Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal.
Los defensores a ultranza del paisaje de Cartagena lograron su cometido cuando eligieron alcalde al antiguo gobernador de Bolívar, el señor Turbay. Es vox populi que él se había comprometido antes de ganar las elecciones con la horda de bogotanos que se sienten dueños de la ciudad amurallada porque tienen una segunda residencia dentro del corralito de piedra.
El convenio de voluntades no hacía parte de ninguna de las componendas politiqueras que en Cartagena asumieron el mando para ordeñar habilidosamente el erario. Era un pacto de palabra, sin firma ni documento. Era un verdadero acuerdo patriótico para conseguir devolver a donde nunca debió haber comenzado, es decir al punto cero, el conjunto de edificaciones Aquarela en la zona de Torices.
Según expertos paisajistas incrustados en la Procuraduría, que coincidían con dizque expeditos documentos de la Unesco, el primero de los 5 edificios para vivienda de interés social que se levantarían allí, le dañaba la visual del paisaje al mito sobreviviente del Castillo de San Felipe. Como tal entonces había que tumbarlo a como diera y a lo que costara e impedir construir las otras torres.
No importaba que valiera once mil millones de pesos derribarlo. Menos que importaban los aportes de sus ahorros que por casi 12 mil millones hicieron a la Fiduciaria Alianza las 406 familias de las torres 1 y 2 para ser propietarias. Y ni siquiera preguntaron por cuál cuantía son las demandas de ellos contra el distrito de Cartagena alegando que el edificio cumplió con todas las normas y especificaciones y se construyó legalmente. Y menos por las de los propietarios de los apartamentos de las torres 3, 4, 5, que son tan jugosas, que prefieren mantenerlas como inversión judicial a futuro, en vez de reclamarlas en la Fiduciaria donde están para devolverlas con intereses.
El convenio era tumbar a como fuera y a lo que costara el Aquarela. Y como en las guerras palestinas, lo están haciendo piso por piso así se lleve por delante 11 mil millones.
