Corte Constitucional revoca el estado de emergencia en La Guajira decretado por el Gobierno Petro

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La Corte Constitucional de Colombia ha revocado el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Gustavo Petro en el departamento de La Guajira. La medida, que buscaba abordar la crisis humanitaria en la región, fue declarada inconstitucional por el alto tribunal.

El Gobierno nacional emitió el decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira en respuesta a las difíciles condiciones que enfrenta esta zona del país desde hace varios años. Sin embargo, la Corte Constitucional, tras meses de estudio, determinó que el decreto era inconstitucional y, por lo tanto, no podía mantenerse en vigencia.

La Sala Plena de la Corte Constitucional emitió su decisión el día de hoy, declarando inexequible el decreto emitido el 2 de julio pasado por el presidente Gustavo Petro. Aunque la medida revoca gran parte del estado de emergencia, existe un efecto diferido en relación con el acceso al agua potable para la población. Este punto en particular seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024, momento en el cual la Corte Constitucional revisará las medidas tomadas y su efectividad.

El tribunal ha concedido un efecto diferido de un año, contado a partir de la expedición del decreto, con respecto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria debido a la menor disponibilidad de agua. Esta decisión representa un duro golpe para el Gobierno y plantea importantes desafíos en la gestión de la crisis en La Guajira.

En su decisión, la Corte Constitucional ha instado al Gobierno y al Congreso a tomar las medidas necesarias para abordar la grave crisis humanitaria estructural en el departamento de La Guajira. Estas medidas deben estar en línea con lo establecido en la sentencia T-302 de 2017, que abordó esta problemática.

El tribunal también ha exigido que se cumpla de manera rápida y efectiva con la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad de La Guajira. Además, se deben implementar acciones destinadas a fortalecer las instituciones involucradas en cuestiones de cambio climático y proporcionar los recursos necesarios para abordar las circunstancias que surjan.

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