Columnistas
ASÍ NO SE LOGRA LA PAZ
Por: José Gregorio Hernández Galindo
La mayoría de los colombianos -no todos, infortunadamente- queremos la paz. Una paz que vemos cada vez más lejana, pese a que es una de las metas principales del actual presidente de la República. Pero la paz no se consigue mediante la resignación o pérdida de la autoridad del Estado, ni inclinándose ante los terroristas para implorarles que inicien o prosigan los diálogos, como parece que lo entienden algunos altos funcionarios gubernamentales.
Acertó el presidente Gustavo Petro cuando decidió suspender el cese al fuego con la organización terrorista de las disidencias de las FARC, tras el horrendo crimen cometido contra cuatro jóvenes, cobardemente asesinados por haberse resistido al reclutamiento forzado. Pero esa decisión presidencial resultó malograda pocas horas después de adoptada, cuando el comisionado de paz, Danilo Rueda, se dirigió al líder de los criminales, en un escrito tímido, sumiso y condescendiente, que dio prelación a la continuidad de los diálogos sobre la inmensa gravedad de los hechos, como si hubiesen sido incidentes menores.
Unos días más tarde se produjo el grave atentado del ELN en Tibú, cuando, mediante explosivos y en un acto también cobarde, fueron asesinados dos policías y una mujer civil que pasaba por el lugar, con un saldo adicional de numerosos heridos.
La organización terrorista reconoció la autoría de este crimen, que no es el único reciente, y el señor comisionado alude al mismo en estos términos: “Que el ELN se lo atribuya, pues es un gesto de responsabilidad para aclarar la situación. Ya habrá el momento para que sean sancionados. Por lo menos ese reconocimiento es una base frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad desde el comienzo”.
Con el debido respeto hacia el funcionario, debemos decir que no solamente se equivocó en los términos utilizados, sino que quitó importancia a la necesaria responsabilidad penal en el caso, postergándola, cuando ha debido reclamar y urgir a los delincuentes para su efectivo sometimiento a la administración de justicia, como condición para seguir dialogando.
Que la organización criminal haya reconocido la comisión de un crimen -exhibiéndolo más como trofeo que como acto delictivo- no es un “gesto de responsabilidad” sino una desafiante confesión. El funcionario no podía celebrar, ni felicitar al grupo alzado en armas, sino -por el contrario- exigirle que los autores del crimen fueran entregados a las autoridades judiciales.
Ahora bien, dejar para después la sanción (“ya habrá el momento para que sean sancionados”) no es lo propio de un funcionario administrativo. Además de invadir la órbita judicial, significa auspiciar la impunidad, como si ella fuera un elemento indicado para continuar los diálogos de paz.
Nuestros funcionarios deben entender que el fin no justifica los medios. Que, siendo plausible la búsqueda de la paz mediante procesos como el que se quiere adelantar, no todo vale para conseguirla. Que la autoridad del Estado no se puede rebajar al nivel de disimular los crímenes cometidos por los enemigos de la paz, quienes con sus actos y expresiones se burlan del proceso, de la sociedad y también del Gobierno.
Los funcionarios deben rechazar abiertamente, sin palabras postizas, ni eufemismos, lo que es un crimen. En el Estado de Derecho, ningún crimen debe quedar impune.
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Sevilla fue, por muchas décadas, la pretendida capital cafetera de Colombia. Por sus calles transcurrió la infancia de dos grandes amigos de mi ya lejano pasado: Héctor Abad Gómez y Lino Gil Jaramillo. Por muchas razones, que los sociólogos e historiadores deben explicar, Sevilla, fundada por Don Heracle Uribi Uribe, hermano del General, tuvo un temple liberal que le permitió no solo abrirle campo a los sindicatos comunistas de la década del 30 del siglo pasado, sino también forjar un bastión del liberalismo tan fuerte que pudo soportar el atropello de los pájaros del cóndor.
Quizás por ello ha sostenido desde sus comienzos un foco ecológico: el humedal Siracusa, en todo el corazón del poblado que hoy enmarcan a la diagonal 54 y las carreras 40 y 42. A su lado, con la sed de vivienda que deben saciar todos los municipios en crecimiento, dejaron construir sendas urbanizaciones ProVivienda y Siracusa, pero les exigieron canalización por alcantarillado de aguas lluvias y residuales, y la escorrentía la desviaron para que no afectara el nacimiento del humedal.
Por estos días, ese espíritu libérrimo está siendo atropellado. La alcaldía de Sevilla, por resolución 091 del 7 de marzo de este año, dio licencia de urbanismo a la empresa Golden Sas para levantar la Urbanización Villa del Japón. Desde ese momento, la vida del humedal peligra. Está solo pendiente de la autorización que la Corporación Ambiental CVC le ratifique a los señores de Golden. Y si la acepta, guillotina a Sevilla, porque toda la escurría de ese barrio caería directamente al nacimiento del manantial que nutre el humedal Siracusa.
El temor es muy grande porque la CVC goza de una mala fama desde cuando autorizó que se volvieran a quemar cañaduzales de los ingenios azucareros y pretendió darle permiso a las mineras para explotar en inmediaciones del páramo del Duente.
Por: Carlos Ríos Puerta
La fuerza de nuestra idiosincrasia como antioqueños y medellinenses nos ha llevado a tener un sentido de pertenencia que muchos tildan de regionalismo, no obstante, corresponde a la visión de que nuestro territorio es parte de nuestro ADN, prueba de ello es la llamada cultura Metro.
En este sentido, los funcionarios y servidores públicos, nos debemos con más ahínco a la ciudadanía para trabajar por las verdaderas necesidades que tenemos en el territorio, y seguir proyectándonos como una ciudad-región de oportunidades, visionaria y promotora de profundos cambios sociales.
En mi rol como concejal de Medellín, honor al que me he dedicado en el último año y medio, he contribuido a esa visión conjunta que tenemos como sociedad, haciéndole control político a la Alcaldía, por medio de debates en temas de Salud, Seguridad, Gobernanza, Gobernabilidad y el último que realizamos fue al programa Parceros, que busca prevenir la vinculación de niños, jóvenes y adolescentes a las estructuras criminales, pero que lamentablemente la actual administración desnaturalizó.
También marcamos un hito en el control político de la ciudad, declarando insubsistente al secretario privado de la Alcaldía, Juan David Duque, quien se negó a darle la cara al Concejo de Medellín y a la ciudadanía por los gastos injustificados de los fondos fijos reembolsables.
Dimos nuestro voto positivo al reconocimiento de Defensores de Derechos Humanos, la política Distrital de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, y finalmente participamos en las comisiones accidentales de seguridad del barrio Conquistadores y Poblado.
Asimismo, desde nuestra curul, defendimos a nuestras Fuerzas Armadas, la institucionalidad, el día sin IVA; manifestamos la inconveniencia con el alza desmedida de la gasolina, la aprobación del cannabis como uso recreativo y rechazamos los malos manejos a los que se vio expuesta Buen Comienzo en estos últimos 4 años.
De igual forma, acompañé los procesos electorales a la gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, en las que salieron electos Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez. De esta forma iniciamos la recuperación de nuestra ciudad y nuestro departamento, marcando un liderazgo desde las regiones para ser artífices de los cambios sociales que necesita el país.
Finalmente quiero agradecerle a toda la ciudadanía que ha acompañado los momentos trascendentales del Concejo con sus voces de aliento y cariño por llevar en el corazón ese sentido de pertenencia tan nuestro, por permitirme cumplir el sueño de trabajar por mi ciudad, y en este mismo sentido, quiero decirles a todos los medellinenses y antioqueños, que, desde cualquier escenario futuro, seguiremos trabajando para cuidar lo que es de todos.
No quisiera terminar esta columna sin augurarles gran éxito a los próximos gobiernos de Antioquia y Medellín, así como a la Asamblea Departamental y al Concejo de la ciudad. Durante estos próximos cuatro años, la unión será fundamental para estar conectados con las comunidades y liderar las transformaciones que demanda la ciudadanía.
Carlos Ríos Puerta
Concejal de Medellín, Exviceministro de Defensa
@CarlosARiosP
Por: Jesús Vallejo Mejía
El que nos desgobierna se la pasa tildando a sus antecesores de asesinos. Repite a troche y moche que bombardeaban niños, fusilaban a jóvenes inocentes, les disparaban a los ojos a los manifestantes de la Primera Línea y no contentos con ello esquilmaban el erario.
Se abstiene de recordar que hizo parte de una de las organizaciones criminales más crueles y sanguinarias de nuestra historia, el tristemente célebre M-19.
Lo que se cuenta de sus andanzas por ahí es tenebroso, aunque sus turiferarios insisten en que se trata de “fake news”, pues sus tareas no estaban en los frentes de batalla, sino en la labor proselitista. Olvidan sus actuaciones en Zipaquirá, Santander, Tolima y Cauca, y que pese a su juventud rápidamente escaló en la jerarquía hasta llegar a ser uno de sus dirigentes nacionales.
Dado que fue un conspicuo delincuente juvenil y sus años de formación transcurrieron en la ilegalidad, es probable que se sienta solidario hoy con los delincuentes de todos los plumajes y por ello les ofrece una “paz total” de contornos difusos, tal vez irrealizable y socavadora de la autoridad soberana del Estado.
A ello conduce, a no dudarlo, su desdén por la fuerza pública, que últimamente ha sufrido más bajas por la acción gubernamental que por sus enfrentamientos con la delincuencia. Como lo ha afirmado Juan Lozano Ramírez, parece que aquélla es la única que se ha desmovilizado, pues los grupos criminales más bien se han venido fortaleciendo aceleradamente en todo el territorio nacional.
Todos ellos crecen hoy como verdolaga en playa. Su influencia es tan notoria que no resulta osado sostener que ya lo que reina es la anarquía, el peor de los males que puede afectar a una sociedad.
Hace poco afirmó el gobernador electo de Antioquia que a su juicio la paz resulta del imperio de la ley en todos los rincones de la patria. Pero lo que se obstina en predicar el gobierno central es lo contrario, vale decir, el desmoronamiento de la legalidad que debe sostenerse gracias al monopolio de la fuerza por parte del Estado.
Este es un principio capital de la filosofía política y el derecho público. Pero el inquilino de la Casa de Nariño se obstina en desconocerlo porque el ejercicio coactivo de la autoridad podría generar efectos colaterales como los que tan acerbamente les ha censurado a quienes lo han precedido en el cargo.
Recuerdo un libro humorístico que leí hace muchos años: “Memorias del Padre Eterno”, de Pierre Henri Cami (vid. Memorias del padre eterno – Cami – Google Libros). En su relato sobre la rebelión de Luzbel y los ángeles que lo secundaron, para no desdecir de su carácter amoroso, el Padre Eterno los confronta con una legión de ángeles besadores comandada por san Miguel Arcángel. A los fuegos de los futuros habitantes del infierno ellos respondían con besos, tal vez los que describe un tangazo que cantaba Gardel: “Besos que matan”.
Sólo le falta al delirio del que nos desgobierna que organice batallones de soldados besadores que convenzan a los amos del delito para que se ajusten buenamente al orden legal y cesen en sus depredaciones. Los 100.000 jóvenes a quienes se les pagará para que no delincan podrían iniciarse en tan benigno programa.
