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Concesión responde a protesta por los peajes del norte del Aburrá

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Por la renovación de los peajes El Trapiche, en Barbosa, y del peajito social en Niquía, dentro de la concesión para la construcción de la conexión de Cuarta Generación (4G) al Nordeste y al Magdalena Medio antioqueño, se mantiene vivo el debate con los alcaldes de esta zona metropolitana que se oponen a su prolongación.

Los mandatarios de Barbosa, Copacabana y Girardota alzarán su voz de protesta por lo que consideran una medida excesiva por el impacto económico que les ha generado.

“Nos quieren montar otra concesión por 30 años más para que las personas del norte del Aburrá paguen la doble calzada hasta el Magdalena Medio. Eso es una infamia”, aseveró Diego Agudelo Torres, mandatario de Girardota, quien encabeza el movimiento No más peajes, el cual está en diálogo con la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— (ver recuadro).

Pero retrocedamos en el tiempo para conocer el contexto del debate. La Concesión Aburrá Norte Hatovial construyó, rehabilita, mejora, mantiene y opera los 71 kilómetros que van desde Solla hasta Barbosa y Don Matías desde 1997.

Dentro de la estructuración de las vías 4G, la Hatovial quedó dentro del corredor hacia el Bajo Cauca y el Magdalena Medio con los trazados de Vías del Nus (Pradera-Alto de Dolores), Autopista al Magdalena (Remedios-Alto de Dolores-Ruta del Sol) y Conexión Norte (Remedios-Caucasia).

Por eso Vías del Nus recogerá en mayo de 2021 los kilómetros construidos y operados por Hatovial por un lapso de entre 20 y 25 años (término varía según la recuperación de la inversión), durante los cuales explotará los peajes de Donmatías, Cisneros, Niquía y El Trapiche, estos dos últimos, foco de la confrontación con los alcaldes del norte.

Lo que dice Hatovial

Ricardo López Lombona, gerente de la concesión, dijo que no es la concesión quien decide si los peajes se quedan o se van. “Eso lo decide el Estado”, contestó. Respondió que si alguien se ha beneficiado del desarrollo de la doble calzada es Girardota y que no es cierto que para ir de Medellín a ese municipio haya que pagar peaje. “Tampoco es verdad que haya pagado la doble calzada porque la alcaldía no ha puesto un peso. Le ha generado desarrollo y crecimiento empresarial”, argumentó.

Acotó que el mantenimiento mensual de la vía entre Solla y Hatillo (por la glorieta de Niquía pasan a diario 50.000 carros, según Hatovial) cuesta $1.000 millones. “Si se quitan los peajes, ¿de dónde van a salir esos recursos?’’, preguntó el directivo.

Contó que rigen las excepciones al transporte público de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, y reconoció que es justo el reclamo de los habitantes de Barbosa, que merecen una tarifa diferencial. Anticipó que dicha solución se está estructurando para otorgarla cuanto antes.

¿Se pueden trasladar?

Según López Lombana, si retiran los peajes, la conexión al Magdalena Medio quedaría en el aire. Precisó que el costo de la obra, el mantenimiento, la operación y rehabilitación de vías existentes que asumiría la concesión cuestan $2 billones.

“¿De dónde va a salir esa plata? Además, esto generaría inseguridad jurídica en las alianzas público privadas porque los privados se endeudaron para poner ya 40% de esos recursos y de un momento a otro no le pueden decir que la fuente para devolverle la plata no existe. Se acabaría el sistema de concesiones”, afirmó.

Opinó que la vía 4G debe verse como un proyecto departamental y no municipal, y añadió que 50 % de los ingresos obtenidos durante 20 años provienen del pago de vehículos de largo recorrido. “Este no es un problema local. Por estos peajes entra toda la carga que viene del Norte del país que cada vez será mayor”, concluyó López .

Juan Diego Ortiz Jiménez



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