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Atención: presidente Petro sancionará a concesiones que aumenten las tarifas de los peajes

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El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este lunes drásticas medidas en contra de las concesiones que opten por aumentar la tarifa de los peajes y señaló que la Superintendencia de Transporte revisará con lupa cada uno de los casos.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano reveló que las concesiones que incrementen esos valores, desconociendo el decreto que emitió el Gobierno nacional, serán sancionadas.

“Las concesiones que eleven tarifas de peaje sin autorización del Gobierno serán sancionadas por la superintendencia”(sic), advirtió el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.

La radical postura del mandatario colombiano se dio tras conocer que se actualizaron los precios de los peajes en el país porque el Gobierno nacional no había firmado el decreto que congelaba el incremento de las tarifas. Así lo confirmaron desde varias concesiones como Ruta Costera y Ruta al Mar, quienes operan en la región Caribe.

Sin embargo, sobre el medio día, la cartera de Transporte anunció que se firmó el decreto, lo que supone un reversazo a los ajustes aplicados.

“Lo que hace el decreto es definir las condiciones en las cuales se congelan las tarifas. Y aparte, ese decreto determina cómo se le compensa a las concesiones ese valor que se deja de percibir como producto de esa medida”, explicó uno de los dirigentes de las sociedades concesionarias

El peaje de Tuta subió 1.100 pesos© Proporcionado por Semana

En ese sentido, el valor de los peajes, como los que están ubicados en la vía Cartagena–Barranquilla o el que comunica a los municipios de Coveñas y Tolú, en Sucre, incrementó 13 %.

“Las tarifas son ajustadas anualmente de acuerdo al incremento del IPC y otras variables, aplicando la fórmula que establece el contrato”, indicaron desde Ruta Costera.

A renglón seguido, con la expedición del decreto oficial, queda la duda sobre ¿qué pasará con los precios ajustados? SEMANA consultó con una de las concesiones y dejaron por sentado que tienen que “revisar las condiciones en las que sale el decreto y tenemos que esperar las indicaciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estamos en la obligación de cumplir, así que nos tocaría reajustar las tarifas”.

Aunque todavía no existe una fecha definida para la actualización de los valores, SEMANA conoció que las tarifas tendrán que ser reajustadas a precios del 2022.

Decreto de peajes firmado
Decreto de peajes firmado© Proporcionado por Semana

Según el Gobierno nacional, la medida busca dar un alivio al bolsillo de los colombianos y hacer frente a la inflación que actualmente se encuentra en su punto más alto del siglo. Con el decreto ya firmado, se mantendrá congeladas las tarifas en cerca de 150 peajes en todo el país y ordenará que, aquellos que ya aumentaron estos cobros, vuelvan a los montos de 2022.

Según lo explicado por el ministro Reyes, en días pasados, los 147 peajes son todos aquellos que están a cargo directamente del Instituto Nacional de Vías (34) y por medio de concesión con la Agencia Nacional de Infraestructura (113). Así mismo, explicó que aquellos puntos que ajustaron sus tarifas desde el pasado 1 de enero, deberán reversar dicho incremento.

De acuerdo con la legislación nacional, el cobro en los peajes de Colombia forman parte aquellos rubros que se ajustan cada año con base en el acumulado anual del Índice de Precios al Consumidor que actualmente se encuentra en el 13,12 %, luego de llegar a su punto más alto del último siglo, impulsado, entre otras cosas, por los costos de transporte.

Las tarifas en los peajes de esta concesión ya se incrementaron© Proporcionado por Semana

Esta medida no cobija a los peajes departamentales o municipales, es decir, aquellos que están a cargo de las gobernaciones y alcaldías en diferentes regiones, ya que el Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre ellas. De acuerdo con datos de la ANI, actualmente son 27 los que están bajo esta categoría y en todos estos se dará el aumento normal que estipula la ley.

Hay que dejar claro que los recursos que compensarán el dinero que dejarán de percibir las concesiones y el Estado por cuenta de este congelamiento de precios, saldrán, según fuentes del Ministerio de Transporte dijeron a SEMANA, del cobro por valorización por carretera en 2024.

Este medio conoció que la decisión les costaría a las finanzas del Estado cerca 500.000 millones de pesos, los cuales saldrían del presupuesto de la nación este año y serían regresados una vez se recupere este dinero gracias a la valorización. Así las cosas, esto se podría interpretar como una especie de subsidio a los peajes, con el que se busca hacer frente a la disparada de inflación que vive el país desde hace meses.

Fuente: Semana.

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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