Nacionales
“Asesinados por la Policía”: el crudo informe del Washington Post sobre las protestas en Colombia

El diario estadounidense recogió testimonios y evidencia en video de los abusos que habrían cometido uniformados contra los manifestantes durante las protestas de los últimos días.
Son cuatro momentos que presenta de manera detallada el diario estadounidense The Washington Post sobre la muerte de jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública durante las protestas en Colombia, que estallaron el pasado 28 de abril.
Santiago Andrés Murillo, Brayan Fernando Niño, Joan Nicolás García y Marcelo Agredo Inchima, los nombres de estas cuatro víctimas mortales que el informe periodístico analiza con la ayuda de videos y testimonios para reconstruir lo que pasó con ellos y la responsabilidad de la Policía en estas denuncias.
El primer caso que expone esta publicación de The Post es el de Marcelo Agredo de 17 años, quien murió tras recibir un disparo en su espalda en las protestas del 28 de abril en el barrio Mariano Ramos de Cali. “Alrededor de 12 segundos en el video, Agredo y algunos otros corren hacia un oficial solitario que intenta alejarse en una motocicleta. Se puede ver a otros oficiales parados más atrás. Un oficial en la intersección levanta lo que parece ser un arma y dispara hacia los manifestantes. Agredo se lanza hacia el oficial en la motocicleta y lo patea en la espalda”, cuenta el diario.
Sobre los disparos que lanza el policía, ese medio consultó al experto Brian Castner, analista de armas del Equipo de Crisis de Amnistía Internacional quien les dijo: “Definitivamente es munición real, basada en el perfil de sonido y el momento de los disparos”. Uno de esos disparos cayó en la espalda de Marcelo Agredo quien se desplomó al instante como lo dejó ver una cámara de seguridad de la zona.
El pasado 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos de homicidio agravado al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, el policía que disparó contra Marcelo Agredo. “De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció”, dijo el ente acusatorio.
The Washington Post también analizó el caso de Santiago Murillo, de 19 años, quien murió en Ibagué tras recibir un tiro en su pecho. Cuenta el diario que mientras una multitud corre, muy cerca del lugar donde vivía el joven, “se escuchan unos 10 disparos en un lapso de unos 15 segundos, según un análisis de Castner. La fuente de los disparos no es visible en el video”.
Este 19 mayo, la Fiscalía General de la Nación dijo que tiene pruebas suficientes para demostrar que un mayor de la Policía fue quien disparó y causó la muerte de Santiago Murillo.
De acuerdo con el ente investigador, el uniformado disparó contra el joven quien caminaba tranquilamente por una zona de la ciudad. Además, se supo que cuando Murillo recibió el impacto del arma de fuego, sus amigos pidieron ayuda a la Policía, pero no fue asistido.
El tercer caso que analizó The Post con el apoyo de videos fue el de Brayan Fernando Niño Araque, de 24 años, quien murió en medio de protestas del 1 de mayo en Madrid (municipio de Cundinamarca). “El video verificado por Human Rights Watch muestra un vehículo blindado con la palabra ‘Policía’ en un costado que se dirige hacia un grupo de manifestantes que huyen. Trece segundos después del video, la policía dispara lo que parecen ser botes de gas lacrimógeno”, detalla el informe.
Esa munición disparada chocó contra el rostro del joven que murió minutos después. “El video gráfico muestra a un grupo cargando a Niño, con el ojo derecho ensangrentado y el cuerpo flácido. En un comunicado a The Post, las autoridades dijeron que la causa de la muerte fue un arma afilada”, señaló el diario estadounidense.
Tras la muerte del joven, se supo que en la tanqueta se encontraba el mayor de la Policía Javier Arenas, quien había acudido al llamado de sus compañeros cuando él se encontraba en el sector de Cartagenita, en modo preventivo, pero se trasladó hasta allí tras los actos vandálicos contra sus compañeros.
El último caso en ser analizado por el diario The Post fue el de Joan Nicolás García Guerrero, quien desde Cali salió a protestar desde el 28 de abril. De hecho, ese día le escribió a su mamá: “Tenemos que tener una guerra civil, es dolorosamente triste, pero cierto”. El joven que pertenecía a la primera línea, murió en la madrugada del 3 de mayo.
“En la esquina superior derecha del encuadre, se puede ver a un grupo de hombres, incluido García Guerrero, caminando hacia una pared de gas lacrimógeno. Un par de segundos después, se puede escuchar un solo disparo. García Guerrero cae. Otros se lo llevan”, detalla el medio que analizó el video de este caso.
“Estaba abrumado por sus frustraciones y enojo. Le gustaba su país y no quería ser subyugado por nadie. Tomó la decisión de ir al frente y lo mataron. Ellos lo mataron”, le dijo la madre de Guerrero a The Post.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que Nicolás, era hijo de su primo, que era un buen muchacho, sostuvo el mandatario.
En la plataforma Grita de Temblores ONG, dispuesta para denunciar los abusos de autoridad, se han documentado 2.378 casos de violencia policial —excluyendo los ciudadanos en condición de desaparecidos—, entre las 6 a. m. del 28 de abril y las 12 a. m. del 17 de mayo. De los 2.378 casos de violencia policial figuran 43 homicidios, al parecer perpetrados por la fuerza pública.
Tomado de: Infobae.com
Nacionales
Fiscalía llama a indagatoria a seis generales por falsos positivos

Este martes 06 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que delegados ante la Corte Suprema de Justicia abrieron una investigación en contra de seis generales en retiro del Ejército Nacional que, mientras estuvieron a cargo de varias unidades en el norte del país, habrían promovido un ‘plan de estímulos’ para que aumentaran las denominadas ‘bajas en combate’, situación que generó múltiples ejecuciones a civiles presentados como guerrilleros.
Según informó el fiscal general, Francisco Barbosa, durante una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, un primer escenario ocurrió entre 2004 y 2008, e involucra a grupos tácticos y operacionales adscritos a la Décima y a la Segunda Brigada de Ejército Nacional, las cuales tienen jurisdicción en Cesar y La Guajira.
“Los elementos de prueba dan cuenta de que cinco de los altos oficiales investigados, presuntamente, ejercieron actos de presión sobre sus subalternos y les indicaron insistentemente que los únicos resultados válidos serían las ‘bajas’. A cambio, ofrecieron felicitaciones, permisos, licencias y vacaciones”, expone el comunicado de la entidad.
De igual manera se expone que para cumplir con este propósito y obtener algún estímulo, el personal militar presentó como muertos en combate a campesinos, indígenas y habitantes de barrios marginales.
Las víctimas, en la mayoría de los casos, “fueron engañadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a sitios despoblados y apartados, entregadas a los uniformados y asesinadas con disparos de fusil a corta distancia y en circunstancias que no reflejaban un enfrentamiento armado. Sin embargo, en los reportes oficiales fueron reseñadas como integrantes de estructuras delincuenciales que atacaron a los componentes del Ejército Nacional.
Por lo anterior, serán citados a diligencia de indagatoria como posibles responsables del delito de homicidio en persona protegida, los siguientes oficiales en retiro:
Brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñó como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, por los eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo en el que comandó la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
Mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estas personas murieron el 16 de enero de 2006, en Urumita (La Guajira). Este caso se le atribuye al Batallón de Caballería Mecanizado N°2, cuyo comandante era el hoy investigado.
Brigadier general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres que, posteriormente, fueron presentados como ‘bajas en combate’. En su momento, el oficial era el comandante del Batallón de Artillería N°2 La Popa.
Brigadier general (r) Luis Felipe Paredes Cadena por un evento de ejecución extrajudicial que dejó una víctima en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006. Para la fecha el oficial estaba a cargo de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
De igual manera será investigado el brigadier general (r) Luis Fernando Rojas Espinosa, por la muerte de dos señalados integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 14 de marzo de 2004. El material probatorio indica que estas personas fueron llevadas mediante engaños a una zona boscosa del caserío Belén, en El Banco (Magdalena), puestas en estado de indefensión por unidades militares y asesinadas con disparos de fusil.
Fuente consultada: Colombia.com
Nacionales
Petro anuncia la creación de cinco viceministerios para promover la igualdad de género

Durante un importante encuentro en Medellín sobre la violencia de género, el presidente Gustavo Petro compartió novedades sobre el establecimiento del Ministerio de la Igualdad. En un esfuerzo por abordar esta problemática de manera más efectiva, el presidente confirmó la estructura y funcionamiento de este nuevo ministerio.
“Ese viceministerio de la mujer o de las mujeres empieza a ser una realidad institucional a escala de Gobierno Nacional para el conjunto del país que tiene que mirar la diversidad de problemas que aquí algunos han aparecido, no todos”, indicó el mandatario.
Una de las noticias más destacadas fue la creación de cinco viceministerios que se encargarán de áreas específicas relacionadas con la igualdad y los derechos. Estos viceministerios abordarán temas como la juventud, la comunidad LGBTIQ, la discapacidad y, especialmente, el empoderamiento de las mujeres.
“Son cinco viceministerios. Entonces, eso aparece por primera vez en la nación. Uno se dice, ¿y por qué?, otras cosas como estas, pero así es, entonces, el Viceministerio de la Juventud, no recuerdo si hay uno de LGBTIQ, hay una serie de direcciones, sí, la población en discapacidad. Un poco los grupos poblacionales que han sido agredidos por la desigualdad”. Expresó el presidente.
Este anuncio llega después de seis meses desde que se oficializó la creación del Ministerio de la Igualdad. En aquel entonces, surgieron preguntas sobre cómo funcionaría económicamente y administrativamente esta cartera ministerial. Sin embargo, el presidente Petro dejó claro que se están llevando a cabo todos los procesos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
«Este nuevo cuerpo institucional amerita que se gobierne con los movimientos sociales, organizaciones, ONG, el propio movimiento femenino que se expresa en las veredas, en los barrios, en los municipios y las universidades. Ese movimiento debe ayudarnos a gobernar, usando la institucionalidad que ahora se va a llamar Viceministerio de la Mujer» añadió Petro.
Además, el presidente Petro hizo hincapié en la importancia de transformar la educación en los colegios, específicamente en el Plan Educativo Institucional (PEI), para que promueva la igualdad de género. Esta iniciativa busca crear un ambiente educativo inclusivo que desafíe los estereotipos y fomente la igualdad en la sociedad.
La vicepresidenta Francia Márquez, quien asumirá el cargo de ministra de la Igualdad, compartió las principales metas del ministerio. Destacó la creación de un sistema de monitoreo y seguimiento de las violencias basadas en género como una de las iniciativas principales. Este sistema tiene como objetivo proteger los derechos de las mujeres y combatir todas las formas de violencia de género.
Fuente consultada: Colombia.com
Nacionales
Aumento alarmante de quejas y agresiones contra empleados de aerolíneas en El Dorado

El aeropuerto El Dorado, uno de los principales puntos de conexión aérea en nuestro país, se ha convertido en escenario de una problemática creciente. Los empleados de las aerolíneas están siendo objeto de un aumento alarmante de quejas y agresiones por parte de los pasajeros.
La situación se ha intensificado debido a los incumplimientos de las extintas aerolíneas Viva Air y Ultra Air, que han dejado a numerosos viajeros sin una solución satisfactoria para los tiquetes que habían adquirido.
En los últimos meses, se han vuelto frecuentes los videos compartidos en redes sociales en los que se observan casos de agresiones verbales y físicas contra los empleados de las aerolíneas en el aeropuerto El Dorado.
Estos incidentes no distinguen la aerolínea a la que pertenezcan los trabajadores, ya que los usuarios culpan y maltratan de cualquier forma a aquellos que están en contacto directo con ellos. Insultos, groserías e incluso ataques físicos, como empujones y mordiscos, se han vuelto parte del panorama lamentable que enfrentan los empleados.
“Como lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, en los últimos dos años se han duplicado los casos de pasajeros disruptivos que tienen este tipo de comportamientos y que afectan la integridad de empleados, clientes, y la seguridad de nuestra operación” dijo Avianca
Los trabajadores de las aerolíneas son los receptores de la ira y frustración de los pasajeros, quienes encuentran en ellos el blanco de sus descontentos. Esta situación deja a los empleados en una posición difícil, ya que se ven obligados a mantener la compostura y no responder a las agresiones, incluso cuando son víctimas de violencia física.
La aerolínea pidió que “las autoridades fortalezcan aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que han tenido este tipo de comportamientos vuelvan a volar”.
Una de las mayores preocupaciones para los empleados es la falta de respaldo por parte de sus jefes y las aerolíneas para las que trabajan. En algunos casos, aquellos que han expresado su malestar o han presentado quejas han sido despedidos o enfrentan la amenaza de perder sus empleos.
La creciente ola de quejas y agresiones contra los empleados de aerolíneas en el aeropuerto El Dorado representa un grave problema que debe ser abordado de manera urgente. La protección y el bienestar emocional y físico de los trabajadores deben ser una prioridad tanto para las empresas aéreas como para las autoridades responsables.
Fuente consultada: Colombia.com
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