisdicción, reformas que parecen diseñadas a socavar el trabajo del sistema de justicia y declaraciones que parecen orientadas a desprestigiar o intimidar a la JEP y afectar la legitimidad Por su parte. La FIDH y el CAJAR enviaron 10 puntos de referencia sobre los que se podría concentrar ahora la Fiscalía de la CPI. Es decir, las áreas clave a evaluar sobre los cinco temas que están en examen preliminar. “Los puntos de referencia propuestos mostrarán, con base en elementos imparciales, cómo los procesos de rendición de cuentas en Colombia no son eficientes, y por qué el país y las víctimas de violaciones necesitan urgentemente la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la CPI para luchar contra la impunidad de los más altos responsables de los crímenes cometidos en el país”, escribieron el Cajar y la FIDH
